Fernando Lugo, un ex cura, conocido como «el obispo de los pobres», y hombre ajeno a los usos y costumbres de la elite paraguaya, fue rechazado por los parlamentarios, quienes decidieron deshacerse de él, en una alianza non sancta de Colorados y Liberales en contra de la amenaza encarnada en la izquierda encabezada por él.
La cuestionable remoción del presidente paraguayo Fernando Lugo, nueve meses antes del término de su mandato, plantea interrogantes sobre el estado de la democracia en América del Sur, tanto como el golpe de Estado en Honduras lo hizo para América Central. Para un país como Paraguay, que hasta el 2008 estuvo por 61 años bajo el gobierno ininterrumpido del Partido Colorado del general Alfredo Stroessner (1954-1989), ese arquetipo del dictador latinoamericano, esto es especialmente válido.
Después de veintitantos años de transición y consolidación democrática en América Latina, ya estábamos escuchando que la democracia se había estabilizado, que el problema ya no eran los golpes de Estado, sino la calidad de la democracia y su capacidad de producir los bienes y servicios que los ciudadanos esperan. Elecciones libres, alternancia en el poder, libertades civiles y libertad de prensa eran la norma. El verdadero desafío ahora, se decía, era cómo pasar de estas «democracias de baja intensidad», a gobiernos que no aseguraran solo el respeto de los derechos políticos y civiles, sino también de los sociales y económicos. El auge económico de la última década y las políticas sociales de algunos gobiernos mostraban avances en la materia, en una región que sigue teniendo la distribución del ingreso más desigual del mundo.
Esa autocomplacencia fue prematura. Aún en los procedimientos más básicos de la democracia, esto es, el respeto a la voluntad del pueblo y al mandato que se le entrega a su máximo líder, es decir, el Presidente, la región tiene mucho por recorrer, como demuestra lo ocurrido con Manuel Zelaya en Honduras y ahora con Fernando Lugo en Paraguay. En los sistemas parlamentarios, los gobiernos van y vienen, dependiendo de las mayorías parlamentarias. Ello no puede ser así en los sistemas presidenciales. Los presidentes son elegidos por períodos fijos, que deben completar, a menos que suceda algo extraordinario y/o que él o ella cometan flagrantes violaciones constitucionales.
[cita]Fernando Lugo, un ex cura, conocido como «el obispo de los pobres», y hombre ajeno a los usos y costumbres de la elite paraguaya, fue rechazado por los parlamentarios, quienes decidieron deshacerse de él, en una alianza non sancta de Colorados y Liberales en contra de la amenaza encarnada en la izquierda encabezada por él.[/cita]
Se ha sostenido que lo de Paraguay no podría ser llamado un «golpe parlamentario», porque hubo grandes mayorías en contra del Presidente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, la Constitución de Paraguay está mal redactada. Permite la acusación constitucional contra el Presidente por mal desempeño, lo que significa lo que cualquier mayoría ocasional quiere que signifique. Sin embargo, el enjuiciamiento de un jefe de Estado no es algo menor, ni puede ser realizado con liviandad.
Si hay algo que significa el estado de derecho es respeto a los procedimientos y al debido proceso. La noción de que a un presidente se le den sólo 24 horas para preparar su defensa y apenas dos para presentarla, como lo hizo el Senado de Paraguay cuando Fernando Lugo había pedido dos semanas para hacerlo, es insólita. Sin embargo, eso es lo que pasó. Cuando se le preguntó por qué la prisa, Federico Franco, vicepresidente del Presidente Lugo y ahora su sucesor, dijo que era «para evitar una guerra civil». Si uno cree eso, cree cualquier cosa. Paraguay no está más cerca de una guerra civil que Suiza. Es el segundo país más pobre de América del Sur, muy conservador, con muchos problemas, pero ciertamente no al borde de la guerra civil.
Leer los artículos de la acusación contra el presidente Lugo es leer una lista de situaciones administrativas rutinarias, como las que enfrenta cualquier gobierno a diario. El detonante que llevó a la destitución fue un enfrentamiento entre la policía y unos campesinos en una ocupación de terrenos en Curuguaty. Once campesinos y seis policías fallecieron en el enfrentamiento. El presidente, sustituyó al ministro del Interior y al jefe de la policía. Nada sorprendente. Sin embargo, unos días más tarde, el jefe de Estado fue destituído como resultado del “golpeachment”, como fue llamado en Brasil.
Fernando Lugo, un ex cura, conocido como «el obispo de los pobres», y hombre ajeno a los usos y costumbres de la elite paraguaya, fue rechazado por los parlamentarios, quienes decidieron deshacerse de él, en una alianza non sancta de Colorados y Liberales en contra de la amenaza encarnada en la izquierda encabezada por Lugo. Este ex cura, de barba y traje de Mao, partidario de la teología de liberación, y alternativo por excelencia, no era de su tipo, al margen de lo expresado por la voluntad popular. Una izquierda movilizada y con acceso a los recursos gubernamentales era vista como un peligro para el duopolio que Colorados y Liberales habían ejercido hasta ahora sobre el sistema político Y esto nos lleva a la razón alegada para esta cuestionable destitución, es decir, el supuesto «mal desempeño».
Además de la legitimidad de origen —es decir, de ser elegido en elecciones libres y justas— la legitimidad en el desempeño de las funciones de gobierno ha pasado a primer plano en la región. Dados los altibajos de las economías de América Latina, dependientes en gran medida del ciclo económico internacional, las crisis económicas y sociales han llevado al fin prematuro de gobiernos que no pueden hacerle frente. De 1995 a 2005, el Ecuador pasó por siete u ocho presidentes, al igual que Bolivia. Argentina tuvo tres presidentes en una semana en el 2000-2001.
¿Cómo le fue en Paraguay al presidente Lugo? Iba, acaso, el país rumbo al despeñadero?
La verdad es que no; todo lo contrario. Aunque golpeado, como todos los demás, por la Gran Recesión de 2008-2009, en el 2010, la economía paraguaya creció un 14,5 por ciento, una de las tasas más altas del mundo, comparable a las de Singapur o de algunos de los Emiratos del Golfo y las más alta en Paraguay en 30 años. El país creció al 6 por ciento en 2011, y las perspectivas también son optimistas para este año. En otras palabras, el país está en un auge sin precedentes. Esto se debe sobre todo a la soya, de la cual el Paraguay se ha convertido en el cuarto mayor productor del mundo, con 8,4 millones de toneladas en 2011, y unos 1,5 mil millones de dólares en exportaciones, en gran parte a China. El presidente Lugo, consciente de la importancia del mercado indio para la soya, había visitado la India en mayo. Se dice que la soya se ha vuelto tan importante que ha reemplazado al contrabando como la principal actividad económica del país.
Si hay algo que no se puede decir de Lugo es que manejó mal la economía. Si acaso, fue demasiado prudente en responder a las demandas sociales, y demasiado complaciente con los grandes intereses. A pesar de que había prometido una reforma agraria, y sus índices de aprobación llegaron al 84 por ciento en los primeros días de su gobierno (en comparación con el 17 por ciento de su predecesor saliente) no pudo avanzar en ella, algo no sorprendente en un país tan conservador como el suyo.
El resto de los gobiernos de la región, que trataron de evitar la crisis, están conscientes de sus implicaciones. Muchos han retirado a sus embajadores de Asunción. MERCOSUR ha suspendido a Paraguay, de acuerdo a la cláusula democrática. Desde Asunción, Federico Franco respondió que Paraguay podría renunciar para siempre al Mercosur y a Unasur, y firmar un TLC con los Estados Unidos.
Esto plantea una interrogante. Deberían los Estados Unidos, ese supuesto campeón de la democracia en el mundo, dar la bienvenida y firmar acuerdos de libre comercio con países que se ven obligados a abandonar esquemas de integración regional por la violación de la cláusula democrática? La ecuanimidad con que el Departamento de Estado reaccionó ante el golpe blando en Paraguay («Instamos a todos los paraguayos a actuar pacíficamente, con calma y responsabilidad, en el espíritu de los principios democráticos de Paraguay» (sic)) pareciera indicar que, después de legitimar el golpe de Estado en Honduras, y aceptar sin chistar el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay, la defensa de la democracia y del imperio de la ley en las Américas no son gran prioridad en el Washington de nuestros días.
Las declaraciones de Roberta Jacobson, Secretaria Auxiliar para Asuntos del Hemisferio Occidental, y principal encargada diplomática de los EE.UU para la región, diciendo “veo a Paraguay como una forma de unir a la región, para apoyar a la democracia paraguaya, no como un tema para exacerbar las divisiones”, son particularmente enigmáticas. Deberían acaso las Américas unirse ahora en torno a un nuevo principio, el de la falta de respeto al debido proceso y al estado de derecho?
