Señor Director:
La semana pasada vimos a través de la prensa la polémica generada por el proceso de renovación de dos de los integrantes del Consejo para la Transparencia, que terminan su período el día 28 de octubre. Parte sustantiva de este conflicto está en la señal de pérdida de independencia y autonomía que representaría para este órgano la no renovación en sus cargos de estos consejeros por parte del ejecutivo, quienes -a juicio de todos los sectores y la opinión pública-, han realizado un destacado trabajo en defensa del interés público.
Más allá de las posibles interpretaciones que puedan haber al respecto, lo que si es cierto es que esta situación ha provocado un fuerte distanciamiento entre parlamentarios de todos los sectores y el Ejecutivo, lo que resulta preocupante toda vez que –ya expresada la voluntad del Ejecutivo en orden a no ratificar a los consejeros-, se debe generar un proceso de diálogo que permita encontrar los nombres más adecuados que pasen a ocupar esta importante responsabilidad, los que deben ser ratificados por el Senado.
El Consejo para la Transparencia es uno de los principales avances en materia de profundización democrática de los últimos años, que se ha ganado un gran prestigio a través de sus dictámenes y acciones de implementación de la ley de acceso a la información. Esto no puede ser puesto en riesgo con un proceso de selección de nuevos integrantes que, a falta de mecanismos adecuadamente participativos y transparentes, convierta a la instancia de ratificación en el Senado en un ejercicio de demostración de fuerzas entre las diversas posiciones y sectores. No nos podemos permitir que este proceso se vea envuelto en las mismas dinámicas que en su momento, retrasaron el nombramiento del Contralor General de la República.
Tenemos que cuidar lo que se ha avanzado, y el paso inicial es generar un debate participativo y transparente, abierto al escrutinio y aportes de todos los actores de la sociedad civil, que permita conocer los méritos, capacidades y conocimiento de cada uno de los postulantes a dicho cargo en la etapa de formulación de nombres por parte del ejecutivo, y que facilite en el Senado no sólo la posibilidad de participar de la audiencia respectiva, sino la de formular preguntas a todos los actores ciudadanos y la prensa. Esto no es original, ya que en su momento fue el procedimiento que, de buena fe, se siguió para la selección de los primeros integrantes del Consejo para la transparencia, y que fue garantía de legitimidad de sus miembros fundacionales.
En este ánimo constructivo, las organizaciones de la sociedad civil Participa, Ciudadano Inteligente y Pro Acceso, hicimos llegar hace unos días tanto al Ejecutivo como al Senado, un documento con propuestas de participación y transparencia en este proceso, basadas en la experiencia internacional, que esperamos sirvan de base para generar un debate con altura de miras, que permita llegar con éxito a la designación de los mejores, aquellos que –ni más ni menos-, son los que el Consejo para la Transparencia y el país necesitan.
Moisés Sánchez R.
Director Ejecutivo Fundación Pro Acceso
