El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EE.UU. —tras bastidores— de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de ello. El desafío más importante es darle sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo debe que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas.
Algo increíble está pasando en América Latina ahora mismo. Después de ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas, impuesta por el gobierno estadounidense, líderes latinoamericanos están diciendo “basta ya”. Están exigiendo alternativas políticas que puedan reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.
El nuevo Presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y ex general de ejército, tiene una credibilidad con la que otros no cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas de drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era solo una táctica para conseguir más apoyo de EE.UU. Pero ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero.
[cita]La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar —y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE.UU. hoy en día. Pero quienquiera que se encuentre en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años tiene que participar verdaderamente en este debate. Porque ya no desaparecerá.[/cita]
Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el Arzobispo Oscar Julio Vian, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Francisco Dall’Anese. Los otros presidentes centroamericanos también están dispuestos a participar en el dialogo sobre nuevas políticas de drogas en el istmo. Han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para un debate amplio acerca del sujeto.
Mientras tanto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, parece estar re-animado a empujar el debate por la iniciativa del mandatario guatemalteco. Se reunió recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena en abril.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico a EE.UU., tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global —especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo.
Calderón inició el debate cuando comentó que EE.UU. debía considerar “alternativas de mercado” si no puede reducir su demanda por drogas. Poco después se unió con todo los gobiernos de América Central, Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que establece que si no se puede disminuir la demanda por las drogas ilegales, “las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito”.
Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadounidense. Cuando el vicepresidente Biden visitó la región, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente la legalización —pero también reconoció, como hizo Obama en 2011, que es un tema legítimo para ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadounidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario.
El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EE.UU. —tras bastidores— de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de ello. El desafío más importante es darle sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo debe que ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas.
El mayor obstáculo por el momento es la resistencia de la administración Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre el tema de políticas alternativas. Pero el apoyo popular entre los estadounidenses para legalizar la marihuana está aumentando con rapidez – del 36% a favor en 2006 al 50% en 2011, según una encuesta de Gallup. Y los estados de Colorado y Washington tendrán la oportunidad de votar por la legalización de la marihuana como el alcohol en Noviembre.
La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar —y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE.UU. hoy en día. Pero quienquiera que se encuentre en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años tiene que participar verdaderamente en este debate. Porque ya no desaparecerá.
