El país está gobernado por los enemigos de la libertad. Los adversarios del régimen, que, se supone, deberían ser los defensores de ella, en lugar de jugar ese papel se pliegan al sistema diseñado para suprimirla y se limitan a sugerir paliativos.
Proponen recetas para “fortalecer la educación pública”, cuando lo que deberían propiciar sería el fortalecimiento de la educación privada, es decir, la libertad de enseñanza, la libertad de programas, la de fundar y elegir establecimientos educacionales de todo nivel. Y la plata del Estado para que los pobres puedan también ejercitarla está, pero la despilfarra la burocracia estatal.
Ayer domingo en “Tolerancia Cero” los panelistas de centro e izquierda insistían en que el senador Allamand (RN) expresara los “principios” que inspiraban a su sector en el tema educacional. Expresó varios, pero aquéllos les negaron la calidad de “principios”. Y en ningún momento mencionó el fundamental: la defensa de la libertad.
En “El Mercurio” de hoy 11.08.14, la senadora Ena von Baer (UDI) también define la posición de su partido ante la reforma educacional y tampoco menciona la libertad de las personas para enseñar y elegir enseñanza como el principal valor amenazado por la iniciativa del régimen socialista.
En el fondo, la libertad está en juego en Chile, pues todo lo que se propone realizar el actual gobierno está dirigido contra ella.
La reforma tributaria persigue que el Estado se quede con una mayor parte de lo que las personas generan con su trabajo, es decir, reduce la libertad de los chilenos para disponer de lo suyo.
La reforma educacional expresamente busca prohibir que las personas se ganen la vida ejercitando su libertad de enseñar, al vedar el lucro, que es la ganancia obtenida en un trabajo. ¿Quién va a dedicarse al emprendimiento de enseñar si no va a poder generar ningún excedente para financiar su inversión y sostenerse a sí mismo? También busca prohibirles a las familias mejorar la educación de sus hijos mediante el copago. Y, finalmente, veda a los colegios la libertad de seleccionar alumnos, la que es consustancial a una libre competencia educacional en que prevalezcan los mejores y que, por consiguiente, haga progresar el nivel de la educación.
Y conste que esa prohibición envuelve una gran hipocresía, pues el pivote fundamental del actual socialismo educacional chileno es la selección, la Prueba de Selección Universitaria, PSU, fuente de rentas monopólicas para el ente estatal que la genera y, además, primer eslabón de la cadena oficial que impide a los colegios tener libertad de programas, pues los alumnos deben rendir la PSU según los “Contenidos Mínimos” (que son “Máximos”) fijados por el Ministerio de Educación, para que sus alumnos aspiren a entrar a la universidad gozando de subsidios.
En fin, también es evidente la ofensiva del Gobierno para terminar con la libertad de elegir en el sistema de salud, revelada por la comisión que formara la Presidenta y que terminará en un plan único y “todos a Fonasa”; y la cuña de la “AFP estatal” para liquidar también a mediano plazo la misma libertad para elegir institución previsional. Fin a las isapres y a las AFPs.
Todos sabemos que después viene, pues está sólo transitoriamente postergada, “la madre de todas las batallas” contra la libertad, la reforma constitucional, cuyo fin principal, si no único, es dejar pendiente de un hilo al derecho de propiedad, para que pueda ser desconocido por el Congreso por mayoría simple en cualquier actividad y a la menor petición que formule “la calle”.
Así se está cavando la tumba del “modelo chileno” que dio libertad y bienestar al país y que lo llevó desde ser el último en 1975 a ser el primero hoy en términos de ingreso por habitante en América Latina.
Benjamín Franklin escribió: “Aquellos que pueden renunciar a la libertad esencial por conseguir una pequeña seguridad transitoria, no merecen ni la libertad ni la seguridad”.
