Al clasismo y machismo que inciden en las condiciones en las que se desempeñan las trabajadoras de casa particular, se agrega el riesgo del racismo que de modo preocupante caracteriza la reacción de importantes sectores de chilenos frente al inmigrante pobre, afrodescendiente o perteneciente a pueblos indígenas.
El domingo 19 de octubre en La Moneda, en un acto encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, se firmó la promulgación de la Ley que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los/as trabajadores/as de casa particular y prohíbe la exigencia del uso de uniforme en lugares públicos.
Se trata de una larga lucha que han venido sosteniendo las miles de mujeres que a diario realizan tareas domésticas y de cuidado para familias que no son las propias, y por lo que históricamente no han recibido el reconocimiento que merecen. Lo que ha tardado en aprobarse el sueldo mínimo para estas trabajadoras y que su jornada sea más o menos equivalente a la de cualquier trabajador, sólo se explica por la sociedad clasista y machista en la que vivimos. Considerando que en Chile, según la OIT, el trabajo doméstico remunerado es uno de los 3 sectores que más concentra el trabajo femenino, pues más de 324.000 mujeres ejercen esta labor, representando el 13,8% del empleo femenino, se hace imprescindible sostener la marcha en pos de la igualación de sus condiciones laborales a los estándares vigentes para el resto de las trabajadoras.
[cita]Al clasismo y machismo que inciden en las condiciones en las que se desempeñan las trabajadoras de casa particular, se agrega el riesgo del racismo que de modo preocupante caracteriza la reacción de importantes sectores de chilenos frente al inmigrante pobre, afrodescendiente o perteneciente a pueblos indígenas.[/cita]
Asimismo, es necesario incorporar a esta mirada los nuevos fenómenos que, cada vez más presentes en nuestra sociedad, pueden impactar en la situación de este tipo de trabajadoras. Particularmente relevante es lo referido a la creciente migración de ciudadanos de otros países de la región hacia Chile, buscando, precisamente, mejores perspectivas laborales. Al clasismo y machismo que inciden en las condiciones en las que se desempeñan las trabajadoras de casa particular, se agrega el riesgo del racismo que de modo preocupante caracteriza la reacción de importantes sectores de chilenos frente al inmigrante pobre, afrodescendiente o perteneciente a pueblos indígenas.
Parece evidente que el objetivo a alcanzar como sociedad es revestir al trabajo doméstico de un carácter profesional, bien remunerado y con adecuadas condiciones laborales, despejando las trabas para la efectiva fiscalización sobre el cumplimiento de tales condiciones. Ello debiera conducirnos a un nuevo estatus de dignidad y valoración de este oficio, extinguiendo rémoras de otras épocas que nuestra sociedad debe superar, como la modalidad de “puertas adentro”, que invisibiliza tanto los derechos humanos como laborales de quienes lo ejercen.
En esa perspectiva, urge la ratificación del Convenio 189 de la OIT para, en palabras del Director de Cono Sur de ese organismo, “continuar avanzando en el logro del trabajo decente en el país, con una fuerte protección social, respeto a los derechos laborales, oportunidades para la afiliación sindical y la posibilidad de vivir en un país que valora el trabajo doméstico en su plenitud”.
