Los escándalos políticos en el Chile post-Pinochet

Señor Director:

Desde el retorno a la democracia el país ha vivido una serie de escándalos que, aunque parezca un descalabro a la imagen de los políticos, han reforzado los espacios de rendición de cuentas (accountability), y procesos de transparencia pública que son demandados al interior de las sociedades democráticas contemporáneas.

De esta forma, la ciudadanía ha logrado conocer casos como el Piñeragate, que involucró a los entonces líderes de la patrulla juvenil de la centroderecha (Evelyn Matthei y Sebastián Piñera). Particularmente, este episodio ocurrido el 23 de agosto de 1992 en el programa televisivo “A eso de” y transmitido por el canal Megavisión, dejó en evidencia dos fenómenos que a la larga se transformarían en la tónica de las décadas posteriores: el poder de los Medios de Comunicación en posicionar una agenda de discusión (agenda setting), al interior de la ciudadanía, vinculada con una permanente fiscalización hacia el poder político y, el menoscabo que estas coberturas logran tener sobre la reputación y credibilidad de figuras públicas.

Al revisar la serie de escándalos políticos cubiertos por la prensa desde el año 1990 hasta la fecha, estos pueden ser agrupados a mi juicio en las siguientes categorías: por un lado, se encuentran los relacionados con la defraudación fiscal y la ética pública (como el acontecido en el año 2006, catalogado por la prensa como Caso Chiledeportes y que afectó al entonces Director del organismo Juan Michel); por otro lado, se encuentran los de índole sexual (como los ampliamente cubiertos casos Spiniak y Lavandero, que afectaron las imágenes de un reconocido empresario y un destacado senador de la República entre los años 2003 y 2004, respectivamente). Finalmente se encuentran los relacionados con irregularidades administrativas por falta de prolijidad o por debilidades de la acción gubernamental en torno a la fiscalización (como el acontecido en el año 2008 cuando la Contraloría General de la República detectó irregularidades en subvenciones vinculadas con el Ministerio de Educación y establecimientos educacionales; el escándalo termina con un juicio político y posterior destitución de la ministra Yasna Provoste y una aplicación de inhabilitación para ejercer cargos de representación popular por un plazo no inferior a 5 años)

Para profundizar sobre este fenómeno, la Ciencia Política norteamericana identifica en el contexto actual a las figuras más proclives de sufrir menoscabo en la imagen pública. Líderes religiosos, profesores de escuela, oficiales de policía y desde luego políticos profesionales. Otro elemento importante y que se relaciona con esto último, es el papel de los Medios de Comunicación en la activación y retención de los escándalos al interior de la agenda de discusión ciudadana. Tomando en consideración los casos identificados en Chile desde el retorno a la democracia y hasta hoy, se puede advertir que buena parte de la baja credibilidad ciudadana sobre la política y los políticos profesionales está fundada en la serie de escándalos políticos que se han generado –tanto por acción como por omisión– por una élite política cada vez más fiscalizada. Los impactos de este fenómeno sobre la confianza institucional y los niveles de credibilidad podrían ser identificados gracias al análisis sobre: recurrencia en las encuestas de percepción ciudadana acerca de los índices de corrupción y eventos considerados como escándalos; porcentaje de candidatos a senadores y diputados no reelectos y su relación con escándalos políticos previos a la contienda electoral; y la evaluación ciudadana a la gestión gubernamental y apoyo en las diversas contiendas electorales futuras.

Si pensamos en los escándalos actuales (el Pentagate y Nueragate), estos podrían comprobar dos procesos de enorme importancia para el sistema democrático chileno. Primero, la consolidación de los Medios de Comunicación como principal activo ciudadano para la fiscalización sobre el poder político. Segundo, deterioro de la política como principal espacio de articulación de intereses al interior de la sociedad. Este último proceso podría explicar en buena medida los bajos índices de participación electoral y la importancia –cada vez mayor– que la sociedad da al desarrollo individual (principalmente material), en desmedro de compromisos colectivos y cívicos.

No cabe duda de que los efectos más directos que estos escándalos tendrán sobre la ciudadanía serán una merma en el respaldo para la Alianza opositora (considerando el Pentagate), y una baja en el nivel de confianza sobre el Gobierno de la Presidenta Bachelet (gracias al caso que afecta a su hijo y nuera). Pero lo más importante será analizar en el futuro cercano la baja creencia en la política como espacio de intermediación entre los ciudadanos y el Estado.

Juan Alberto Castaneda
Cientista Político Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estudios Sociales y Políticos-Doctorando en Sociología.
Universidad Jesuita Alberto Hurtado