Opinión
En defensa del ministro Beyer
Las actuales autoridades fueron mandatadas por una mayoría ciudadana para dirigir nuestra democracia por un lapso de cuatro años, con un programa con vocación de libertades, de Estado subsidiario y de Derecho y, por lo tanto, plural y tolerante. Sus técnicos y especialistas, por consiguiente, actúan en consonancia con esos principios. Nada hay de saber brujo en aquello, ni menos “desciudadanización” de la deliberación.
La interesante columna de Francisco Figueroa y Carlos Ruiz, de la Fundación Nodo XXI, “Beyer y el Otro Autoritarismo” apunta a otra de las tantas contradicciones de poder que surgen en las sociedades libres: democracia vs tecnocracia, o como ellos mismos dicen “en su conducta tecnócrata (la del ministro Beyer) hay otro autoritarismo, otra contradicción con la deliberación y participación de las mayorías”. Y aclaran “con su fría estampa “apolítica”, su arrogante tono de saber incontestable —una brujería superior, al decir de Gramsci—(…) el discurso tecnocrático naturaliza opciones políticas y económicas, invisibiliza los intereses sociales que están tras ellas y sustrae tales decisiones de la política abierta. La reduce a una suerte de gestión para entendidos y con ello “desciudadaniza”, produce un ciudadano espectador, contemplativo de un saber pretendidamente superior y excluyente”.
Surge aquí, nuevamente, la hipótesis de que la causa base de la crisis educacional chilena sería el tema de la estructura de poder que sostiene el actual orden y que, para los autores, se reproduce en el subsistema universitario, avalado, esta vez, ya no en el autoritarismo del “poder de coerción o punitivo” (de las armas), sino en su forma de “poder experto”, cuya función sería —como toda tecnocracia— justificar el actual estado de cosas con un conjunto de “razones” que permitan su intangibilidad.
Inspirada la columna en el hecho que el ministro Beyer no ha respondido al informe emanado de la comisión parlamentaria sobre el lucro en la educación superior, los autores aventuran que “lo que aflora con el enojo del ministro es una contenida incomodidad tecnocrática con la democracia, con sus impertinentes procedimientos carentes de “racionalidad”, y luego nos recuerdan que “la democracia instala la voluntad popular como principio rector del orden. No avala ninguna autoridad como portadora exclusiva de la verdad (…)” o “(una) pretendida autonomía de la racionalidad instrumental (por) sobre la sociedad”.
[cita]El ministro Beyer ha expuesto soluciones técnicas fundadas en hechos y números que describen un cierto escenario, sustentado en los axiomas que propugna el actual gobierno, razón por la que una crítica o rechazo a la educación privada o mixta, así como a la justa ganancia (lucro) por ofrecer esos servicios —que gracias al avance de la democracia constituyen hoy derechos— no está ni puede estar en su discurso.[/cita]
Y si bien se podría estar de acuerdo respecto de las inconveniencias de un poder desmesurado de técnicos y especialistas en la definición del futuro social, dado el impacto que cualquier poder omnímodo tiene sobre las libertades, la idea subyacente de que emergería la “verdad” desde la voluntad popular —como principio rector del orden democrático—, por el simple hecho de ser coyunturalmente mayoritaria, es tan peligrosa como la de la exageración del poder experto en la toma de decisiones que Figueroa y Ruiz critican no sin razón.
Hace un par de siglos, Alexis de Tocqueville en su obra “Democracia en América” ya nos alertaba sobre el peligro de la “dictadura de las mayorías”, del despotismo “suave”, popular, de la subordinación de los más capaces a los prejuicios de los ignorantes, con la consecuente ausencia de libertad intelectual. Galileo Galilei fue una víctima de aquello. Tal lógica volteriana de la “verdad” como fenómeno de mayorías conduce inevitablemente al totalitarismo.
Y es que los caminos de la técnica —más que de los de la ciencia— suelen responder a previas decisiones políticas y sociales y su aporte práctico está enmarcado habitualmente por la ontología y/o la ética de las relaciones sociales que se establecen en un determinado orden nacional. La pura “razón” —sin fundamento moral— pueden llevar a la locura y para demostrar aquello, baste revisar la historia política del siglo XX (y parte de la del XXI) y constatar el sufrimiento de millones de seres humanos desplazados y esclavizados por la “razón de Estado”.
Apuntar, pues, al tema del poder (experto, de coerción o de recompensa) como clave de la polémica para una mejor educación en Chile, no resuelve el problema, sino sólo el medio que posibilitaría eventuales nuevas soluciones, pero que, iterativamente, tendrían que ser evaluadas y desarrolladas con imaginación y creatividad por otros especialistas y técnicos que maximizaran recursos escasos destinados al objetivo educacional propuesto políticamente por la sociedad. La enorme expansión del conocimiento, la ciencia y la técnica, es lo que explica hoy las diferencias de poder entre los diversos Estados y naciones y es esta característica lo que otorga a la educación el evidente valor político que ha alcanzado.
Pero la democracia, ese imperfecto modo que hemos elegido para gobernarnos, más que un modelo de toma de decisiones adoptadas por mayorías —que también lo es—, constituye la más útil formulación humana de un orden social que, con división de poderes, rige las relaciones entre las personas con el propósito de evitar la violencia propia del enfrentamiento de voluntades, consagrando en su esencia un sistema de resolución pacífica de controversias, las que, por lo demás, son consustanciales a una sociedad de hombres libres y con intereses diversos. Pero para que ello ocurra, es indispensable que la democracia valore y cuide la tolerancia con los diversos modos de vida que, dentro de la ley, puedan cultivar libremente otros, circunstancialmente minoritarios.
Las actuales autoridades fueron mandatadas por una mayoría ciudadana para dirigir nuestra democracia por un lapso de cuatro años, con un programa con vocación de libertades, de Estado subsidiario y de Derecho y, por lo tanto, plural y tolerante. Sus técnicos y especialistas, por consiguiente, actúan en consonancia con esos principios. Nada hay de saber brujo en aquello, ni menos “desciudadanización” de la deliberación, sentencia que importa cierto desprecio por las decisiones políticas adoptadas por la ciudadanía y por su saber y capacidad para entender las soluciones propuestas. Y si de un simple problema de poder se tratara, la democracia y la libertad ofrecen, además, amplias posibilidades para impetrar el propio. Los movimientos estudiantiles del 2011 son una prueba de ello y los cambios que impulsaron, otra.
Es decir, el ministro Beyer ha expuesto soluciones técnicas fundadas en hechos y números que describen un cierto escenario, sustentado en los axiomas que propugna el actual gobierno, razón por la que una crítica o rechazo a la educación privada o mixta, así como a la justa ganancia (lucro) por ofrecer esos servicios —que gracias al avance de la democracia constituyen hoy derechos— no está ni puede estar en su discurso. Su relato técnico brota desde la libertad y tolerancia con los más plurales modos de organizar la educación en Chile, buscando más que un Estado docente, una Sociedad docente. Las distintas estrategias puestas en marcha por ciudadanos libres de emprender en todos los planos, incluida la educación, apuntan por necesidad —a través del estímulo de la ganancia— a que tal derecho llegue a todos, mientras que, desde el Estado subsidiario, que ésta sea accesible y de calidad igualitaria. De allí los cambios adoptados para el sistema de crédito universitario, el aumento del financiamiento de colegios municipalizados y municipales subvencionados, los colegios de excelencia, las mejoras en la regulación y súper vigilancia en el uso de los recursos fiscales en colegios y universidades y sobre los currículos que una educación plural permite.
Las salidas a la actual crisis de la educación son, pues, múltiples, y dependen sólo de las decisiones sociales, económicas y políticas que, operadas desde la propia ciudadanía, como desde el Estado, amplíen la libertad, en vez de restringirla. La calidad dependerá, como en todo, de la presencia de ciudadanos visibles, activos y conscientes políticamente de sus derechos a exigir excelencia y de sus deberes de retribuir con lo mejor de sí mismos. Así, la sociedad de libertades posibilita el progreso conjunto, en un marco normativo y ético que no deprima la creatividad y la innovación y que desestimule —mediante atento control social— las bajas pulsiones que aún subsisten entre nosotros y que, tantas veces transforman la libertad en libertinaje, corroyendo las bases mismas de la libertad en la búsqueda de una esquiva igualdad.
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