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Bases para un diálogo en La Araucanía

por 17 enero, 2013

Todo esto trae consigo una consecuencia inevitable por la parte indígena: la imagen de que la política estatal es una farsa, una permanente trampa donde, por un lado, se hacen rimbombantes declaraciones de principios y de derechos y, por otro, no se quiere revisar un centímetro el modelo político y económico chileno, acompañado todo aquello con una fuerte dosis de represión que excede permanentemente el Estado de Derecho.
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A raíz de la horrible muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en Vilcún, se ha originado un debate sobre la forma abordar los brotes de violencia y la convivencia con el pueblo mapuche en el sur de Chile

Para una deliberación fructífera en este sentido es necesario tener a la vista los antecedentes que dieron origen al conflicto, por un lado, la respuesta que ha dado el Estado al mismo, por otro, y la probable imagen que se han formado los mapucheS como resultado de la conjugación de estos elementos.

Respecto de los antecedentes históricos, es sabido que el pueblo mapuche gozó de autonomía territorial del Bío Bío al sur hasta finales del siglo XIX, habiéndosele reconocido ese límite tanto por la Corona Española como por la Republica de Chile. Sólo la decisión política de incorporar los territorios mapuche a la economía nacional chilena y la superioridad militar hizo que esa situación cambiara y en definitiva se terminaran invadiendo los territorios mapuche. Los indígenas fueron reducidos a ínfimos espacios de tierra, desconociéndoles la mayor parte de su territorio, y tuvieron que adaptarse a una explotación intensiva de la tierra y a asumir una forma de vida completamente diferente a la que antaño llevaban. El resto de la superficie fue entregada bajo diversas modalidades a colonos chilenos y extranjeros, quienes, éstos últimos, probablemente pensaban que las tierras que adquirían se encontraban deshabitadas.

Todo esto trae consigo una consecuencia inevitable por la parte indígena: la imagen de que la política estatal es una farsa, una permanente trampa donde por un lado se hacen rimbombantes declaraciones de principios y de derechos, y por otro no se quiere revisar un centímetro el modelo político y económico chileno, acompañado todo aquello con una fuerte dosis de represión que excede permanentemente el Estado de Derecho.

Durante el siglo XX la superficie de las tierras reconocidas a los indígenas fueron disminuyendo y al mismo tiempo la población mapuche aumentando, por lo que se hizo imposible llevar una vida digna en su interior. El proceso de reforma agraria representó una esperanza en una devolución al menos parcial de las tierras mapuche, pero la dictadura militar se encargó de abortar el proceso y destinar las tierras a la explotación agroindustrial.

Una vez recuperada la democracia, la respuesta que ha dado el Estado de Chile a los reclamos indígenas ha sido equívoca. Y digo equívoca porque permanentemente ha estado signada por una contradicción estructural. Los sucesivos gobiernos se han limitado a “administrar” el tema: han entregado tierras, han dado cierto apoyo para la explotación de ellas, pero no han querido asumir los cambios institucionales que actualmente exige un país que en su interior alberga pueblos indígenas con particularidades que los distinguen del resto de la población. Hagamos un repaso para ilustrar este punto.

Durante el gobierno de Patricio Aylwin se dictó la Ley Indígena, la cual dispone de un mecanismo para comprar tierras indígenas pero que no provee de una fórmula que permita expropiar tierras tradicionales para su restitución a las comunidades. En el gobierno de Frei derechamente se torció la referida ley y se intervino al único órgano estatal que incorporaba algún grado de representación indígena para hacer posible la implementación del Proyecto Hidroeléctrico Ralco. Durante el gobierno de Lagos, por su parte,  en paralelo a aplicar la Ley Antiterrorista en contra de indígenas imputados por delitos comunes, se llamó a una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato para establecer las bases de una nueva convivencia con los pueblos indígenas cuyas conclusiones fueron olvidadas tan pronto como salieron a la luz. En el gobierno de Michelle Bachelet junto con la ratificación del Convenio 169 de la OIT de modo casi inmediato se quiso limitar sus alcances mediante el expediente administrativo (decreto 124 de MIDEPLAN). Por último, en el actual gobierno de Piñera las promesas de establecimiento de una institucionalidad indígena consensuadas han quedado sepultadas bajo una marea de ineptitudes, vacilaciones, autoritarismos y falta de voluntad política.

Todo esto trae consigo una consecuencia inevitable por la parte indígena: la imagen de que la política estatal es una farsa, una permanente trampa donde por un lado se hacen rimbombantes declaraciones de principios y de derechos, y por otro no se quiere revisar un centímetro el modelo político y económico chileno, acompañado todo aquello con una fuerte dosis de represión que excede permanentemente el Estado de Derecho.

Es así, así ha sido a esta ahora, y probablemente lo siga siendo a menos que las partes se tomen en serio el diálogo a que se ha estado llamando. Si se quiere efectivamente avanzar en una convivencia pacífica lo primero que tiene que hacerse es restablecer (o crear) las confianzas necesarias. Por ello, el principio de buena fe es la clave para cualquier diálogo que se pretenda iniciar.

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