Institucionalidad Ambiental

Señor Director:

En Chile durante varias décadas primó la tradición consistente en que los tribunales no se inmiscuían en las resoluciones que tomaba la administración en el ejercicio de sus funciones, más allá de sus aspectos formales. No efectuaban el denominado juicio de mérito, o revisaban el trasfondo de las decisiones, por razones de la división de poderes.

Con el tiempo esto ha ido cambiando. Varios proyectos aprobados en el papel -mineras, centrales eléctricas, manufactureras- terminaron causando graves daños al patrimonio medioambiental, arqueológico, sanitario, y a la flora y fauna, reflejando que la institucionalidad que reguló estas materias era débil y fue constantemente vulnerada, siendo ella también incapaz de prever todas las contingencias posibles. De hecho, hace pocos años ésta se rehízo casi por completo.

Como lo refleja el actual estado del país, existe desconfianza de cómo fue manejada históricamente esta materia –y otras- por las autoridades, y de cuánto de mérito o de lobby hay en las correspondientes decisiones, máxime cuando un Presidente simplemente detuvo un megaproyecto ya autorizado, y otro modificó un plan regulador para permitir otro rechazado. ¡Qué seriedad hay en eso!

Simplemente, tanto en la opinión pública como en los tribunales muchos desconfían hoy que las resoluciones que se tomaron a este respecto sean impolutas y, por tanto, merezcan ser intocables. Si a esto le agregamos que dos jueces de la Corte Suprema reconocen abiertamente que ellos prefieren hacer justicia que aplicar la ley, lo cual en parte refleja una nueva situación de activismo judicial, nos encontramos hoy en una situación de incertidumbre jurídica por la falta de confianza popular e institucional en el trabajo de las autoridades centrales para defender los intereses nacionales, en vez de los privados y particulares.

¿Habrán existido aquí dineros para campañas, se preguntarán algunos?

Cristián Gabler
Abogado