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Salud Mental en Chile: ¿un tema de Estado?

por 11 octubre, 2014

La salud mental en NNA puede ser entendida también como un resultado más de la inequidad social existente en nuestro país. Dimensiones socioeconómicas desfavorables actúan como predictores de peores condiciones de salud mental.
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En estos días se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Como todos sabemos, Chile exhibe dramáticos resultados en la materia. Especialmente, si consideramos a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA). Uno de cada cinco NNA en Chile presenta algún problema de salud mental acompañado de discapacidad, lo cual interfiere con su desarrollo actual y posterior. En 2009, el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte externa en jóvenes, superando incluso a la mortalidad por accidentes de tránsito. Éste es el resultado más grave de no atender oportunamente la salud mental de jóvenes.

Asimismo, la escasa evidencia disponible sobre este tema impide la acción eficaz del Estado.

La salud mental en NNA puede ser entendida también como un resultado más de la inequidad social existente en nuestro país. Dimensiones socioeconómicas desfavorables actúan como predictores de peores condiciones de salud mental. Hoy en Chile es posible observar procesos de discriminación que se van agregando: a las inequidades de infraestructura, se les suman las territoriales y de disponibilidad de especialistas, entre otras.

La salud mental en NNA puede ser entendida también como un resultado más de la inequidad social existente en nuestro país. Dimensiones socioeconómicas desfavorables actúan como predictores de peores condiciones de salud mental.

Las brechas existentes entre regiones y comunas tanto para la provisión del servicio (horas profesionales) como en la disponibilidad de infraestructura (camas psiquiátricas de corta, mediana y larga estadía), muestran enormes inequidades de acceso a la atención en salud mental infantojuvenil. Los beneficiarios de las Isapres tienen un acceso 8 veces superior al de los beneficiarios de Fonasa. Estos y otros temas se abordan en profundidad en el Informe de Derechos Humanos UDP 2014 que próximamente publicará la Universidad Diego Portales.

¿Se puede hacer más? Sí, el Estado tiene la obligación de hacer más y mejor lo que hace en esta materia. Algunas de las recomendaciones al Estado señaladas en el informe: aumentar el gasto, pues los retornos de la inversión en salud mental infantojuvenil son altísimos si se consideran los ahorros futuros en que incurrirá el Estado. Mientras tengamos un gasto en salud mental que bordea el 2% del presupuesto total de salud difícilmente podremos dar el necesario salto hacia adelante: más recursos para la prevención, promoción y atención en salud mental infantojuvenil, de acuerdo con las características del sistema de salud del país y las necesidades de la infancia, evitando la discriminación social que hoy atraviesa la provisión de este servicio. Asimismo, el Estado debe desplegar esfuerzos para disminuir las barreras de entrada al sistema de salud en materia de salud mental: abordando el estigma asociado a ésta e informando a la población respecto de la disponibilidad de la oferta pública existente.Finalmente, se requiere de un Enfoque de gobierno-total: un órgano que sea capaz de coordinar las diversas respuestas que el Estado –a través de múltiples programas– entrega a la población infantojuvenil, articulando así los respectivos Ministerios. Esto implicaría la gestión eficiente de recursos y la entrega de una respuesta integral a las necesidades de esta población vulnerada. La salud mental infantojuvenil debe convertirse en una prioridad y un tema de Estado.

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