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Sobre conflictos de interés y otros demonios

por 31 julio, 2012

El que nada hace nada teme. Una persona que aspira a detentar un cargo público debe tener presente que estará sujeto a observar deberes de probidad y que vivirá sujeto al escrutinio público. Ofrecer voluntariamente información sensible que pueda evitar la existencia de conflictos de intereses durante el ejercicio de un cargo público reforzaría la credibilidad de los candidatos y, más importante, fortalecería nuestro sistema democrático.
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Los conflictos de intereses son uno de los cánceres más perjudiciales para los sistemas democráticos y sus instituciones. Estos conflictos provocan serios perjuicios a la sociedad, enriquecen y favorecen a algunos en forma ilícita (o al menos reprochable), debilitan la legítima aspiración a la meritocracia y desilusionan e irritan a la ciudadanía. No es difícil determinar qué es un conflicto de interés, aun cuando su definición podría variar en casos particulares. De hecho, y sin necesidad de una definición, todo el que está en una situación determinada sabe si puede sacar una ventaja no disponible para el resto.

En todo caso, el destacado profesor José Zalaquett define los conflictos de interés como “la existencia de situaciones de riesgo efectivo para los intereses públicos o los intereses de un determinado colectivo que afecta a una persona (empleado público o agente privado) que se encuentra sometida al deber de velar por tales intereses, y mantiene, a la vez, cargos, intereses o relaciones de carácter privados (excepcionalmente también de carácter público) que generan el incentivo de favorecer estos intereses en desmedro o por encima de aquellos”. De esta forma, tenemos que los conflictos de interés no son exclusivos del sector público, sino que también existen en el sector privado aun cuando no esté interactuando con el sector público (por ejemplo, así puede suceder en las industrias farmacéutica, financiera y otras). Además, podemos agregar que, la mayoría de los conflictos de interés también se caracterizan porque existen asimetrías de información.

El que nada hace nada teme. Una persona que aspira a detentar un cargo público debe tener presente que estará sujeto a observar deberes de probidad y que vivirá sujeto al escrutinio público. Ofrecer voluntariamente información sensible que pueda evitar la existencia de conflictos de intereses durante el ejercicio de un cargo público reforzaría la credibilidad de los candidatos y, más importante, fortalecería nuestro sistema democrático.

Pero los conflictos de interés no requieren, necesariamente, sacar una ventaja injusta, pues basta la sola posibilidad de que ello pueda suceder. Esto nos recuerda la vieja imposición que en Roma se le hacía a la mujer del César: serlo y parecerlo. En el caso del sector público, un ejemplo útil es el de un funcionario que, participando en la evaluación de una licitación, no se excusa de participar si uno de los proponentes ha tenido relaciones comerciales previas con el funcionario, aun cuando hayan cesado al momento de la evaluación. Es decir, el conflicto de interés no cesa aún cuando la relación comercial no exista al momento de la evaluación. Los conflictos de interés corresponden a hechos objetivos que no tienen vigencia temporal.

En nuestro país, y más allá de definiciones legales aisladas (sobre todo, las que dicen relación con incompatibilidades para ejercer cargos públicos) y de los tratados internacionales suscritos por Chile, el tema no ha sido abordado de manera satisfactoria, ni se ha analizado la gravedad de sus perjudiciales efectos.

Pero como la generosidad de los políticos y candidatos en materia de transparencia no es la tónica, ¿es posible implementar medidas que garanticen una real prueba de la blancura? ¿Cómo evitar que nos pasen gatos por liebres?

No sería mala idea que los políticos y candidatos deban efectuar una declaración de intereses exhaustiva y fácil de entender, y que transparenten su patrimonio de forma real y verdadera. También es necesario que den cuenta de los intereses comerciales que puedan tener y de las fuentes de financiamiento de sus campañas. Pero como nada de esto será posible antes de las próximas elecciones municipales, parlamentarias ni presidenciales, bueno sería, incluso para ellos, que los candidatos lo hicieran en forma voluntaria.

En efecto, hay una demanda ciudadana para que los políticos vayan más allá de las exigencias legales. En presencia de un padrón electoral incierto y dudas en relación al número de votantes que ejercerá su derecho de sufragio, los candidatos más hábiles debieran utilizar la transparencia como uno de los pilares centrales de sus propuestas.

El que nada hace nada teme. Una persona que aspira a detentar un cargo público debe tener presente que estará sujeto a observar deberes de probidad y que vivirá sujeto al escrutinio público. Ofrecer voluntariamente información sensible que pueda evitar la existencia de conflictos de intereses durante el ejercicio de un cargo público reforzaría la credibilidad de los candidatos y, más importante, fortalecería nuestro sistema democrático.

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