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Michelle Bachelet: la primera y la última

por 21 marzo, 2014

Michelle Bachelet puede representar el éxito o fracaso de la nueva etapa que se abre. El país le han confiado, como le confió al Presidente Aylwin en 1989, abrir las puertas hacia un camino desconocido, en el cual, como sociedad, debemos encontrar las formas que nos lleven a solucionar los problemas que enfrentemos. Lejos estamos de ser una país ideal, qué duda cabe, pero el primer paso es tener consciencia de las dificultades que nos aquejan para avanzar en soluciones que satisfagan a los sectores más postergados en el país. Con ello no me refiero sólo a los ciudadanos que viven aún en pobreza, sino que también a las minorías que son discriminadas, a las mujeres que siguen ganando menos que los hombres y teniendo más costos para adquirir seguros de salud, al creciente número de migrantes que llega a nuestro país, etc.
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Hay cierta coincidencia en señalar, al menos desde el 2011, que en Chile se abrió un nuevo ciclo político y social. Éste ya no respondería a las demandas propias de un proceso de transición a la democracia, sino que va más allá y apunta a reformas que profundicen la inclusión en el sistema político, mejoren los canales de representación y participación democrática y promuevan la cohesión y la justicia social.

En gran parte, la responsabilidad de este cambio en la brújula política la tienen los estudiantes, pero no sólo ellos. Hubo protestas estudiantiles en los 90, a principios de la década del 2000, en 2006 y luego en 2011, pero sólo esta última profundiza los cuestionamientos sobre los mecanismos que en Chile permiten la distribución del poder y la renta. Algo así como el modelo. ¿Qué cambió en 2011 respecto de los otros años? Creo que la respuesta la podemos encontrar en el agotamiento de la Concertación como coalición política y, como consecuencia, del discurso que sustentó la transición a la democracia en Chile, además de la incapacidad de las reformas que se le presentaban al país para confrontar los problemas nuevos a los que como sociedad nos estamos enfrentando.

El contexto histórico en el que ocurre la transición en Chile genera una serie de condicionamientos para la centro-izquierda que lidera el proceso. Los socialismos reales se desplomaron en Europa y con ello el proyecto socialista perdió fuerza como inspirador de la acción política, y la agenda neoliberal se instaló con fuerza en la región, como una plaga que penetró los intersticios de las doctrinas políticas incluso más progresistas. No es extraño. La política no se hace en el vacío y la acción de los gobiernos obedece al contexto histórico en el que se desempeñan. Hoy en la región avanza una agenda postneoliberal bastante menos ortodoxa que aquella que dominó en los 90, por lo que los debates sobre desarrollo económico y democracia también han tendido a cambiar de foco.

Michelle Bachelet representó el último liderazgo político de la Concertación y de la transición política en Chile. Ella pudo extender el gobierno de una coalición que progresivamente se iba fraccionando, en la medida que los objetivos históricos que motivaron su nacimiento se confundían con la ambición por el poder y con sucesivos escándalos de corrupción. La Concertación se fue y con ella se cerró un ciclo de la historia política chilena, tal como se terminaron los gobiernos radicales en los años 50. En ese escenario, la presidencia de Sebastián Piñera fue una especie de epílogo de la transición. Se trató del triunfo de la derecha que mostraba una democracia consolidada y un ambiente de convivencia institucional entre los actores políticos, pero nada nuevo. No hubo ninguna reforma estructural profunda que se dirigiera a la base de las inequidades e injusticias de la sociedad chilena o a la necesaria profundización de la democracia después de un acelerado proceso de modernización política y económica.

Cuando se juzga el escenario político actual, se lleva al banquillo de los acusados a la Concertación. Se le acusa de los problemas actuales y de su incapacidad por profundizar un proyecto progresista. La acusación es razonable y justificada. En muchos temas pecó de un exceso de timidez o temor hacia lo que se conoció como “poderes fácticos”: la Iglesia católica, especialmente los sectores más conservadores fortalecidos durante el largo pontificado de Juan Pablo II y los militares. Esa fue una fuente permanente de tensiones dentro de la propia coalición desde mediados de los 90. Sin embargo, creo que es necesario convenir que las actuales discusiones tampoco serían posibles sin el proceso que el país vivió en las décadas anteriores.

Hoy Michelle Bachelet es también la primera figura de un nuevo ciclo político que aún se presenta ambiguo frente a nosotros. Aunque, ciertamente, lo más probable es que Patricio Aylwin, como primer presidente de la Concertación, tampoco tuviera muy claro dónde yacía el destino de la coalición que asumió el 11 de marzo de 1990 con la responsabilidad de democratizar el país. Esta nueva etapa está marcada por nuevas demandas, problemas y desafíos para el gobierno, pero, por sobre todo, las características del periodo político que empezamos a vivir reflejan una sociedad políticamente madura y preparada para entrar en debates sustanciales respecto a la institucionalidad que nos rige. Ahí no sólo cabe la discusión respecto a la Constitución, sino que, en un sentido más amplio, sobre la forma de distribuir el poder y la renta dentro de la sociedad chilena. Un debate de esa naturaleza es propio de un país que ha alcanzado cierta estabilidad política y económica luego de un proceso de consolidación de la democracia.

Michelle Bachelet puede representar el éxito o fracaso de la nueva etapa que se abre. El país le ha confiado, como le confió al Presidente Aylwin en 1989, abrir las puertas hacia un camino desconocido, en el cual, como sociedad, debemos encontrar las formas que nos lleven a solucionar los problemas que enfrentemos. Lejos estamos de ser una país ideal, qué duda cabe, pero el primer paso es tener consciencia de las dificultades que nos aquejan para avanzar en soluciones que satisfagan a los sectores más postergados en el país. Con ello no me refiero sólo a los ciudadanos que viven aún en pobreza, sino que también a las minorías que son discriminadas, a las mujeres que siguen ganando menos que los hombres y teniendo más costos para adquirir seguros de salud, al creciente número de migrantes que llega a nuestro país, etc.

La responsabilidad que hoy pesa sobre Bachelet es considerable. No sólo porque debe consolidarse como la líder de una coalición amplia y heterogénea, que fue la aspiración de sectores de la DC y el PC en los años 60: un frente amplio que agrupara a los partidos de centro izquierda con vocación democrática. Sino además porque sobre este gobierno recaen un gran número de expectativas de diversos sectores sociales que, además, han irrumpido con fuerza en el escenario político, revelando también los límites de la democracia representativa y la necesidad por perfeccionar sus estructuras.

La Presidenta Bachelet se enfrenta así a un doble desafío. Por un lado propone una serie de cambios estructurales en un escenario que se encuentra atravesado por desconfianzas mutuas. El gobierno debe demostrar no sólo que busca iniciar un nuevo ciclo político, sino que le presenta a Chile una nueva forma de ejercer el poder público, propia de un país en el que la sociedad civil va cobrando protagonismo y el poder político debe relacionarse de forma más fluida con ella. Señales de eso son, por ejemplo, la convocatoria que ha hecho el ministro de educación a ex dirigentes estudiantiles para sumarse como asesores al Ministerio de Educación y los acercamientos que ha habido entre el ministro y el colegio de profesores. ¿Lo podemos considerar insuficiente? Sí. Pero también lo podemos considerar un avance en la forma de gobernar, que debería ampliarse, institucionalizarse e imitarse en otras reparticiones.

El segundo desafío que enfrenta el gobierno son las limitaciones a las que se encuentra sometido el sistema político. Nuestra democracia se encuentra aún constreñida por un sistema electoral que no alcanza a ser representativo de los intereses del país y por su total carencia de mecanismos deliberativos y participativos. Ese fenómeno no es propio de Chile, pues el cuestionamiento a la democracia liberal se está produciendo en varias partes del mundo. Eso se mejora precisamente generando las condiciones para un grado mayor de inclusión democrática. Se necesita un claro avance hacia formas más sofisticadas de entender la democracia, más allá de los elementos formales que la constituyen, y que permitan cuestionar, por ejemplo, la concentración de los medios de comunicación y la necesidad de buscar mecanismos para promover el pluralismo en la prensa.

Michelle Bachelet puede representar el éxito o fracaso de la nueva etapa que se abre. El país le ha confiado, como le confió al Presidente Aylwin en 1989, abrir las puertas hacia un camino desconocido, en el cual, como sociedad, debemos encontrar las formas que nos lleven a solucionar los problemas que enfrentemos. Lejos estamos de ser una país ideal, qué duda cabe, pero el primer paso es tener consciencia de las dificultades que nos aquejan para avanzar en soluciones que satisfagan a los sectores más postergados en el país. Con ello no me refiero sólo a los ciudadanos que viven aún en pobreza, sino que también a las minorías que son discriminadas, a las mujeres que siguen ganando menos que los hombres y teniendo más costos para adquirir seguros de salud, al creciente número de migrantes que llega a nuestro país, etc.

En el primer año de gobierno probablemente se manifestarán la mayoría de las tensiones al interior de la coalición de gobierno, especialmente entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. La Concertación debió desarrollar un modo de convivir entre los partidos y, en los primeros años, los movimientos más pequeños abandonaron la coalición, desilusionados por el rumbo programático que venía tomando el gobierno. La Nueva Mayoría se enfrenta al mismo proceso y es un error pensar que puede gobernar de la misma forma que lo hizo la Concertación.

Si la actual coalición oficialista busca consolidarse como una coalición de gobierno, debe construir una plataforma inclusiva en la que los nuevos integrantes puedan influir efectivamente y no sólo aportar con votos. Un primer esfuerzo de eso se apreció en la conformación del gabinete, donde la correlación de fuerzas varió respecto a las anteriores administraciones.

A las tensiones políticas se van a añadir las complicaciones económicas. Si bien las proyecciones de crecimiento están en torno al 4%, hay una tendencia a la desaceleración derivada de la ausencia de reformas estructurales que promuevan el crecimiento. El cobre sigue siendo la fuente principal de financiamiento del presupuesto público y parece haber cierto consenso con el fin del boom en los precios de las materias primas. Eso es un riesgo debido a la exposición de la economía chilena al mercado mundial y además por la incertidumbre que está generando en el mercado la propuesta de reforma tributaria del gobierno.

Puede que el primer año del segundo gobierno de Bachelet sea fundamental para dar un pronóstico más certero respecto al proceso político al que nos estamos enfrentando y podamos visualizar otros obstáculos de más largo plazo, como, por ejemplo, el alzamiento de un liderazgo político que sea capaz de darle continuidad al actual proyecto político que empieza a tomar forma. En su primer gobierno este fue un punto especialmente dificultoso para Bachelet, que ahora debería abordarse cuidadosamente. Seamos optimistas. Esperemos que nos vaya bien.

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