Si queremos generar programas efectivos de alimentación y vida saludable, es necesario considerar las dos caras de la moneda: tanto la responsabilidad que tienen las personas en relación a sus decisiones, como la obligación que tiene el Estado de asegurar (no promocionar) que todas las personas puedan acceder a una vida sana. En una sociedad más justa y más equitativa, todos podríamos “elegir” vivir sano. No sólo algunos.
Mucho debate se ha generado entre los lectores de los medios de comunicación a raíz de la decisión del nuevo gobierno de Bachelet de revisar el Programa Elige Vivir Sano, implementado por el gobierno anterior. Gran parte de las críticas, infelizmente no todas formuladas con el nivel de respeto que cada ser humano se merece, provienen de un desconocimiento de la heterogénea realidad que viven los chilenos hoy en día. Las dificultades, problemas y prioridades con que las distintas clases sociales nos enfrentamos no son en nada parecidas, aunque seamos parte del mismo país.
Una de las razones entregadas para la revisión de dicho programa es el rechazo al principio de libertad de elección que se encuentra en la médula de dicha iniciativa. Ante este argumento, muchas personas se preguntan con sorpresa: ¿pero cómo?, ¿acaso no somos todos libres de hacer lo que queremos?, ¿no puedo yo, acaso, hacer 30 minutos diarios de ejercicio físico y consumir 5 porciones de frutas y verduras al día? Si yo puedo y quienes yo conozco pueden, ¿por qué no podría el resto de los chilenos? La respuesta a estas inquietudes es bastante sencilla (y repetida): vivimos en uno de los países más desiguales del mundo.
Hace aproximadamente un mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”, publicó su informe anual en que evalúa los indicadores de sus países miembros, siendo Chile uno de ellos. De acuerdo a este estudio, Chile es el país más desigual de la agrupación, lo cual significa que por más que los chilenos tratemos de medir a todos con la misma vara, la vida real es completamente diferente. Esto se puede ver, por ejemplo, en el hecho de que los parlamentarios ganen 41 veces más que un trabajador que gana el salario mínimo y que los gerentes reciban entre 85 y 100 veces que ese mismo trabajador (ver datos Fundación Sol). ¿Será que estas personas se enfrentan de la misma manera a los precios del supermercado o la feria?
[cita]Si queremos generar programas efectivos de alimentación y vida saludable, es necesario considerar las dos caras de la moneda: tanto la responsabilidad que tienen las personas en relación a sus decisiones, como la obligación que tiene el Estado de asegurar (no promocionar) que todas las personas puedan acceder a una vida sana. En una sociedad más justa y más equitativa, todos podríamos “elegir” vivir sano. No sólo algunos.[/cita]
El mismo informe de la OECD revela que el 27.8% de los chilenos afirma que durante el último año no le ha alcanzado su ingreso para comer. Nótese, no para “elegir” una dieta sana, sino para alimentarse, en el sentido más básico de la palabra. Mera sobrevivencia.
Varios dirán: ah, ¡pero uno siempre se las puede arreglar para comer sano! O: ¡el precio de una hamburguesa es el mismo que el de una manzana! Tal vez Ud. o yo sí podamos “elegir” tomarnos un yogur en vez de comernos un completo, pero varios de nuestros compatriotas no pueden hacerlo. Y no es porque sean golosos o porque no sepan qué es lo más sano. Las personas tienen claro cuáles son los alimentos que hacen bien y cuáles son los que hacen mal. Pero ¿de qué sirve tanto conocimiento e información si a la hora de pagar la cuenta no les alcanza para comprar lo sano? ¿O si después de gastarse su plata en una ensalada con quesillo al almuerzo tienen que esperar hasta las 9, 10 de la noche para comer un pan con mantequilla y una taza de té? No todos tenemos que desembolsar la misma cantidad de plata para comer las 5 porciones de frutas y verduras al día, recomendadas tanto por el Ministerio de Salud como por la Organización Mundial de la Salud.
No se trata de deslegitimar la preocupación por promocionar mejores prácticas en salud. No hay absolutamente nada reprochable en dicha iniciativa. Pero hemos de convenir que promocionar estilos de vida sin antes preocuparse que ellos sean asequibles a la población no sólo es inefectivo e ineficiente, sino agresivo hacia quienes tienen que hacer malabarismos día a día para poder alimentarse. Si queremos generar programas efectivos de alimentación y vida saludable, es necesario considerar las dos caras de la moneda: tanto la responsabilidad que tienen las personas en relación a sus decisiones, como la obligación que tiene el Estado de asegurar (no promocionar) que todas las personas puedan acceder a una vida sana. En una sociedad más justa y más equitativa, todos podríamos “elegir” vivir sano. No sólo algunos.
