Opinión
Las reformas que demanda la mayoría de la población no pueden hacerse con el consenso de quienes hacen negocio con la educación, la salud y la previsión. El pacto de la transición está agotado y los cambios que se ofrecen serán solo promesas sino se reconoce esta situación.
Los grandes acontecimientos históricos generan múltiples interpretaciones. Cada una de esas interpretaciones representa una visión del mundo, un enfoque teórico y busca, en general, llevar agua al molino de sus autores. Es el caso del movimiento estudiantil del 2011 y de los otros movimientos sociales que hicieran temblar los consensos supuestamente existentes en torno al lucro en la educación y el rol del sector privado en el sistema de pensiones y la salud.
La primera reacción/interpretación vino de los grupos vinculados al actual gobierno y a la coalición que lo sustenta que entendió la rebelión estudiantil como resultado de una operación de la ultraizquierda y cuya crítica no reflejaba el sentir general de la población estudiantil que, más bien, a su juicio, valoraba la ampliación de la cobertura de la educación superior. Desde este punto de vista, para terminar con el movimiento se necesita un gobierno con convicciones más fuertes, abordar los problemas de la calidad de la educación y buscar formas de alivianar la carga que la educación superior representa para el 60 % más vulnerable. La baja preferencia que muestra el electorado por las dos candidaturas de la derecha, es un indicio de lo equivocado de esta postura.
[cita]Se requiere en este sentido hacer converger los sectores populares, que han sido favorecidos en su esfuerzo por abandonar la pobreza por la política social focalizada pero que al lograrlo quedan expuestos a la mercantilización de la política social en que el poder adquisitivo determina la calidad de la educación, la salud y la previsión con los amplios sectores medios que sufren desde hace tiempo, la inexistencia de políticas universales en estos campos.[/cita]
Más recientemente, la rebelión estudiantil empieza a ser interpretada desde los sectores más conservadores de la oposición. La movilización social, se dice, expresa una sociedad de clase media que, aunque moderada políticamente, no acepta ni va a convivir con la desigualdad y el abuso. En el horizonte aparece la “explosión de las expectativas” que obliga a concentrarse en los temas pendientes, educación, desigualdad, energía, reforma laboral y tributaria. Para ello, se requieren nuevos consensos políticos en el espíritu de lo que se logró entre el gobierno y la oposición en los años 90. Esto se hace posible porque la política regresó en plenitud luego que en el 2011 los movimientos sociales habían dejado a la política de rodillas.
Existe una tercera interpretación. Los movimientos sociales representaron un profundo cuestionamiento del modelo económico. Chocaron, sin embargo, con los muros impuestos no por la política como tal, sino por la política entre cuatro paredes que excluye el protagonismo ciudadano, que no se incomoda por la creciente desafección del sistema político, en suma la política que surge con el pacto de la transición. El movimiento estudiantil apostó a la política (de hecho la derecha lo criticaba por involucrar temas no educativos), pero no encontró interlocutores relevantes en ese campo, abiertos a un proceso de transformaciones, como tampoco lo han encontrado quienes sufren el sistema de capitalización individual y la salud privada. El movimiento social representó una crítica profunda a la ideología de los consensos y una demanda por reinstalar la política de mayorías y minorías propia de las democracias modernas. Las reformas que demanda la mayoría de la población no pueden hacerse con el consenso de quienes hacen negocio con la educación, la salud y la previsión. El pacto de la transición está agotado y los cambios que se ofrecen serán solo promesas sino se reconoce esta situación.
Se requiere en este sentido hacer converger los sectores populares, que han sido favorecidos en su esfuerzo por abandonar la pobreza por la política social focalizada pero que al lograrlo quedan expuestos a la mercantilización de la política social en que el poder adquisitivo determina la calidad de la educación, la salud y la previsión con los amplios sectores medios que sufren desde hace tiempo, la inexistencia de políticas universales en estos campos. El gran desafío para la oposición radica en estar a la altura de estas demandas.
