“¡Y qué tanto, si es un picante bingo!”.
Me las doy de telépata electoral y aventuro que tal pudo ser la reflexión del candidato a senador de la Alianza en Magallanes, el actual diputado Miodrag Marinovic, luego de la controversia generada en su circunscripción a raíz del evento con el que cerró su campaña y la de la postulante a la Cámara Baja Sandra Amar. El inmediato cuestionamiento de sus contendores encendió la prensa local e incluso algo se supo de ello en Santiago.
El famoso bingo se televisó para toda la región, lo tuvo a él como conductor estrella y comenzó al filo del término del período de propaganda, establecido para las cero horas del viernes 15 de diciembre. El problema fue que éste comenzó a las 22:30 horas del jueves 14 y se extendió hasta las 00:25 horas, aunque tratando de cumplir con las reglas los candidatos salieron de pantalla justo a la medianoche.
Es probable que a los afortunados ganadores de refrigeradores, televisores, estufas e incluso corderos la polémica les diera igual, siguiendo la máxima pragmático-electoral que cruza Chile de norte a sur y de mar a cordillera: reciba todos los regalos de los candidatos pero en la urna vote por quien usted quiera.
Eran dos los problemas que suscitaba la particular actividad.
Que sobrepasara el restringido período de propaganda electoral y que considerara premios para los participantes, todos potenciales votantes (bastantes, considerando que la TV “penetra”, como recitaba un humorista ochentero). Más aún cuando en Chile el cohecho es ilegal: “El que en cualquier elección popular, primaria o definitiva, solicitare votos por paga, dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos” dice el artículo 137 de la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios.
En su defensa, el parlamentario –quien, al igual que su acompañante, no fue electo, perdiendo ante la DC Carolina Goic y el independiente Carlos Bianchi- señaló sobre la primera acusación que llegada la medianoche no sólo dejó de estar en pantalla sino que retiró del set toda alusión a su candidatura.
Sobre lo segundo, optó por el empate: “Para nada (es cohecho) ¿acaso los otros señores parlamentarios no hicieron regalos en sus bingos de cierre?”.
Y razón tiene.
Más aún, no sólo es correcto su descargo tipo pregunta sino que lo que hizo es completamente legal. Tanto así que incluso el Servicio Electoral debiera devolverle el dinero de los premios (o regalos) si Marinovic incorpora la realización del bingo a sus gastos de campaña. Lo aclara el manual del organismo alusivo a la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En el artículo segundo de la norma quedó establecido que se entenderá por gasto electoral, entre otros aspectos, “las erogaciones o donaciones realizadas por los candidatos a organizaciones o a personas naturales o jurídicas, mediante el patrocinio de actos culturales, deportivos o de cualquier otro tipo a celebrarse dentro del ámbito territorial respectivo”.
En concreto, todos los chilenos solventamos vía fondos públicos el reparto a destajo de recursos a cualquier persona y institución con el objetivo de abultar su adhesión electoral. En concreto, votos. Si eso no es cohecho encubierto, y más aún legal, no sé qué otra cosa podría ser.
Que se entienda. Es apropiado el financiamiento público de las campañas políticas, como una forma de disminuir las barreras de entrada para nuevos actores a los espacios en que se toman las decisiones, pero siempre con férreas atribuciones para regular el flujo de dinero hacia los candidatos y de éstos hacia los eventuales votantes.
En lo primero el sentido común y diversas investigaciones periodísticas nos aclaran que nuestra democracia está en deuda. Ahí está el caso de las eléctricas Endesa, Colbún y Enersis (propietarias de HidroAysén) que se sabe tienen en carpeta destinar casi 4 millones de dólares (unos $ 2.000 millones) para las elecciones primarias y generales, pero aún no sabemos quiénes han sido ya beneficiados con tales recursos. ¿Alguien cree, por ejemplo, que ningún candidato de la región de Aysén, donde impulsan su proyecto estrella, recibió donaciones? Pues no lo sabemos, aunque muchos sospechamos. Esa información debiera ser pública a la luz que tales empresas tienen interés en varios proyectos de ley que se tramitan en el Congreso. Y en el Consejo Regional se podrían adoptar diversas decisiones que afectan sus intereses.
Es por ello que en pro de la transparencia y la democracia debiera terminarse con las figuras de aportes secretos y reservados, además de prohibirse que una misma persona natural o jurídica realice donativos a dos o más candidatos que compitan por el mismo cupo, situación que no tiene asidero bajo el concepto de alternativas democráticas en competencia. Y tampoco lo tiene el que se permita a empresas hacer aportes de cualquier tipo, toda vez que estas bajo ninguna circunstancia podrían tener un interés en la pugna política considerando que su objetivo último es generar utilidades. No así sus propietarios o socios en calidad de personas naturales, para quienes sí se entiende su respaldo a las campañas.
Y sobre lo segundo -la “normalización” del cohecho- también hay mucho que avanzar, al igual que en una mal entendida responsabilidad social empresarial que se aprovecha de la vulnerabilidad individual y colectiva cooptando voluntades, en una sociedad que no garantiza el acceso a servicios y el ejercicio de derechos esenciales. Eliminar, de plano, la figura de las donaciones de candidatos a particulares u organizaciones en pleno período electoral, posibilidad que deja abierta la puerta a la compra de votos.
Una situación que nos jactamos sólo ocurre en otros países, cuando en realidad no es que en Chile no se realice sino que simplemente lo hemos convertido en algo legal y, peor aún, legítimo.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
