Cuánto costó el conflicto privado más caro de la historia: Joyvio versus Isidoro Quiroga

No faltó nada. Ni un país, ni un tribunal, ni menos abogados -chilenos y extranjeros- en el conflicto entre privados considerado en la plaza como el más caro de la historia. Bordea los US$50 millones…

Mientras una parte celebra, la otra se toma la cabeza, porque nunca había ocurrido que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso para anular un arbitraje internacional. De las 30 solicitudes presentadas bajo la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional, vigente en Chile desde 2004, jamás se invalidó uno.

El abogado Alberto Eguiguren, estratega legal de la empresa china Joyvio, estaba confiado. “En Chile jamás se ha acogido una nulidad en un juicio de este tipo”, declaró a Pulso el 21 de agosto del año pasado.

Pero sucedió. Y trajo coletazos legales y al interior de Joyvio Food que, en 2019, pagó US$920 millones por la salmonera Australis a Isidoro Quiroga, su fundador y controlador.

El presidente de Joyvio Food, Shaopeng Chen, quien viajó en dos oportunidades a Chile, renunció a la presidencia de la compañía, pero aún mantiene el mismo cargo en Joyvio Group, la matriz. También salió del directorio Qingtong Zhou. No es casual: sus dimisiones se produjeron seis días después de la sentencia de la Corte, por lo que la lectura obvia es que fueron consecuencia de la derrota.

A Eguiguren el resultado lo pilló en Nueva York, donde iba a asistir a una audiencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de ese estado, fijada para el 25 de junio. Pero el día anterior se conoció el fallo y Joyvio retiró la demanda en la que pedía información bancaria de Isidoro Quiroga, familiares y excolaboradores a nueve instituciones financieras. Al anularse el laudo arbitral, Joyvio dejó de ser acreedor de Quiroga. El tribunal neoyorquino ordenó cerrar el caso.

En Florida, QuinnEmanuel, la firma de abogados especialista en ejecución de sentencias, contratada por Eguiguren a nombre de Joyvio y que se describe a sí misma como “la más temida”, informó al Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida que el fallo arbitral que pretendía ejecutar, había quedado sin efecto. Y retiró la acción legal.

El mismo Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida rechazó, en febrero de 2024, la solicitud de Joyvio que pedía la entrega de información bancaria de Quiroga y parte de su familia al JP Morgan, por encontrarse mal articulada. Los chinos insistieron y en diciembre de 2025, volvió a ser denegada.

Joyvio: costas por US$3 millones

Como si no bastaran las noticias negativas para Joyvio, hubo una por partida doble en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. La empresa china había presentado, en junio de 2023, una demanda por indemnización de perjuicios en contra de Quiroga, dos hijos y Martín Guiloff (expresidente de Australis) por la venta fraudulenta de la salmonera. Quiroga se había radicado en Londres y regresó a Chile.

El juez del tribunal inglés acogió el argumento de la defensa del empresario y, en octubre de 2024, resolvió que Chile era, claramente y sin duda alguna, la jurisdicción más adecuada.

Y el pasado 23 de abril ordenó a Joyvio pagar el equivalente a US$3 millones por concepto de costas (gastos del juicio de la contraparte), a más tardar, el 12 de junio, lo que, hasta el cierre de esta edición, no había ocurrido.

El 10 de junio Joyvio revocó el patrocinio a sus abogados del estudio británicos Stewarts Law LLP, informando que a partir de ese momento, “actuaré en mi propio nombre”.

No tuvieron mejor suerte en el Tribunal Superior de Delaware, en el que Joyvio y Australis acusaron a Quiroga y sus sociedades de una supuesta transferencia fraudulenta de activos. En agosto de 2024, el tribunal desestimó las alegaciones, lo que fue ratificado siete meses después por no existir un caso razonable contra los demandados en los términos planteados y no tener conexiones sustantivas con Delaware.

A los fracasos legales se suman los altísimos costos de contratar abogados en Nueva York, Miami, Delaware e Inglaterra. Cinco expertos consultados por El Mostrador calculan que en el capítulo internacional, Joyvio desembolsó unos US$20 millones más las costas por US$3 millones. La hora de un buen abogado en Londres puede llegar a US$2.500 y en Estados Unidos a US$1.500.

Frente a las demandas y solicitudes de información bancaria, Quiroga tuvo que defenderse. Y contrató asesores legales, cuyo costo los expertos estiman en unos US$10 millones por la necesidad de cubrir el riesgo de exposición patrimonial en todas las jurisdicciones.

En el cálculo de los valores de cada etapa del conflicto y de los informes solicitados por las partes participaron dos abogados civiles, un penalista, un árbitro y un litigante que conoce de arbitrajes.

Los 62 informes de las partes

Ocho informes en derecho solicitó la firma china para el arbitraje. En el caso de Carlos Peña y Enrique Barros fueron dos cada uno. También se repitieron el plato Emanuel Ibarra (exfiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente) que entregó uno; Jessica Fuentes (exsubdirectora jurídica de Sernapesca) y Eugenio Zamorano (exjefe de acuicultura de Sernapesca) que hicieron uno los dos juntos y otro con Ibarra.

Para el recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones, Joyvio contrató dos abogados internacionales (Diego Fernández Arroyo y Eduardo Silva Romero) y cuatro chilenos.

Aquabench presentó un informe técnico. Sebastián Edwards y la empresa FK Economics corrieron con los económicos.

Como apoyo para las querellas por estafa presentada por Gabriel Zaliasnik, en representación de Joyvio, y administración desleal interpuesta por Jorge Bofill, a nombre de Australis, que están acumuladas, fueron contratados el jurista español Ivo Coca-Vila, que hizo dos informes; el excontralor Jorge Bermudez; Emanuel Ibarra junto a Benjamín Muhr entregaron uno; Javier Wilenmann dos; Wilenmann junto a Carlos Correa Robles otro; la auditora KPMG; la firma estadounidense Kroll; la dupla española Jesús Silva Sánchez y Nuria Pastor hizo dos informes; y otros dos FK Economics. Unos buscaban acreditar el delito de administración desleal y otros el de estafa.

Las querellas están dirigidas contra Quiroga, su hijo Benjamín, Martín Guiloff y Santiago Garretón (exgerente de finanzas de Australis) y la de Zaliasnik incluyó también a las hermanas María Victoria y María Dolores Quiroga, Isidoro Quiroga hijo y Luis Felipe Correa (exdirector de la salmonera).

El 15 de enero del año pasado, a nueve meses de la primera querella y siete de la segunda, la fiscal adjunta de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, formalizó a Quiroga, Guiloff y Garretón por estafa y administración desleal. Tras regresar de su postnatal Encina fue reemplazada por el fiscal Juan Pablo Araya, a cargo de investigar los casos Sartor y Factop.

En total, fueron 31 informes en derecho, económicos, técnicos, penales y uno ante el Tribunal de Inglaterra y Gales.

Según las estimaciones de los cinco expertos, el costo en este ítem habría ascendido a US$1,7 millones.

Quiroga también contrató 31 informes. Siete en derecho para el arbitraje; Víctor Vial entregó dos y Carlos Ciappa junto Ricardo Irarrázaval uno en dupla.

Para defender la nulidad del fallo arbitral fueron tres abogados chilenos y tres súper expertos internacionales, incluyendo a Gary Born, quizás el más famoso del mundo, el francés Yves Derrains y el español José María Alonso.

Para la arista económica, tres rostros muy conocidos: Jorge Quiroz, actual ministro de Hacienda; Patricio Arrau, socio de Gerens, y Fernando Coloma, exsuperintendente de Valores.

Hubo cinco informes técnicos de tres exsuperintendentes de Medio Ambiente, un exsubsecretario de Pesca y una exdirectora de Sernapesca. Y uno ante el Tribunal de Inglaterra y Gales.

Para la defensa en las querellas por estafa y administración desleal, encargaron informes a los penalistas Héctor Hernández, Juan Pablo Mañalich, Gonzalo Medina, Lautaro Contreras, Laura Mayer y el español Ramón Ragués, al especialista en derecho administrativo y excontralor Ramiro Mendoza, a la auditora Deloitte y un informe económico que hicieron en conjunto Oscar Landerretche, Andrés Gómez-Lobo y Ronaldo Bruna.

En total, el desembolso estimado por los cinco consultados asciende a US$1,9 millones.

Los estudios de abogados

Más difícil de estimar resultan los honorarios de los abogados. Si bien es sabido que los civiles cobran un monto fijo y otro variable conocido como cuota litis (honorarios por éxito), en este caso los que iban ganando perdieron y los que iban perdiendo, triunfaron.

Por el lado de Joyvio y Australis, están Alberto Eguiguren (socio de Russi & Eguiguren) que armó el equipo legal, por lo que sería el mejor pagado; Jorge Bofill, penalista muy reputado; Gabriel Zaliasnik, actual embajador en Israel investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso por los delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y negociación incompatible. Más Sebastián Oddo y Carolina Alcalde, quienes alegaron en el arbitraje. Y Carlos Peña, el rector de UDP que lo hizo en la Corte de Apelaciones oponiéndose a la nulidad del fallo arbitral. Con la salida de Zaliasnik entró el fogueado Hugo Rivera.

Sumándolos a todos, los cinco expertos consultados calculan que Joyvio pagó un monto fijo por unos US$3,5 millones. A repartir entre Eguiguren, Bofill, Zaliasnik, Oddo, Rivera y Alcalde.

Los honorarios por éxito iban a ser los más suculentos. De haber ganado lo que pretendían los chinos, que Quiroga devolviera los US$920 millones pagados por la compra de Australis, podrían haber recibido un premio equivalente al 15% del recupero como dicen los abogados, que es lo obtenido, con un límite de US$45 millones, según ha trascendido.

Y si no se hubiera anulado el fallo arbitral, que por dos votos contra uno condenó a Quiroga pagar US$300 millones a los chinos por un ajuste de precios provocado por los nuevos estándares ambientales de la autoridad con posterioridad a la venta, podrían haber recibido honorarios por éxito también por el 15% de lo obtenido por su cliente. Es decir, US$45 millones.

Pero no hubo éxito.

Del otro lado, está el gran ganador: el estudio Claro y Cía., con Cristóbal Eyzaguirre a la cabeza. El abogado consiguió la nulidad de un fallo arbitral por primera vez en los casi 22 años de vigencia de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional en Chile.

En la arista penal, participan su socio Alex van Weezel y Juan Domingo Acosta (Acosta & Cía.).

Cuando se defiende a un demandado, el premio no se fija necesariamente como un porcentaje alto del monto ahorrado, porque lo normal es que la contraparte pida con el tejo muy pasado. Por lo que Claro y Cía. tiene que haber fijado un monto fijo importante que, según los consultados, es muy probable haya incluido las horas destinadas al caso -hasta ahora van tres años y medio- más un premio.

Los cinco expertos debatieron bastante y concluyeron que Claro y Cía. pudo haber cobrado un honorario fijo de US$6 millones más un premio de US$10 millones por remontar un resultado adverso que se pagaría cuando el caso se cierre definitivamente.

Lo ya ganado (el fijo) entra a las arcas generales del estudio Claro y se reparte entre los 27 socios. Cada uno cobra de acuerdo a su participación en el estudio.

Otro costo fue el de los árbitros Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes -el primero de común acuerdo, el segundo por Joyvio y el tercero por Quiroga- quienes cobraron US$2,4 millones.

Hasta ahora, ambas partes, siempre según estimaciones, han desembolsado US$48.500.000.

¿Habrá nuevo litigio?

La última pregunta es, quizás, la que más cuesta responder a los entendidos en arbitrajes, que son pocos. Como nunca se había anulado un laudo arbitral internacional hay más dudas que certezas, ya que no existen precedentes.

¿Qué caminos tiene Joyvio tras la derrota? Uno es pedir un nuevo arbitraje, comenzando de cero. Otro es solicitar que se dicte una nueva sentencia, a partir de los informes en derecho, económicos y técnicos, las pruebas, testimonios de los testigos y alegatos de las partes ya entregados.

Eguiguren fue ambiguo. “Estamos convencidos de que el resultado en la Corte de Apelaciones reabre por completo la contienda judicial”, declaró el 28 de junio en Economía y Negocios, dando la impresión de que la opción sería un nuevo arbitraje. Pero después señaló “comenzaremos a la brevedad, en los próximos días, el procedimiento que corresponda ante el CAM”, sin aclarar cuál.

Dado que la Corte de Apelaciones anuló la sentencia del tribunal arbitral, los chinos podrían pedir una nueva sentencia. Si el CAM designa a los tres árbitros, uno nombrado por cada parte y un tercero de común acuerdo, serán ellos los encargados de decidir si se dicta un nuevo fallo o un procedimiento desde fojas cero, pero en este último caso aplicaría la prescripción, ya que se trataría de una nueva demanda arbitral y el plazo de la prescripción corre desde febrero de 2019, la fecha del contrato de compraventa, lo que supera con creces el plazo de cuatro años (de la prescripción).

Más importante es que, cuando el CAM siente a las partes para aceptar un nuevo proceso, el estudio Claro y Cía. se va a oponer. Sea con un recurso contra el CAM o contra los árbitros.

Todo habría sido más fácil si la misma Corte en su fallo hubiese establecido si procedía un nuevo arbitraje, una nueva sentencia o daba por concluido el caso.