Esos son los “amplios acuerdos” que necesitamos en primer término y no los “pequeños acuerdos” que pueden establecerse con la disminuida derecha en el Congreso, para mantener el orden. Ya sabíamos que el sistema estaba amarrado por el binominal, las supramayorías y otros mecanismos de la Constitución del 80. Ese fue el resultado del pacto del 89 en el ámbito legal. También sabíamos que era un terreno colonizado y monopolizado: por los hombres –Bachelet ya metió una cuña en 2006 y ahora repite la hazaña–; por el gran capital, que tiene generoso acceso a financiar directa e indirectamente su agenda con cargo a franquicias del Estado; por partidos políticos poco democráticos en su funcionamiento y escuálidos en su militancia; y por el poder de las “ocho manzanas” del centro de Santiago, articuladas hace tiempo con Sanhattan, en detrimento de las regiones del país.
Despejado ya el humo electoral con la predecible y contundente victoria de Michelle Bachelet, queda instalada la mayoría política. Pero como la política está hoy en minoría, el desafío todavía permanece. Algunos datos resultan claves para abordarlo. El primero, y más importante, es sin duda la baja participación electoral sostenida de nuestra democracia. No es, como se ha dicho, culpa del voto voluntario, este sólo profundiza lo que ya existía: desde fines de los 90 el porcentaje de quienes no votaban, estando o no inscritos, junto a quienes anulaban o no expresaban preferencia, era cercano a la mitad de los ciudadanos. Ese porcentaje se concentraba en los jóvenes populares, que no se inscribían en los registros. Ahora no se puede saber con exactitud, pero sabemos que la abstención se concentra en las comunas populares urbanas, donde están mayoritariamente los jóvenes. Por último, los que no pueden votar, porque no los dejan, siguen siendo los mismos: los chilenos en el exterior, los privados de libertad, aún sin estar purgando penas aflictivas, los enfermos en los hospitales. Nada muy nuevo, sólo que ahora se ha puesto como un tema de preocupación.
De esta primera constatación se sigue que el desafío de construir una nueva mayoría está aún pendiente. No en el sentido que la coalición que gobernará no tenga legitimidad para hacerlo, pues elecciones primarias abiertas y masivas, dos vueltas electorales, mayoría en el Congreso y los Consejos Regionales son señas claras de legitimidad. En términos de la Constitución del 80, digamos que Bachelet ganó por “mayoría calificada”, superior a 3/5 de los votos y lo hizo en todas las regiones. Sólo en una por mayoría simple, en tres superó los 4/7; en siete los 3/5 y en otras tres los 2/3. ¿Se requiere más? Sí, se requiere más, porque todo ello se da al interior del universo de los votantes, ese que no alcanza al 50% de las y los ciudadanos.
[cita]Esos son los “amplios acuerdos” que necesitamos en primer término y no los “pequeños acuerdos” que pueden establecerse con la disminuida derecha en el Congreso, para mantener el orden. Ya sabíamos que el sistema estaba amarrado por el binominal, las supramayorías y otros mecanismos de la Constitución del 80. Ese fue el resultado del pacto del 89 en el ámbito legal. También sabíamos que era un terreno colonizado y monopolizado: por los hombres –Bachelet ya metió una cuña en 2006 y ahora repite la hazaña–; por el gran capital, que tiene generoso acceso a financiar directa e indirectamente su agenda con cargo a franquicias del Estado; por partidos políticos poco democráticos en su funcionamiento y escuálidos en su militancia; y por el poder de las “ocho manzanas” del centro de Santiago, articuladas hace tiempo con Sanhattan, en detrimento de las regiones del país.[/cita]
Menos sentido tiene todavía la supuesta falta de representatividad para hacer cambios que insinúa la derecha dura, que busca desesperadamente mantener su estatus de minoría con derecho a veto de que ha gozado por un cuarto de siglo, ahora sin las herramientas para hacerlo. Ni la candidatura Matthei, ni los candidatos de la Alianza alcanzaron el 40% que esperaban. Peor aún, ese 25% (Matthei primera vuelta), ese 36% (Alianza), ese 37% (Matthei segunda vuelta), calculados sólo sobre la base de quienes concurren a votar, representan una merma de entre un millón y un millón y medio de votos en su respaldo. Ese es el dato duro: si alguien ha perdido legitimidad electoral es en primer lugar el desarticulado bloque conservador.
El desafío de construcción de una nueva mayoría se traslada así a lograr que el sistema político en su conjunto represente a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos, distribuyendo de manera proporcional sus preferencias y adhesiones y generando confianza en la capacidad institucional de representar.
Esos son los “amplios acuerdos” que necesitamos en primer término y no los “pequeños acuerdos” que pueden establecerse con la disminuida derecha en el Congreso, para mantener el orden. Ya sabíamos que el sistema estaba amarrado por el binominal, las supramayorías y otros mecanismos de la Constitución del 80. Ese fue el resultado del pacto del 89 en el ámbito legal. También sabíamos que era un terreno colonizado y monopolizado: por los hombres –Bachelet ya metió una cuña en 2006 y ahora repite la hazaña–; por el gran capital, que tiene generoso acceso a financiar directa e indirectamente su agenda con cargo a franquicias del Estado; por partidos políticos poco democráticos en su funcionamiento y escuálidos en su militancia; y por el poder de las “ocho manzanas” del centro de Santiago, articuladas hace tiempo con Sanhattan, en detrimento de las regiones del país. Ahora apreciamos que ese conjunto no es más que una minoría en declive. Ya a fines de los noventa dejó de ser mayoría por cuenta de la baja en la participación electoral y ahora ya ha dejado de ser siquiera una “minoría consistente” –la de la “democracia de los acuerdos”–, con un relato y un proyecto creíbles para el país. La nueva mayoría requerida se tiene que construir, por lo tanto, con los que no concurrieron a votar y que no creen que hacerlo cambiará las cosas.
Abordando el candado constitucional y los monopolios de la política que hemos mencionado. Cambio institucional y convocatoria social tendrán que ir de la mano.
En cierto modo, la situación se parece a la elección parlamentaria de 1997, donde la Concertación perdió un millón de votos: al año siguiente Joaquín Lavín estuvo a punto de conseguir una mayoría captando ese descontento que la Concertación no quiso ni pudo leer. Ahora es la derecha la que pierde los votos en igual o mayor magnitud. Y la coalición ampliada –pero con los mismos votos– que encabeza Bachelet, aún no capitaliza ni esa votación en disponibilidad, ni la potencial de los movimientos sociales desconfiados de la capacidad de cambio institucional, apurados en su agenda y con recursos de poder efectivos. Allí radica gran parte de su desafío. Y la derecha, bueno, la derecha que busque su destino de minoría, ahora jugando con reglas equitativas. Ese sí será un cambio democratizador para la etapa que viene.
