La opinología nacional ha sido puesta a prueba porque no comprende lo que está pasando. La lógica decía que cuando había descontento con el Gobierno la mayoría debía inclinarse por la Oposición, pero resulta que aquí, si el descontento con el Gobierno alcanza niveles más altos que antes, el descontento con la Oposición es todavía mayor. ¿Cómo entenderlo?
La gente que sale masivamente a las calles a protestar, y que posiblemente es una pequeña minoría, pero da la impresión de representar a una mayoría, está (siguiendo el modelo europeo, que siempre nos hemos esforzado por imitar) «indignada». ¿De qué? De todo. ¿Por qué? Por todo. ¿Qué es «todo»? «Todo» es la plata que yo quiero que me den, pero nadie me da o me dan mucho menos.
Como se supone que estos conflictos, por descabellados que sean, en las democracias se resuelven votando, la solución estaría en las próximas elecciones. Pero los «indignados» dicen que hay un sistema electoral binominal que les permite a los dos conglomerados objeto del repudio mayoritario, que forman un duopolio y que controlan el Gobierno y la Oposición, hacer lo que se les ocurra, que es distinto a lo que harían los «indignados». Lo cual, por supuesto, nadie (ni ellos mismos) sabe muy bien qué podría ser.
Entonces, las voces más lúcidas de la opinología están cayendo en la cuenta de que el problema está en el sistema electoral binominal. Y yo quiero decir que esas voces están equivocadas. Porque el problema no está en el binominalismo, sino en otra parte: en el duopolio del poder electoral que han creado las leyes de elecciones.
Puede haber sistema unimoninal, binominal, trinominal, tetranominal o ampliamente proporcional, pero si usted quiere ser hoy candidato, no puede serlo. Porque las leyes electorales las han hecho los duopolistas de la política chilena, la Alianza y la Concertación, y las han hecho de tal manera que, aunque ambas sean repudiadas por igual por casi dos tercios de los chilenos, esos dos tercios no pueden presentar candidaturas a nada y el único derecho que tienen es el «derecho a pataleo», que han ejercido reiteradamente en estos días.
La Constitución dice que en las elecciones deben recibir el mismo trato los candidatos independientes que los de los partidos políticos, que «no podrán tener privilegio alguno». Pero las leyes que rigen las elecciones han sido dictadas contrariando la Constitución, porque si usted es independiente y quiere participar en una elección representando a los «indignados», y va a inscribirse como candidato al Servicio Electoral, mi amigo Juan Ignacio García, que es todo un caballero, lo va a ir a dejar a la puerta después de decirle que no puede inscribir su candidatura, salvo que reúna miles de firmas; y que, aún cuando la inscribiera, no saldría elegido, porque no podría sumar sus votos a los de otros candidatos que pensaran como usted. En cambio, le agregaría Juan Ignacio, un partido puede inscribir candidatos sin llevar ninguna firma (seguramente agregará que eso se debe a que el partido ya tuvo, para constituirse como tal, que llevar esas firmas); le dirá que los votos de los distintos candidatos del partido se suman en el escrutinio, y no sólo con los del mismo partido, sino con todos los del pacto con otros partidos, de manera que los independientes, que sólo pueden hacer valer sus votos personales, no tienen casi ninguna posibilidad de ser electos. Por eso hay tan pocos independientes, como el senador Bianchi, que por estos días está furioso porque lo llevaron a México en el avión presidencial y éste no volvió en la fecha prevista, siendo que él tenía que trabajar, a diferencia del dueño del vuelo, que podía quedarse a ver un partido de fútbol allá en lugar de trabajar «24/7» acá.
Las leyes electorales son, entonces, inconstitucionales, porque consagran toda suerte de privilegios en favor de los partidos políticos en desmedro de los independientes indignados, pese a que la Carta lo prohíbe expresamente.
Entonces, los opinólogos intérpretes de la situación yerran cuando terminan por culpar al sistema binominal. No es éste el que tiene la culpa: lo es la legislación electoral, que establece toda suerte de privilegios para la inscripción y el escrutinio de los candidatos de los partidos. Es a ella a la que deben apuntar las críticas, no al binominalismo.
Si no hubiera un duopolio legalmente consagrado, los indignados podrían inscribir candidatos fácilmente; y, al contarse los votos, sacarían posiblemente más que los candidatos de algunos o muchos partidos y podrían ser elegidos, porque, sin privilegios, cada candidato sólo contaría con los votos que hubiera obtenido. Eso sería lo igualitario, democrático y justo.
Si los «indignados» lucharan por esos derechos, tendrían razón, pero no se han dado cuenta de que los tienen.
