Dar una conferencia pagada al Grupo Penta no era, hasta ahora, delito, como no lo era pertenecer hace cuarenta años al Ejército de Chile o trasladar tres presos de una comisaría a la base aérea de Maquehue y entregarlos sanos y salvos.
Es un hecho que el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que bajo el gobierno de Piñera multiplicó por tres los procesos ilegales contra militares y ahora ha dado “una vuelta de tuerca más” al conseguir que se detuviera a quien es la principal “bete noir” para el oficialismo, el ex alcalde Labbé, por “asociación ilícita” (única razón posible: haber pertenecido al Ejército de Chile, que, por tanto, de acuerdo con la ministra sumariante –recientemente nombrada por este gobierno—es una agrupación de esa índole) nunca pisó el regimiento de Tejas Verdes donde los querellantes de dicho Ministerio afirman que se practicaron torturas. Los “testigos” que han aparecido en la prensa recordando que vieron allí a Labbé hace cuarenta años ni siquiera son contestes, pues uno afirma que éste llevaba un “buzo marrón” y el otro “un delantal blanco”. Pero igual se despachó orden de aprehensión en su contra.
Y como en Chile “se procesa por los diarios”, las universidades en que hacía clases el referido coronel han dado máxima validez al insólito pronunciamiento judicial y “congelado” la pertenencia de Labbé a ellas. Se supone que “porque la Justicia ha hablado”. Como durante 16 años fue un alcalde honesto, no tiene fortuna y vive de su trabajo como docente. Tras haber sido privado por esas “dignas universidades, tan celosas de la Justicia” de sus fuentes de ingreso, la Corte de Apelaciones no ha querido ser menos y ha resuelto aumentarle la fianza, para darle la libertad provisional, de $200 mil a $500 mil, en vista de que él había pedido se le redujera a $50 mil, dado que sus ingresos han quedado reducidos a su pensión de $600 mil brutos. “Iustitia chilensis”, dirían los romanos.
Entonces, tenemos como hechos ciertos que el único delito de Labbé fue pertenecer a una “asociación ilícita” llamada “Ejército de Chile” y haber impartido instrucción física hace cuarenta años a otros uniformados, lo que, en caso de ser considerado ahora un delito, estaría prescrito dos veces y dos tercios, y amnistiado desde 1978. Pero como eso lo ordenan las leyes vigentes y los jueces no las aplican (y ya eso ni siquiera les da vergüenza, aunque es un delito) va preso.
Por supuesto, el coronel Labbé es, en cierto modo, un privilegiado, porque hay otros en peores condiciones que él. Por ejemplo, el suboficial de Carabineros Gamadiel Soto, que, también hace cuarenta años, recibió la orden de trasladar a tres presos desde su comisaría a la base aérea de Maquehue, en Temuco, donde los entregó sanos y salvos, según consta en el proceso. Pues bien, como todavía no se sabe del paradero de esas personas tras haber estado en Maquehue, Gamadiel, que también lo ignora, ha sido condenado a diez años y un día de presidio efectivo, que cumple en condiciones muy penosas, porque está pobre, enfermo y muy anciano. Entonces, seguramente el suboficial Gamadiel envidia al coronel Labbé.
Y seguramente el coronel Labbé, a su turno, envidia al ex ministro Andrés Velasco, porque éste está libre, no ha sido “congelado” por sus clientes o empleadores, aunque, al igual que Labbé, está siendo perseguido por el Ministerio del Interior, cuyas huellas digitales quedaron impresas en la orden recibida por la PDI de allanar con publicidad y presencia de la TV su domicilio, para incautar sus computadores y documentos, debido a que cobró una boleta de honorarios por una conferencia dada al Grupo Penta. Dar una conferencia pagada al Grupo Penta no era, hasta ahora, delito, como no lo era pertenecer hace cuarenta años al Ejército de Chile o trasladar tres presos de una comisaría a la base aérea de Maquehue y entregarlos sanos y salvos.
¿Qué está sucediendo en Chile? Yo les voy a decir: lo que ha sucedido es que se ha perdido la vergüenza. El otro día vi en la televisión al Director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, del “Partido MIR” (son sus palabras), quien fuera funcionario de la exclusiva confianza de Sebastián Piñera, que lo mantuvo en su alto cargo, en el cual, por cierto, ha permanecido también bajo el gobierno de la Nueva Mayoría, que tanto tiene en común con el de Piñera, especialmente en materia de persecución a los militares; y lo que decía Bustos, del “Partido MIR”, en la televisión era –a propósito del caso de Labbé—que había que proseguir “terminando con la impunidad”, insinuando que el largo brazo de la ”Justicia” tenía que llegar también a los que Sebastián Piñera llamó “cómplices pasivos” que, por esas contradicciones inexplicables de las personas que en lo único que piensan es en sí mismas, eran casi todos los funcionarios de su propio gobierno.
El “partido MIR” fue una de las razones principales que llevaron a la mayoría parlamentaria democrática a pedir la intervención de las fuerzas armadas y las que llevaban a exclamar al presidente del Senado en 1973, Eduardo Frei Montalva, un político indubitablemente democrático, “¡esto se arregla sólo con fusiles!” y a imprecar a un general diciéndole “¡ustedes tienen las bayonetas y no las usan!” (Acta Rivera). Entonces, si hay quienes no deberían seguir impunes serían los del “partido MIR”. Pero no sólo lo están, sino que, además, han sido recompensados, indemnizados y glorificados, tanto que acaba de publicarse, con gran eco en la prensa, una apología de su principal jefe y uno de sus militantes es alto funcionario de la confianza de Piñera y Bachelet.
Es que en este país se está perdiendo todo, comenzando por la vergüenza.
