Los últimos acontecimientos en Venezuela deben importarnos no sólo porque se trata de un país hermano que vive momentos de tensión y agitamiento político que ya ha tomado vidas tanto en partidarios de gobierno como de la oposición.
No. Resulta importante además porque las reacciones que ha generado dentro de nuestro debate público, permiten conocer algo de nosotros mismos, o más bien de como las distintas sensibilidades dentro de nuestro País entienden el proceso político.
Como en muchos temas respecto de la política internacional, suelen encontrarse posiciones bastante vehementes y antagónicas.
Desde un lado, se pone el grito al cielo contra el “falso progresismo, que está conforme con que se prive afuera de los derechos que se reclaman en nuestros país”, haciendo referencia a la posibilidad de manifestarse, marchar, y cuestionar al poder político. Se reclama entonces que haya consecuencia, y vigencia de dichos derechos fundamentales.
Desde la otra vereda pocas veces se va al fondo de esta acusación y se replica que dichas manifestaciones no deben ser tomadas ingenuamente, ya que responden a un “intento de desestabilización, acaparamiento de alimentos y de golpismo que busca pasar por encima de las decisiones soberanas del pueblo venezolano, y cortar por esa vía el camino revolucionario que ha escogido”[1]. En mismo sentido, las Juventudes Comunistas de Chile señalan que la oposición estaría intentando “generar un clima de descontento social y de desestabilización institucional que permita generar las condiciones para implementar el plan golpista del gobierno estadounidense con los sectores fascistas de la oposición venezolana, para detener el proyecto bolivariano”[2].
Asimismo, se adiciona a esta idea (que se trata de un plan de desestabilización) el hecho de que Maduro ha sido electo democráticamente en unas elecciones con gran participación y, finalmente, que los interlocutorios son poco idóneos toda vez que (al revés de las acusaciones recibidas), demandan en el extranjero derechos que en el Chile cuestionan (en referencia a las marchas estudiantiles).
Así las cosas, gran parte de la discusión termina en las recíprocas exigencias de coherencia entre los opinantes, o bien porque se apela a hechos distintos (la legitimidad de Maduro y el proceso bolivariano para algunos, la necesidad en condenar los hechos de violencia por otros).
Este desencuentro deja en pie varias interrogantes:
a) Entre quienes se alzan críticamente contra el gobierno de Maduro desde nuestro país, ¿nada tiene que decirnos el hecho de que éste fue electo democráticamente? Pues sí, que ha sido electo institucionalmente y que, por tanto, cualquier intento de poner fin anticipado a su gobierno no puede sino disponer de la misma legitimidad democrática e institucional, aborreciendo por tanto cualquier intento golpista.
¿Debe sernos indiferente que existan maniobras foráneas para influir el proceso político en un país? En principio no parece, de por sí, algo negativo, sino que habría que distinguir su medida y si reemplaza o no a la voluntad de los representantes democráticos en que el pueblo soberano ha confiado el gobierno. Es sabido que en la Guerra Fría los “bandos irreconciliables” recibieron ayuda económica y política desde el exterior, en este caso de la URSS y de EEUU, y de este último país también para la campaña del No.
Sí debiera rechazarse las intromisiones indebidas de empresas privadas (que por su naturaleza buscan su interés individual y no el bien común de respectiva sociedad) en el proceso político.
b) Para quienes, ante los últimos hechos, optan por hacer énfasis en la defensa del proceso boliviariano, con los argumentos ya citados, caben varias preguntas también. ¿Cuáles serían las acciones que buscan desestabilizar el gobierno? ¿En qué medida lo que hemos visto estos días –efectivamente- logra ese objetivo? En caso de que efectivamente parte de las movilizaciones estuvieran motivadas desde el extranjero, ¿resta legitimidad y razón al contenido de las protestas? ¿Es justificable el nivel de represión observado en aras de la seguridad del Estado y la sociedad (y no del proyecto político oficialista? (O un paso antes, para algunos, ¿pueden separarse ambas cosas?).
En nuestro criollo debate poco de esto se ha preguntado y mucho menos aún, respondido. No parece razonable cuestionar la legitimidad de Maduro (por más que nuestras visiones sobre la preservación del pluralismo político en Venezuela varíen). Cualquier golpe de Estado ha de ser tajantemente rechazado. Sin embargo, esta legitimidad en el origen no deja a salvo que el gobierno pueda amparar o cometer violaciones a los derechos humanos (y no contrapongo aquí legitimidad de origen y de ejercicio, pues ésta última es una categoría escolástica cuyos requisitos resultan de difícil comprobación).
Por otro lado, la objeción de la inconsecuencia de los interlocutores (que sólo alcanza a quienes efectivamente usan criterios dispares en Chile y Venezuela) plantea un asunto que es importante: ¿bajo qué circunstancias la movilización social, libertad de reunión, de expresión y de prensa, son derechos fundamentales?
Para algunos habrá una respuesta obvia: siempre, pues son fundamentales. Pero esto, que aparentemente es evidente, puede ser y es controvertido muchas veces desde expresiones políticas más autoritarias. Por cierto, pocas veces frontalmente. Algunos invocaron la “democracia protegida” (de sí misma) como límite de aquellos, y desde una lectura más marxista, se trata de derechos burgueses, que en todo caso son posteriores en importancia a la igualdad material o al acceso universal a derechos sociales. Es lo que algunos cubanos adherentes al régimen también utilizan para justificar la restricción de éstos derechos.
Pero no sólo en éstos contextos dichos derechos se niegan “indirectamente”, sino que además se propone que la plena libertad vendrá en un momento posterior, que amerita sufrir en el presente dichas privaciones o restricciones a las libertades.
Esto es lo que Atria [3] denomina “principio portaliano”, en alusión a su idea de que “la Democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República (…) La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos”[4].
Ciertamente, sólo quienes defienden que haya “una virtud” o un “hombre nuevo” al que se pueda modelar o corregir al actual hombre (vicioso, o “enajenado”) puede reclamar esta estrategia. Sin embargo es ingenuo pensar que el medio no influye en el fin, y que al autoritarismo “necesario” no deja su huella ni dice algo sobre cómo entendemos el fin.
Esto es mucho más importante, a mi juicio, para la izquierda que para la derecha conservadora. Esto porque éste último sector apuntaría con el principio portaliano a mejorar la virtud individual de los individuos (pues no tiene afanes trasformadores de las estructuras políticas, económicas y sociales), mientras que la izquierda sí dispondría de un programa de transformación individual y estructural más ambicioso.
Así, mucho depende si queremos “construir el socialismo” o el “comunitarismo” entendiendo instrumentalmente los derechos de expresión, reunión, de prensa, de asociación, la democracia en sentido “formal” (elecciones periódicas, división de funciones del Estado, etc) o si labrar el “hombre nuevo en la comunidad nueva” requiere de éstos, aunque vulnerables en muchas formas bajo la forma “burguesa”. ¿Qué aprecio tenemos a estos derechos por sí mismos? Es una interrogante que a la luz de las diversas declaraciones de los últimos días en torno a los hechos en Venezuela, no queda tan claro.
Estas garantías no deben competir con los anhelos de mayor democracia material (no sólo formal), sino que éstas son condiciones de posibilidad de lo que, en último término, está detrás de la búsqueda de democracia e igualdad material: reconocernos como comunidad, donde la persona es intrínsecamente digna.
El ideal de realización personal y recíproca que promueve el comunitarismo y socialismo democrático no pueden ser sino corruptos por medios autoritarios. Este Otro, por el cual estamos dispuestos a luchar para que tenga pan y educación, es un infinito que es más fuerte que el homicidio, ya nos resiste en su rostro y su rostro, es la expresión original, es la primera palabra; “no matarás”[5].
Un proyecto político no puede ser transformador a costa de la de la violencia. No si se funda, justamente, en la máxima realización personal, que creemos imposible sin comunidad, de un Otro. La presentación de ese Otro es “la no-violencia por excelencia, porque, en lugar de herir mi libertad, la llama a la responsabilidad y la instaura. No-violencia que mantiene la pluralidad del mismo y del Otro. Es paz”[6].
Por tanto, no sólo es importante saber dónde queremos llegar, sino el cómo; y no invertir lo que consideramos medios, a aquello que es nuestro fin político. La historia, a veces crudamente, nos ha enseñado lo poco efectiva de la promesa de vano enamorado que es el “principio portaliano”.
Preguntémonos ahora qué rol juegan los derechos humanos, la realización recíproca, la lucha por igualdad material, el respeto a la dignidad del Otro en nuestro proyecto político. ¿Están en conflicto? ¿Realmente creemos que una de estas cosas se subordinan a otras, “hasta que sea el momento indicado” sin daño?
Notas:
[1] Declaración Pública FECh, 15 de enero de 2014.
[2] Declaración Pública JJCC, 13 de enero de 2014.
[3] Atria, Fernando. Neoliberalismo con Rostro Humano, Catalonia, 2013.
[4] Carta de Diego Portales a José M. Cea, marzo de 1822. Es destacado es propio.
[5] Levinas, Emmanuel. Totalidad e Infinito, Editorial Sígueme, Salamanca, 1977. Pág.212.
[6] Levinas, Emmanuel. Op.Cit.Pág.216.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
