Señor Director:
Con fecha 10 de abril de 2012 fue publicada en el diario El Mostrador un artículo titulado “Las Investigaciones y Auditorías que ahogan a la UMCE”, aludiendo a dos situaciones ocurridas en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. La primera, una presunta estafa por 400 millones de pesos donde estaría involucrado el “equipo ejecutivo de administración”, y la segunda, referida a la “venta de pases escolares”, cuestión que supuestamente recaería sobre la Dirección de Asuntos Estudiantiles del momento.
Analizada la nota exclusivamente en lo referido a la supuesta “estafa que superaría los $ 400 millones”, concretamente las declaraciones del actual rector Jaime Espinosa Araya, sorprende sus interpretaciones y juicios ofensivos y sancionadores emitidos en momentos en que las instituciones autorizadas por ley para investigar y sancionar los eventuales delitos aún no se pronunciaban.
Por tratarse de un proceso investigativo que recién comenzaba, todos los acusados por la UMCE decidimos guardar silencio, colaborar a que la investigación se desarrollara y la justicia ordinaria emitiera su veredicto, para hacer pública nuestra versión, la misma que hemos sostenido desde el primer día.
Con fecha 22.07.2014 el 8° Juzgado de Garantías de Santiago, presidido por doña Alicia Gemma Rosende Silva, en la causa rotulada RUC: 1100815816 resolvió acoger la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación del imputado Sergio Duarte Torres por no disponer de antecedentes suficientes que avalen una acusación en su contra y establecer que los querellados Luis Fernando Pino Martínez y Pablo Pefaur Cáceres no son imputados, por cuanto, nunca fueron formalizados. Tal resolución echó por tierra las imputaciones de Jaime Espinosa Araya, rector de la UMCE .
Si bien Espinosa estuvo en lo correcto en cuanto a remitir los antecedentes desde el ámbito administrativo a la justicia ordinaria ante la presunción de la existencia de un delito, no correspondía que en forma paralela hiciera declaraciones tendenciosas y hasta injuriosas, sin prudencia y ponderación algunas, en circunstancias que los tribunales de justicia aún no se pronunciaban al respecto. Por ello me permito expresarle lo siguiente:
1.- El rector Espinosa habla de “traición” y “decepción” al referirse a la confianza que había depositado en determinadas personas de su entorno inmediato sin verificar si la información recibida era verdad y las pruebas contundentes, cuando era evidente que el conducto por él utilizado para informarse es sesgado, parcial y falto de objetividad.
2.- El rector Espinosa afirma que quien suscribe esta carta, el Director de Administración y Finanzas de la época, habría sido “negligente al no ejercer todos los controles”, 27 meses antes de que tal afirmación quedara totalmente desprestigiada por la investigación del Ministerio Público y la decisión del 8°Juzgado de Garantías de Santiago. Ciertamente un acto dañoso se facilita por la falta de control y esta, a su vez, puede ser un argumento plausible para calificar a alguien de negligente. Pero no es suficiente para sustentar la hipótesis de la comisión de un delito ni menos para imputarlo pues ello no sólo resulta insolente y temerario, sino que además vulnera la presunción de inocencia establecida por la ley y los derechos a una justa defensa de quienes son acusados al imputar delitos inexistentes con publicidad.
3.- El rector declaró que “jamás sospechó que dentro de su equipo más cercano había una maquinita para defraudar a la institución” y que “de pronto el rumor de pasillo se hizo insoportable…”, para destacar el elemento que lo llevó a efectuar la denuncia ante la justicia ordinaria. La máxima autoridad UMCE debe reconocer como grave sus dichos, tosa vez que los ruidos provenientes de los pasillos como el los llama no tienen nombre ni rostro, y que tras el rumor generalmente se esconden frustraciones, amarguras, anonimatos y, en general condiciones de desgaste y descomposición de las organizaciones, lo que es muy grave para una universidad. Tales ruidos jamás podrían servir de sustento para construir una acusación, pues de otra manera la insolencia, la descalificación, la injuria y la calumnia se constituirían en los pilares fundamentales para construir un argumento acusador.
4.- Por todo lo anterior, quienes fuimos acusados por la Universidad UMCE, cuyo representante legal es el actual rector Jaime Espinosa Araya, nos imponemos la obligación de exponer a la opinión pública nuestra total y más absoluta inocencia respecto de los delitos de “estafa”, “fraude al fisco” y “conformación de una maquinita para defraudar a la institución”, calificaciones que esta autoridad máxima pretendió estampar en nuestros antecedentes por medios de prensa antes que la autoridad jurisdiccional emitiera su veredicto.
5.- Finalmente, todos quienes fuimos aludidos en la nota del Diario El Mostrador de fecha 10 de abril de 2012 nunca fuimos contactados por el periodista autor de la nota, Felipe Saleh, trámite que con toda seguridad le habría dado otro contexto al tema en cuestión, toda vez que, se habría expuesto con justicia la otra versión de los hechos. Finalmente, se publicó sólo la versión del rector Jaime Espinosa Araya en representación de la UMCE, y con ello, una versión sesgada que poco contribuyó al esclarecimiento de los hechos.
Luis Fernando Pino Martínez
