En Chile nadie se hace responsable de nada. El poder se protege a sí mismo y los más pobres se joden, literalmente.
Por 71 votos contra 30, la cámara de diputados rechazó la acusación constitucional contra el Ministro Héctor Carreño. A la salida de la sala, algunos parlamentarios señalaban que “no se sacaba nada con acusar al ministro, que eso no solucionaba el problema”. Como si la falta de justicia para el pobre no fuera parte del problema.
Qué lejana resulta para un niño pobre la palabra justicia. Ellos sólo conocen de sospecha, desprecio, falta de oportunidades, maltrato, abuso. De justicia, nada, absolutamente nada.
“Hablo por los más de 15 mil niños, niñas y adolescentes que hoy se encuentran bajo la tutela del Estado en recintos públicos del Servicio Nacional de Menores o en recintos privados financiados con recursos públicos. Hablo por niños, niñas y adolescentes que, de ese grupo, perdieron su inocencia a manos de inescrupulosos delincuentes que han cometido en contra de ellos todo tipo de abusos físicos, sicológicos y sexuales”, decía el diputado a cargo de la acusación, René Saffirio en la cámara, al momento de votarse dicha acusación.
Sin embargo, la votación de los diputados acalló las voces de esos niños. Nadie es culpable de los abusos, de la violencia, del abandono del Estado de niños sobre quienes tiene posición de garante, de cuya seguridad es el único responsable.
Siempre he señalado lo peligroso que es atacar al poder judicial, porque en última instancia, son los tribunales superiores quienes protegen los derechos ciudadanos, son ellos los garantes de nuestros derechos como ser humano y como chilenos. Al menos así lo dice la doctrina. Pero esta vez fue un ministro de la Corte Suprema quien miró hacia el lado, quien se preocupó de “despejar” con rapidez las causas acumuladas, terminándolas con sentencias tipo, tras procesos que no cumplían ni siquiera el procedimiento establecido por la ley para los juicios de familia.
Pero los diputados consideraron que esto no era abandono notable de sus funciones, olvidando que su función, por ley, es hacer justicia, no despejar los tribunales.
“Hablo por este último grupo de niños y niñas para quienes cada atardecer comienza un nuevo tormento, pues el inicio de la oscuridad es sinónimo de miedo, violencia, abuso sexual, violación”, continuaba el diputado Saffirio. Pero la violencia sexual contra menores vulnerables ya es asumida como “normal” y nadie parecía muy conmovido, salvo claro, las diputadas y diputados que firmaron la acusación: Ricardo Rincón, Luis Rocafull, Tucapel Jiménez, Iván Fuentes, Alejandra Sepúlveda, Maya Fernández, Yasna Provoste, Cristina Girardi y Fidel Espinoza.
El año 2010 murieron 75 menores en poder del Estado. Sí, ¡75! Nos sigue Guatemala con ocho. Somos, lejos, top one.
El ministro Héctor Carreño fue designado por la Corte Suprema como encargado de velar por el funcionamiento de los tribunales de familia el 16 de noviembre de 2007. El propio ministro señaló el 2013 que él es quien dirige la justicia de familia en Chile.
La acusación pretendía hacerlo responsable de acelerar los procedimientos de tal forma, que dejó sin protección a las víctimas de violencia intrafamiliar, niños y mujeres, y sometió a confinamiento a niños sin plazos ni razones jurídicamente aceptables. Se le quería hacer responsable de haber usado plantillas tipo para sentencias, en una materia tan delicada como la violencia intrafamiliar, donde no está en juego el pago de un cheque ni el embargo de un microondas, sino el futuro y la vida de niñas, niños y adolescentes. Se le quería hacer responsable por fijar estándares mínimos de prueba, tan ridículamente bajos, que dejan fuera la posibilidad de que los jueces fallen con total comprensión del problema. Por saltarse la audiencia de conciliación, por el término de procesos en la audiencia indagatoria, sin una sentencia real, sin pruebas (les pido que recuerden que hablamos de proteger a niños y adolescentes vulnerables) y ordenó a los jueces apurar las causas, cambiando la ley procesal, en un abuso de interpretación de un autoacordado de la Corte Suprema.
Sin embargo, los diputados, 71 de ellos, determinaron que el ministro Carreño no tenía responsabilidad en estos hechos.
Se dictaron sentencias después de que una asesora técnica hablara por teléfono con una denunciante y señalara que iba a retirar la denuncia. El tipo dejó el hogar “y se llevó a uno de sus hijos” pero ese detalle no significó nada para el juez que cerró el caso sin ningún otro trámite. Y así hay varias sentencias.
No me alargaré más, porque me parece que esto es más que suficiente.
71 diputados que usando excusas como: “Estaba dentro de sus facultades”, “siempre se ha hecho así”, “esta es una persecución”, “no queda clara su responsabilidad”, etc. decidieron abandonar, ellos también, a los niños maltratados.
En Chile, donde el 75% de los menores ha sufrido algún tipo de maltrato, donde 75 niños han muerto en oscuras circunstancias en hogares a cargo del Estado o de privados, que reciben fondos del Estado para cuidar a esos menores. Menores, muchos que no han cometido delito alguno, sino que fueron llevados a esos hogares para su “protección”.
“Hablo por aquellos 8 niños del Centro Alborada de Temuco que, cumpliendo una medida de protección, murieron calcinados en una celda porque las personas encargadas de su custodia se negaron a abrirla. Hablo por las pequeñas explotadas sexualmente en Arica, usadas por sus custodios del Estado para recibir dinero fácil de depravados constituidos en redes de abuso sexual infantil.
Hablo por los niños de las Aldeas S.O.S. de Padre Las Casas, que debieron ser rescatados por familiares para impedir que -a partir de una medida de protección del Estado- siguieran siendo sistemáticamente violados por una red de pedófilos con la complicidad de personal de servicio de esa entidad.
Hablo por Millaray que, nacida el 25 de febrero de 2011 y a los tres meses de edad, es arrebatada de su familia, internada en la Casa Nacional del Niño e inicia un camino sin retorno hacia una institucionalización de tiempo indefinido”, continúa Saffirio, pero 71 diputados, simplemente, no quisieron escuchar.
Chile se preocupa de sus niños, de los niños del 10% más acomodado, esos sí pueden aspirar a la protección del Estado. Estos otros niños, no valen lo mismo para estos 71 diputados. Ellos no valen nada.
El contundente discurso final de la acusación contra el ministro Carreño, a cargo del diputado acusador, René Saffirio, puede leerlo en extenso aquí
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
