Reacciones de este tipo no son nuevas en el periódico de Edwards. Sin embargo, a pesar de sus sucesivos “pronósticos”, el movimiento estudiantil ha gozado permanentemente del apoyo del grueso de la ciudadanía. En la última encuesta MORI más de 70% le otorgó una legitimidad al movimiento de 7 o más (en una escala de 1 a 10), en lo que ha sido una constante desde el 2011 en adelante.
Las movilizaciones sociales, especialmente las referidas a la problemática educacional, han remecido profundamente a la sociedad chilena y corrido las fronteras acerca de qué cosas pueden ser objeto de debate público y cuales deben mantenerse simplemente como axiomas incuestionables. Los defensores del actual modelo de educación y de país se han visto obligados a plantear argumentos para defender lo que antes simplemente era asumido como un hecho natural: cuestiones como la (ausencia de) gratuidad, el lucro, o la “focalización” versus la universalidad de los derechos.
En ese contexto se puede dimensionar el debate reciente acerca del sistema de financiamiento compartido (FC), y muy particularmente la posición activa y comprometida que ha mostrado “El Mercurio” en sus diversas editoriales (muy especialmente los días martes 9 y jueves 11 de julio), presentando una defensa del FC que parece más una contención desesperada que un análisis riguroso y desapasionado.
La angustia del periódico de los Edwards ha llegado al punto de afirmar y promover una lamentable y sensacionalista campaña del terror acerca del inminente fin de los colegios particulares subvencionados, sector que hoy ocupa el 51% de la matrícula escolar y por tanto nadie podría pensar que puede simplemente acabarse de la noche a la mañana, más aún si se barajan alternativas como un incremento sustantivo en la inversión pública en educación. También ha llegado a afirmar que “eliminarlo (el FC) sería regresivo”, contrariando toda evidencia empírica y todo sentido común, pues lo que ocurre realmente es precisamente lo contrario: el FC es un mecanismo esencialmente regresivo, que propende a la concentración de mayores recursos en establecimientos cuyos estudiantes son menos costosos de educar que los que asisten al sector gratuito.
Los partidarios del FC arguyen que este no constituye la única fuente de las dramáticas cifras de segregación del sistema escolar en Chile. Por cierto que es así, sin embargo esto es muy distinto a plantear que el FC no tiene rol alguno en la segregación, calificando esta como un mero “resultado de la elevada desigualdad de ingresos del país y de la significativa segregación residencial que caracteriza a la ciudad chilena”, como lo hace el Mercurio en editorial del jueves 11 de Julio.
[cita]Reacciones de este tipo no son nuevas en el periódico de Edwards. Sin embargo, a pesar de sus sucesivos “pronósticos”, el movimiento estudiantil ha gozado permanentemente del apoyo del grueso de la ciudadanía. En la última encuesta MORI más de 70% le otorgó una legitimidad al movimiento de 7 o más (en una escala de 1 a 10), en lo que ha sido una constante desde el 2011 en adelante.[/cita]
La evidencia al respecto es elocuente.Valenzuela, Bellei, y De los Ríos (2008), dan cuenta por cierto de la importante relación existente entre la segregación residencial y la escolar, sin embargo también agregan un elemento revelador: a nivel comunal, la segregación escolar es considerablemente mayor que la residencial. Es decir, el actual sistema educacional separa hasta a los vecinos, siendo más probable que un niño o joven comparta con niños y jóvenes distintos a él en su barrio que en su colegio. Por tanto, no puede concebirse la segregación como una mera resultante de la distribución socioespacial de la ciudad.
Además, otras cifras pueden dar cuenta de la contribución específica del FC a la segregación (Elacqua, 2013). El porcentaje de estudiantes vulnerables en colegios con FC es de 21% versus 44% de colegios gratuitos. A esto se suma que el sector con FC presenta un mayor nivel de segregación interna: es decir, los estudiantes vulnerables son vistos como “nicho”, concentrándose en colegios para ellos. Lo anterior además se expresa en una tendencia (graficada por Elacqua para el caso de Temuco) de las escuelas con FC de ubicarse en espacios de la ciudad con mayor nivel socioeconómico.
En definitiva, el FC sí constituye uno de los factores preponderantes en la segregación escolar, pero con un agravante: aspectos como la segregación residencial no son fenómenos deliberados, sino más bien externalidades negativas inesperadas de otro tipo de políticas. El FC en cambio, no es una consecuencia no prevista: es una política de estado, ampliamente promovida y fomentada desde 1993 en adelante, con recursos y esfuerzos de todos los chilenos.
Otra defensa es afirmar que la eliminación del financiamiento compartido redunda en “una pérdida de la libertad de escoger para miles de familias”. La realidad indica todo lo contrario: el FC es precisamente uno de los grandes frenos a esa libertad.
El copago, como es obvio, está mediado por la capacidad de pago de los padres. Si no hay capacidad de pago, no hay libertad de elegir. Un razonamiento así de básico, es desacreditado por El Mercurio simplemente denunciándolo como un “antiguo enfoque derivado del pensamiento de Marx, que se puede aplicar a cualquier bien, y no sólo a la educación”. Así, sin más argumentos, y omitiendo otras tradiciones intelectuales que podrían converger en un razonamiento así, incluso dentro del propio liberalismo (como en la “Teoría de la justicia” de Rawls o el concepto de “libertad real” acuñado por Phillippe Van Parijs).
El hecho de pagar un determinado monto X por educación, implica necesariamente educarse lejos de familias que no se encuentren en condiciones de pagar dicho monto X. ¿Qué libertad, pues, pueden tener estas últimas familias de “escoger la educación de sus hijos”? En la práctica, esta libertad la poseen muy pocas familias, y para la gran mayoría de Chile es el bolsillo el que escoge. El copago, junto a la selección por resultados académicos (también afectados por el nivel socioeconómico), son los principales filtros que justamente impiden que la libertad de elegir se realice efectivamente.
Son ampliamente reconocidos los beneficios de una educación integradora, no solo en la formación de futuros profesionales, sino también como creadora de ciudadanía. Esto se refleja en la escuela entendida como lugar donde aquellos que son distintos se pueden encontrar como iguales, en un marco de respeto, que les permita aprender el uno del otro, resolver sus diferencias en el marco de una comunidad compartida, y aprender a tomar decisiones de acción considerando el cómo estas afectan al otro.
Ante esto, El Mercurio argumenta que “nadie desconoce que la integración social en la escuela es valiosa, pero eso no se debe lograr a costa de restricciones a la libertad de los padres”, que ya hemos visto que no es así (de hecho el FC restringe esa libertad). Pero además, el periódico plantea la siguiente pregunta: “¿qué sucedería con la educación particular pagada, que todos los países permiten? En congruencia con tal argumentación, tampoco debería permitirse”, agregando que “se podría invocar que ella no involucra recursos públicos, pero la idea de una educación igualitaria nada tiene que ver con la fuente de los recursos”. Una afirmación de esas características debe necesariamente argumentarse y no solamente enunciarse, pues omite consideraciones fundamentales.
Difícilmente sea posible (e incluso deseable) que el Estado tenga capacidad de tener control sobre todas y cada una de las variables asociadas al proceso educativo. No obstante, resulta de toda lógica que un Estado tenga criterios claros para actuar respecto a aquellos aspectos que sí son de toda su competencia, delimitando en ese sentido las características mínimas que debe tener una educación que será efectivamente promovida con recursos de todos los chilenos. No se trata de permitir o prohibir la educación privada, sino de cuál será la educación que promoverá el Estado, en tanto encarnación de la voluntad soberana de una comunidad política.
En este sentido, un Estado democrático necesariamente debería proponerse fomentar un tipo de educación que contribuya a fortalecer propiamente la cultura democrática. Lo anterior, resulta incompatible con una educación rígidamente ordenada y segmentada por niveles socioeconómicos y capacidades de pago, donde las posibilidades de encuentro entre individuos diferentes son aún menores que en el barrio. Luego, si el FC (como hemos visto), contribuye a dichas características negativas antes señaladas, no puede ser una política de Estado como lo es actualmente.
También para defender el FC se sostiene que el copago tendría un impacto positivo en la calidad, en tanto la contribución pecuniaria de las familias sirve para mejorar la educación de sus hijos, por lo cual eliminar este mecanismo “se traduciría en la práctica en una nivelación hacia abajo”.
Si esta afirmación fuese correcta, la calidad de los establecimientos con FC debiese ser mejor a aquellos de carácter gratuito. Sin embargo, diferentes trabajos que han analizado dicha problemática utilizando como criterio el SIMCE (sin adentrarnos aún en si efectivamente el SIMCE es una medición correcta y pertinente de la calidad) tienden a converger en conclusiones bastante distintas (a modo de ejemplo verMizala y Torche, 2012 yElacqua, 2013).
Los colegios con FC presentan ventajas, pero estas son principalmente atribuibles a la composición socioeconómica de sus estudiantes. Esto se ratifica al contrastar establecimientos con FC y gratuitos de igual grupo socioeconómico: las diferencias antes mencionadas se reducen de manera considerable al punto de ser prácticamente inexistentes. Es decir, el valor agregado que aportarían los establecimientos con FC es muy bajo, a pesar de tratarse de colegios que cuentan con mayores recursos debido a la “colaboración” de las familias.
Si el FC no tiene per-se un impacto positivo en la calidad, eliminarlo no tendría por qué constituir una “nivelación para abajo”. Menos aún si se considera además que actualmente el lucro es legal en el sistema escolar, por lo cual no existe claridad de qué porcentaje del dinero que ingresa a una escuela (sea por subvención o copago) se gasta efectivamente en educación, y cuanto en cambio es retirado como excedente de los controladores.
Pero sin duda hay un hecho que distingue las editoriales del Mercurio de otros pronunciamientos políticos y académicos en defensa del FC: su “ruido de sables”, el tono de velada amenaza con que ha desplegado su defensa de este sistema.
Primero, el Martes 9 de Julio se señala que terminar con el FC sería “con alta probabilidad, incubador de fuerte descontento en quienes se esfuerzan por progresar, no en ser nivelados hacia abajo”. Luego, con menos disimulo aún, se pasa a una predicción-amenaza mucho más explícita solo dos días más tarde, afirmando que aquellos que buscan poner fin al FC “deberían recordar la reacción que tuvo la inmensa mayoría del país cuando la Unidad Popular quiso imponer la Escuela Nacional Unificada (ENU)”
Reacciones de este tipo no son nuevas en el periódico de Edwards. Sin embargo, a pesar de sus sucesivos “pronósticos”, el movimiento estudiantil ha gozado permanentemente del apoyo del grueso de la ciudadanía. En la última encuesta MORI más de 70% le otorgó una legitimidad al movimiento de 7 o más (en una escala de 1 a 10), en lo que ha sido una constante desde el 2011 en adelante. Así pues, más allá de los deseos de una minoría del país, sería extraño que la ciudadanía se vuelque masivamente de la noche a la mañana a defender un sistema que contribuye a la segregación, constituye un freno a la libertad y no aporta a la calidad, cuando precisamente lleva ya tres años movilizándose por todo lo contrario: una educación pública, gratuita, de calidad, democrática e integradora.
