¿Qué se puede hacer para mejorar la integración en lo inmediato? La clave sigue estando, pues, por donde se debió haber comenzado: el fortalecimiento de la educación pública, el verdadero espacio que permitirá generar integración en nuestro país, resultando fundamental para esto terminar lo antes posible con la municipalización.
Durante estos días hemos sido testigos de la discusión y despacho definitivo por parte del Senado del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Educación durante el año 2014, que busca poner fin a la selección, al lucro y al copago en el sistema educacional chileno.
Este proyecto ambicioso y anhelado por la ciudadanía, como es usual, sufrió a lo largo de la discusión parlamentaria una serie de modificaciones en su tramitación, algunas más importantes que otras –por ejemplo, respecto a los arriendos, en un comienzo se planteó que los inmuebles pasaran a propiedad estatal para evitar los contratos simulados que encubren el lucro con fondos públicos, pero hoy se permite el arriendo de propiedades– y que le han ido dando una forma definitiva al proyecto que merece ser analizada, en el sentido de cuál era el objetivo de esta “primera” de varias reformas transformadoras que el gobierno se ha propuesto impulsar en Educación.
[cita] ¿Qué se puede hacer para mejorar la integración en lo inmediato? La clave sigue estando, pues, por donde se debió haber comenzado: el fortalecimiento de la educación pública, el verdadero espacio que permitirá generar integración en nuestro país, resultando fundamental para esto terminar lo antes posible con la municipalización.[/cita]
De este modo, es legítimo preguntarse: ¿pone fin a la segregación escolar este proyecto de ley? O, no siendo tan “idealistas”, ¿significa un avance importante en terminar con la segregación o “descreme”, en palabras del ministro Eyzaguirre?
Debemos considerar para ello una serie de elementos relevantes:
-El proyecto pone fin al lucro en el sistema escolar chileno a diciembre de 2017, con excepción de los particulares pagados.
-Se presupuesta el fin del copago para un plazo similar.
-Se permite arrendamiento entre partes relacionadas sin fines de lucro y no relacionadas con fines de lucro.
-Se establece terminar con la selección en el sistema público y subvencionado, con la excepción de los liceos emblemáticos y de proyectos especiales, los que podrán seleccionar hasta un 30% de sus matrículas.
-No se regula en absoluto el sistema particular pagado, ni en cuanto a lucro ni a selección, reponiéndose incluso hasta este momento la indicación que les permite realizar entrevistas previas a los apoderados antes de otorgárseles matrícula.
Si realizamos un análisis de estas y otras medidas contenidas en el proyecto de ley, es posible concluir que, si bien el proyecto genera una cierta apariencia de terminar con la segregación, no nos parece que pueda cumplir efectivamente con dicho objetivo, o hacerlo de una manera correcta.
Es posible afirmar esto por un dato muy relevante que parece olvidarse: la desigualdad en nuestro país ha demostrado ser de tal magnitud, que no existen grandes brechas socioeconómicas entre grandes tramos de la población, sino que esta se acentúa especialmente respecto del tramo más rico, lo que se replica en educación y que justamente no sufre modificación alguna con esta reforma.
Dicho eso, podemos ver por qué es mucho lo que falta para avanzar en terminar con la segregación: no se produce integración alguna respecto del 7% más rico que estudia en los particulares pagados; y aún más importante porque la única integración posible que se permite con este proyecto es la que se puede dar en los colegios subvencionados, pues es respecto de estos colegios en los que el término del copago permitirá el ingreso de sectores que hoy no pueden pagarlos, y donde operará con mayor fuerza el fin a la selección. También operará en menor medida respecto de los liceos emblemáticos, pero estos están lejos de ser liceos “elitizados”, donde fuera posible producir una mayor integración.
Asimismo, cabe señalar que al terminar con los proyectos educativos selectivos en la educación pública y subvencionada, pero tolerarlos en la educación privada, beneficia sobremanera a estos últimos, pues los deja en una situación más ventajosa que la actual para acaparar los mejores resultados en las pruebas de admisión, y a la postre monopolizar el acceso a las mejores universidades (muchas de ellas públicas) y continuar replicando una elite política, económica y administrativa. Si hoy los principales cargos directivos se concentran en manos de unos pocos colegios (la gran mayoría particulares pagados confesionales y selectivos y unos pocos municipales), en el futuro el panorama se vislumbra aún peor.
Ello generará incluso más segregación: por un lado, la gran masa de habitantes de nuestro país se formará en colegios municipales y subvencionados, mientras un selecto grupo de chilenos podrá acceder a los proyectos particulares pagados, con selección económica, religiosa y académica, los que no se “mezclan” con los demás, no obteniéndose el tan comentado efecto par.
Más preocupante resulta del hecho de que el foco no esté puesto en la educación pública ni en el fortalecimiento de ésta, pues, con la excepción pequeña de los liceos emblemáticos, no les afecta ni un centímetro en su funcionamiento: estos colegios ni seleccionan, ni lucran, ni reciben mayor aporte del Estado que el más modesto, y en ellos se educan los sectores de ingresos más bajos de nuestra población.
La pregunta clave es entonces: ¿qué se puede hacer para mejorar la integración en lo inmediato? La clave, pues, sigue estando por donde se debió haber comenzado: el fortalecimiento de la educación pública, el verdadero espacio que permitirá generar integración en nuestro país, resultando fundamental para esto terminar lo antes posible con la municipalización.
Debemos señalar de todos modos la virtud más importante que tiene este proyecto: pone término en gran medida al negocio educativo que existe en el sistema escolar con los colegios subvencionados. Probablemente sea el mayor aporte que quedará de él.
La educación pública –y junto a ella las grandes mayorías–, como siempre al parecer, está condenada a seguir esperando.
