Opinión
Lo que se busca es tener un país más igualitario resolviendo una de las injusticias más duras, la que proviene de lo territorial, ya que un niño chileno, dependiendo de dónde nazca, jamás va a tener las mismas oportunidades en la vida. Lo anterior pasa por tener un número de regiones que sean substancialmente similares en potencialidades, por lo que podrán fusionarse o dividirse, pero siempre sobre la base de estudios técnicos y mínimos geográficos y poblacionales que las hagan viables, ya que nada sería más perjudicial para el proceso que se retroceda en vez de avanzar.
El día 4 de abril, en La Moneda, la Presidenta Bachelet constituyó la “Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional”.
Me cuento entre aquellos chilenos que miraban con escepticismo a todo tipo de comisión, pero hoy digo que me siento agradecido de haber sido uno de los comisionados, ya que el trabajo fue serio y el producto oportuno, moderado y coherente. Una comisión oficial de este tipo es algo inédito en la historia de nuestro país, como también la propuesta.
Se trabajó en cinco comisiones con personas de diversas experiencias y posiciones, pero con el denominador común de trayectoria e interés en el tema. Una vez al mes, en distintas ciudades se realizaban plenarias donde se votaban los acuerdos alcanzados, lo que permitía avanzar al mismo tiempo en el documento final, cuyo borrador fue votado en una plenaria final, incluyendo las opiniones de quienes no pudieron asistir. Todo lo anterior fue acompañado por un proceso muy participativo e intenso de Diálogos Regionales, en los que participaron miles de personas, además de todos quienes aportaron a través del sitio web creado especialmente al efecto.
Lo que se le entregó a la Presidenta aleja a Chile de un Estado Federal, manteniéndose la estructura vertebral a través de delegados presidenciales y de instituciones como la Justicia, Gobierno Interior, Policía, Contraloría y similares, pero se da un paso substancial al definir al Estado de Chile como un Estado descentralizado, con gobiernos regionales dotados de autonomía. Es decir, se encuentra una definición adecuada a Chile, su historia y diversidad a través de las regiones, así como otros países han encontrado otras instituciones que se adaptan a sus propias características esenciales.
Este es un cambio de carácter histórico, porque Chile no ha sido nunca un país descentralizado, ni como colonia ni como nación independiente. Unido a lo anterior, se propone la elección de la máxima autoridad regional, conjuntamente con el traspaso de recursos presupuestarios, competencias, servicios y programas. En otras palabras, van a existir de carácter nacional, pero también de tipo regional. Esta autoridad ejecutiva tendrá su contrapeso en un Consejo Regional, también electo, que lo fiscalizará y generará la normativa legal exclusiva de la región.
El fundamento que permitirá la autonomía será un Ley de Rentas Regionales de la que hoy Chile carece, al mismo tiempo que se fortalece la Ley de Rentas Municipales. La novedad es que esto va ligado al Presupuesto del país, estableciéndose la corresponsabilidad, que permita el endeudamiento regional pero con límites para asegurar que se haga con responsabilidad.
Es eso lo que se asegura también a través de un Fondo de Convergencia para la Equidad Interregional, a través de indicadores objetivos que busquen igualdad entre las regiones para que todas puedan entregar mínimos comunes de servicios garantizados en cualquier parte del territorio nacional, y aquella región que posee una riqueza particular obtenga frutos de ello, pero al mismo tiempo compense a aquellas que le proporcionan la energía o el alimento.
[cita]La propuesta considera la existencia de gobiernos regionales y también locales, donde por primera vez las municipalidades podrían convertirse en verdaderos gobiernos. El espacio provincial se reservaría para el gobierno interior, la administración de las instituciones que conservan carácter nacional y no regional, y delegados presidenciales para mantener la unidad esencial del país. [/cita]
Al mismo tiempo, clave es el elemento que en definitiva puede marcar la diferencia entre un mejor o un discreto desempeño: la creación de Sistemas Regionales de Gestión de Capital Humano, ya que sin ello no podremos contar con un desarrollo equilibrado a través de todo el país, por lo que se deberán utilizar todos los incentivos para atraer, retener y formar capital humano de primer nivel en todas y cada una de las regiones.
Por último, se debe buscar el fortalecimiento de la Institucionalidad Pública Regional y la revigorización de nuestro sistema político, a través de una serie de propuestas que buscan una Democracia Local y Regional de mayor calidad y de más alto nivel de Participación Ciudadana.
Por cierto, esto se traduce en un conjunto de propuestas muy concretas, que incluyen plebiscitos locales y regionales, primarias obligatorias, partidos políticos de carácter regional, limitación a la permanencia indefinida de las mismas autoridades, la exigencia de un voto programático de las candidaturas y la posibilidad de resolver crisis políticas regionales a través de elecciones revocatorias y, muy importante, que quienes sean electos en las regiones y en los municipios, tengan residencia efectiva en esos lugares.
El espacio no da para mayores detalles, pero el conjunto del documento entregado a la Presidenta seguramente va a obtener la mayor difusión. Aún más, el trabajo de la Comisión fue silencioso, ya que no correspondía reemplazar al verdadero debate en democracia que debe darse en el Congreso. Se hizo un esfuerzo grande para presentarle UNA propuesta coherente y razonable a la Presidenta, por lo que muchas ideas fueron el resultado de acuerdos internos, ya que no se perdió de vista el objetivo central, por lo que nunca nos alejamos de lo que se nos pidió: una propuesta para descentralizar y regionalizar al país, lo que por seriedad tuvo como consecuencia no entrar en temas que no nos habían sido solicitados, pero, al mismo tiempo, no se le quitó el cuerpo a ningún tema, incluyendo el de los chilenos de origen mapuche.
En resumen, lo que se busca es tener un país más igualitario resolviendo una de las injusticias más duras, la que proviene de lo territorial, ya que un niño chileno, dependiendo de dónde nazca, jamás va a tener las mismas oportunidades en la vida. Lo anterior pasa por tener un número de regiones que sean substancialmente similares en potencialidades, por lo que podrán fusionarse o dividirse, pero siempre sobre la base de estudios técnicos y mínimos geográficos y poblacionales que las hagan viables, ya que nada sería más perjudicial para el proceso que se retroceda en vez de avanzar.
Por sobre todo, las decisiones tienen que ser tomadas por las mismas regiones a través de sus Consejos municipales y regionales, y vía el correspondiente plebiscito. Por ello, no le correspondía a la Comisión armar o desarmar regiones, lo que también incluye a nuevas, ya que esta decisión debe ser el producto futuro de los propios órganos que se den quienes allí viven.
Lo mismo se debe decir de la Creación de un Sistema de Administración de Áreas Metropolitanas, ya que no es lo mismo la Metropolitana que el eje Concepción-Talcahuano, el de Valparaíso-Viña del Mar o el de Coquimbo-La Serena, solo por mencionar algunas. La forma en que se articulen con sus respectivos gobiernos municipales es una tarea para las futuras autoridades electas, donde lo importante es que estas áreas, si se dividen, lo hagan de forma que sean gobernables y habitables, a través de elementos que garanticen su sustentabilidad y calidad de vida, en condiciones de igualdad con otros territorios.
La propuesta considera la existencia de gobiernos regionales y también locales, donde por primera vez las municipalidades podrían convertirse en verdaderos gobiernos. El espacio provincial se reservaría para el gobierno interior, la administración de las instituciones que conservan carácter nacional y no regional, y delegados presidenciales para mantener la unidad esencial del país.
En la propuesta hay consideraciones de principios en los que tiene un lugar destacado la ética política, tales como igualdad territorial (ya que ninguna entidad debe ejercer tutela sobre otra), subsidiariedad regional (radicar cada función pública en el nivel donde se ejerce mejor), la aceptación de realidades territoriales diversas, correspondencia entre responsabilidades y recursos (que el traspaso de competencias esté acompañado de los recursos requeridos), cohesión social y gobernanza territorial (buena relación público-privada y prácticas permanentes de diálogo con la comunidad).
En lo constitucional, trae consigo un verdadero bloque con una nueva forma de Estado, uno Regional Descentralizado. En otras palabras, en Chile sigue existiendo un territorio indivisible y soberanía única, pero al mismo tiempo aparecen, como novedad, entidades territoriales autónomas en el ámbito de su competencia, donde también existe una separación de funciones entre el gobierno regional y el gobierno interior, representando al gobierno nacional, y donde el poder descentralizado se ejerce a dos niveles: regiones y comunas, siempre a través de la elección popular de toda autoridad de estas entidades territoriales. Los conflictos de competencia serán resueltos por el Tribunal Constitucional.
Hay propuestas en las cinco comisiones en las que se trabajó: descentralización política, descentralización administrativa, descentralización fiscal-económica, fortalecimiento de las capacidades locales y regionales, y participación ciudadana y control democrático, entendiendo que hay medidas estratégicas a ser priorizadas, a través de dos categorías: esenciales (por ejemplo, elección de la más alta autoridad regional, como lo es el actual intendente o las modificaciones constitucionales habilitantes para descentralizar a Chile) y complementarias (a saber, descentralización participativa, sistema educativo con énfasis en educación cívica). A modo de ejemplo, en temas como medio ambiente, salud o educación, la participación local debe ser siempre considerada, y las decisiones, respetadas.
En lo financiero, la descentralización debe hacerse con toda seriedad, evitando endeudamientos irresponsables, por lo que al mismo tiempo que se aseguren los recursos necesarios para la inversión descentralizada, deberá regularse el endeudamiento municipal o regional para evitar que se transforme en una carga para otras regiones. Esta medida termina favoreciendo a la propia inversión regional, ya que la seriedad de asegurar el pago permite un costo de endeudamiento más barato para la propia región y, por lo tanto, favorece a sus habitantes.
Por cierto, ninguna región debe ser obligada a aceptar lo que no quiere, por lo que probablemente veremos tiempos distintos de avance en este proceso, ya que algunas están listas y deseosas, mientras que otras querrán avanzar a otro ritmo, lo que es absolutamente legítimo, y siempre deberán ser aceptadas las decisiones democráticas a nivel local.
En lo relativo al tema mapuche, la Comisión adoptó la propuesta de un intelectual de ese origen que, sobre la base del Convenio 169, da un paso más, permitiendo, si así lo estiman quienes viven en la Región, la declaración de La Araucanía como región multicultural. Es un proceso de reconocimiento basado profundamente en la historia, que a través del estatuto respectivo permitiría abordar soluciones que destierren la violencia a través de reconocimientos culturales tales como el uso oficial de lenguas distintas al castellano, el reconocimiento y garantía de la multiculturalidad, el reconocimiento de las formas de organización y participación indígenas en la institucionalidad política regional, incluyendo la aprobación de un porcentaje de escaños reservados para ciudadanos indígenas, por un lapso no inferior a 20 años en todas las elecciones.
Por cierto, el mismo procedimiento podrá extenderse a otras regiones para reconocer su singularidad multicultural, incluyendo la agrupación de municipios limítrofes. Dado el fortalecimiento que se busca de la democracia, toda decisión final deberá ser plebiscitada en algún momento.
Como conclusión y resumen debemos decir que ha habido otras reformas en nuestro país, incluyendo educacionales y tributarias, pero nada semejante a esta propuesta de descentralización y regionalización del país, por lo que en mi opinión personal (subrayo que es personal), debe hacerse a través de un gran acuerdo nacional y en un horizonte de tiempo de alrededor de 20 a 30 años para que esté en total estado de régimen.
Es demasiado importante como para hacerlo de otra forma, incluyendo el error y ensayo. Lo importante es que el resultado sea un Chile territorialmente más justo e igualitario, con una apreciable disminución de ese gran pecado social llamado clasismo a través de la equidad territorial.
Continuando con la opinión personal, creo que antes de que termine el mandato de la Presidenta Bachelet se debieran concentrar las energías en tres medidas emblemáticas: la primera es la elección de la máxima autoridad regional; la segunda, la entrega de los recursos necesarios para poder gobernar; y la tercera, un articulado de la Constitución que permita tanto la existencia de competencias nacionales como regionales, y la institucionalidad adecuada, quedando registrado en los libros de historia el inicio del proceso.
Después se podría dar, por el espacio de tiempo señalado, un gran proyecto nacional que le dé un horizonte al país, con un tema de Estado que realmente nos permita acercarnos al desarrollo, con acuerdos y políticas descentralizadoras a ser seguidas por todos los gobiernos, ya que esa es la forma colaborativa en que se construyen las naciones.
