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Asamblea Constituyente, representación y crisis institucional

Gonzalo de la Maza
Por : Gonzalo de la Maza Sociólogo de la Universidad de Los Lagos, director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas
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Poner el horizonte la Asamblea Constituyente es clave, puesto que la institucionalidad actual debe ser reformada en aspectos sustantivos. Sugiero mirar sobre todo las Leyes Orgánicas Constitucionales, esos 17 cuerpos legales que nadie negoció durante la transición y que encarnan la herencia más querida de la dictadura. Y no hay que irse a Suiza a buscar referentes, basta llegar hasta Colombia en 1991.


Daniel Flores entra el ruedo en El Mostrador con una buena provocación: “La gente no está cansada del circo (político) sino de los payasos (partidos)”. Afirma que la crisis no está en las instituciones, tanto políticas como económicas, sino en los representantes: los señores políticos. Propone una interesante secuencia para salir de ella: fin del binominal, con la consecuencia del surgimiento de nuevos representantes, lo que haría posible la Asamblea Constituyente que se requiere. El artículo replica, por adelantado, las opiniones de Escalona, Jorge Correa, Genaro Arriagada, Patricio Navia y otros, que descartan de plano esta propuesta constituyente, por impracticable en las actuales circunstancias.  Cuando un dirigente político dice que no es posible, está diciendo que no quiere hacerlo. Bien por esa precisión de Flores. Sin embargo, en la argumentación desliza afirmaciones sin exponer su fundamento.

Por una parte, las encuestas no dicen que “la gente” está de acuerdo con las instituciones y su funcionamiento y que el problema se reduce a los parlamentarios (las encuestas nunca describen a la gente, sólo a opiniones de mayorías o minorías, esas son licencias de columnista). Hace tiempo ya que se visualizan tendencias crecientes a la desconfianza en la mayor parte de las instituciones democráticas, así como también en las empresas de servicios, las multitiendas y otros. Es cierto que los partidos y el Congreso ocupan los últimos lugares, pero muchas otras instituciones no salen tampoco muy bien paradas.

[cita]Poner el horizonte la Asamblea Constituyente es clave, puesto que la institucionalidad actual debe ser reformada en aspectos sustantivos. Sugiero mirar sobre todo las Leyes Orgánicas Constitucionales, esos 17 cuerpos legales que nadie negoció durante la transición y que encarnan la herencia más querida de la dictadura. Y no hay que irse a Suiza a buscar referentes, basta llegar hasta Colombia en 1991.[/cita]

En el Barómetro Regional que aplicamos el año pasado en regiones del sur, la confianza mayoritaria sólo la conquistaban las universidades (en Los Ríos), los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Así, ni representantes ni instituciones concitan hoy el respaldo popular. ¿La culpa la tiene la falta de representatividad? Es muy probable y eso se ataca poniendo fin al binominal. Buen punto, aunque no suficiente. También hay que modificar el financiamiento de los partidos y la regulación de las donaciones, rediseñar los distritos electorales fijando un sistema automático para actualizarlo con cada censo de población, cambiar el sistema de reemplazo de parlamentarios, entre otras medidas.

Y en relación a la economía, el “mercado” y la ideología del “esfuerzo individual” para salir adelante, la verdad es que la sociedad chilena está profundamente dividida. Por ejemplo el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2012 muestra que existe una buena mitad de los chilenos y chilenas que está conforme con la sociedad en que vive. La mayoría de ellos está insatisfecho con su propia vida, pero aún así piensa que depende de ellos mejorar su situación. La otra mitad piensa justo lo contrario, pues considera que la sociedad está patas para arriba y que urgen las reformas que no se han hecho. Curiosamente la mayoría de esas personas están satisfechas con su vida y sin embargo igualmente considera que se requieren cambios. Esta mitad es la que protesta, donde se juntan los desencantados con los desesperados. Son además los que movilizan esta discusión. Los otros, satisfechos o aspiracionales, hace tiempo que están instalados en el escenario político y mediático. El asunto es que ahora se sabe que no son la totalidad y si se rasca un poco tampoco son la mayoría.

Pero hay más. La opinión ciudadana expresada en encuestas no es el único elemento para juzgar si una institucionalidad está “sana”, eso sería sobrevalorar un instrumento de medición. Los abusos de La Polar existieron mucho antes que estallara el escándalo del fraude de sus ejecutivos. La opinión crítica de las personas surgió después de las denuncias públicas y los juicios. Seguramente antes de ello la conformidad con las multitiendas y los sistemas de crédito era mucho mayor que ahora y los críticos eran minoría. ¿Es que La Polar estaba más “sana”? ¿O es que ahora la opinión pública está más informada y desconfiada del poder de los gobiernos corporativos y las empresas relacionadas?

Claro que en el plano de la opinión ciudadana actual no tenemos un cuadro de “desplome del modelo” como aventura Alberto Mayol, ni menos todavía la “situación  prerrevolucionaria” que profetiza Gabriel Salazar, abandonando la historiografía que tan bien practica. Lo que tenemos de nuevo es una parte importante de la sociedad movilizada, sobre la base de asuntos que casi todo el mundo comparte: la educación pública como factor de movilidad social y construcción de ciudadanía, la defensa del medioambiente a pesar que perjudique a las empresas (ojo: sobre un 80% de acuerdo entre adherentes a Tohá y a Zalaquett en Santiago, según El Mercurio 2.09.12), la necesidad de regulaciones frente a los abusos, que esos mismos casi todos saben que son pan de cada día.

Lo otro nuevo es que esa movilización no cuenta con una conducción política, ni siquiera con una orientación política, en el sentido de construcción de una respuesta, más reformista o más revolucionaria, más gradualista o más radical, que permita augurar transformaciones efectivas —sobre la base de lo ganado, como dice Flores— a breve plazo. Y si tenemos vendedores de ilusiones y de futuras frustraciones, claro que eso no es nuevo. Son por una parte los que apuestan a la vuelta de Bachelet sin construir una nueva mayoría social y política. Y, por cierto, los que prometen el cielo de la autogestión y el reino de la “autorrepresentación de la sociedad civil”, como si con eso reemplazaran el nuevo proyecto que debe contar con fuerzas políticas que lo avalen y lo impongan.

Por último, poner el horizonte la Asamblea Constituyente es clave, puesto que la institucionalidad actual debe ser reformada en aspectos sustantivos. Sugiero mirar sobre todo las Leyes Orgánicas Constitucionales, esos 17 cuerpos legales que nadie negoció durante la transición y que encarnan la herencia más querida de la dictadura. Y no hay que irse a Suiza a buscar referentes, basta llegar hasta Colombia en 1991. Una Constitución que surgió de una Constituyente, después de decenios de pacto de gobernabilidad entre los dos partidos tradicionales llamado el Frente Nacional. Un pacto aún más perfecto que el chileno, pues suponía alternancia en el poder, no había para que pelearse. El pacto, que había tenido un origen noble —dejar atrás la violencia— se había vuelto ilegítimo y no representativo. ¿Le suena?  Como dice Zizek, había quedado como el coyote cuando persigue al correcaminos y se le acaba la carretera. No se da cuenta que está pataleando en el aire hasta que mira para abajo y percibe el vacío. En Colombia, aunque “las instituciones funcionaban” —igual que en Chile—, ya estaban pataleando en el aire. La presión ciudadana y la voluntad política que de ella derivó lograron el cambio. Aquí también debe ocurrir así. Bien por Daniel Flores que avanza en una estrategia para pensar en lo que debemos pensar.  Vamos que se puede.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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