Escuelas Protegidas avanza en la Cámara con votos FA, PC y PDG en contra: sigue debate por gratuidad

El proyecto “Escuelas Protegidas” dio su primer paso en la Sala de la Cámara y logró avanzar en general con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, tras una jornada que mezcló respaldo transversal con un debate áspero y varias fisuras políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición.

La iniciativa del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que ahora pasa al Senado, busca endurecer las reglas dentro de los establecimientos educacionales con medidas como revisión de mochilas bajo protocolos, sanciones por interrupción de clases, nuevas facultades disciplinarias para docentes y restricciones a vestimentas o accesorios que impidan identificar a estudiantes.

También incorpora un punto sensible: impedir por cinco años el acceso a gratuidad en educación superior a quienes sean condenados por delitos graves contra personas o infraestructura.

Ese eje fue el que concentró buena parte de la tensión política. En el debate, hubo quienes defendieron la propuesta como una señal de orden y protección para las comunidades educativas, mientras otros la acusaron de trasladar la crisis escolar a un enfoque punitivo, con impacto directo en derechos y oportunidades de reinserción.

Dentro de las votaciones más discutidas, la Sala también aprobó una indicación que suaviza uno de los puntos más sensibles de la revisión de mochilas: en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, el procedimiento deberá realizarse con acompañamiento de personal del programa de integración escolar o convivencia, para evitar efectos de persecución o falta de contención.

Votación

En el desglose político, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el PDG votaron mayoritariamente en contra, aunque con excepciones puntuales. En el PDG, el diputado Javier Olivares y su par, Cristian Contreras —Dr. File— se desmarcaron y respaldaron la iniciativa. En el PS, en tanto, se registraron abstenciones relevantes —Raúl Leiva, Daniel Manouchehri y Nelson Venegas—, reflejando que el tema también abrió dudas dentro de la centroizquierda.

Cabe mencionar que la bancada del PDG anunció que votaría en contra de la iniciativa, argumentando que el texto no entrega garantías suficientes para resguardar a los docentes y asistentes de la educación, y que además no recogió las propuestas presentadas durante su tramitación.

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Desde la vereda favorable, se instaló el argumento de que el proyecto responde a una urgencia concreta: el aumento de hechos de violencia escolar y la necesidad de devolver autoridad a docentes y equipos directivos. En esa línea, se defendió incluso la restricción a la gratuidad como una medida de “responsabilidad” frente a conductas graves.

Del otro lado, las críticas apuntaron a la falta de financiamiento, al rol que se le asigna a los establecimientos y a lo que algunos calificaron como una mirada “policial” del problema. También se advirtieron eventuales problemas de constitucionalidad, especialmente por el efecto que tendría la pérdida de beneficios educacionales sobre estudiantes de menores recursos.

“Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC. No son parte de un elemento disuasivo, como le gusta decir a la derecha, sino que nosotros vamos a ocupar estos requerimientos y estas reservas de constitucionalidad para formular también en conjunto con la oposición y también a quienes se sumen y tengan también serias dudas con este proyecto, a que se hagan parte de esto en el Tribunal Constitucional”, comentó la diputada Daniela Serrano (PC).

En el oficialismo también hubo matices. Mientras algunos parlamentarios endurecieron el discurso contra la violencia escolar, otros advirtieron que no es lo mismo sancionar a estudiantes en etapa formativa que aplicar inhabilidades que se proyectan en la educación superior.

El diputado UDI Sergio Bobadilla sostuvo que “no más gratuidad para los que destruyen la educación en nuestro país. Que estos delincuentes trabajen”.

En contraste, la diputada RN Ximena Ossandón advirtió que “no es lo mismo una persona que comete un delito siendo escolar en una etapa formativa, que alguien que ya se encuentra en la educación superior”, cuestionando aplicar esa sanción a estudiantes de colegios.

La ministra Maria Paz Arzola es abrazada por el diputado Sergio Bobadilla posterior a la votación.

Otro de los puntos que generó controversia fue la posibilidad de expulsar y dejar sin matrícula a estudiantes que provoquen interrupciones graves en el funcionamiento de los establecimientos.

Desde la oposición, el diputado PS César Valenzuela criticó que la redacción del proyecto permitiría sancionar incluso a quienes participen en movilizaciones. “El Gobierno se está aprovechando de la crisis de violencia para amedrentar todo indicio de movilización estudiantil”, afirmó.

En tanto, el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) defendió la iniciativa señalando que existen grupos que buscan “generar caos y violencia” dentro de las comunidades educativas.

Ante las críticas, la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que el Ejecutivo está disponible a introducir precisiones. “No tenemos dobles intenciones. Lo que se ha presentado es lo que se ha dicho”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el Gobierno evaluará acoger propuestas para limitar la inhabilitación de gratuidad únicamente a delitos cometidos dentro de establecimientos educacionales o en sus inmediaciones.

Con la votación ya despachada, “Escuelas Protegidas” queda ahora en manos del Senado, donde volverá a abrirse una discusión que, a la luz del debate en la Cámara, promete seguir cruzada por seguridad, derechos educacionales y el alcance real de las sanciones en el sistema escolar.

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