Los miembros de la clase política podrán recuperar la tranquilidad y volver a vivir felices por todo el tiempo que reste hasta que los vuelvan a pillar; y los jueces podrán seguir faltando a la verdad y a la ley con la misma impunidad que se han autogarantizado, gozando, es cierto, del beneplácito general.
La clase política ha sido sorprendida faltando a la verdad y aprovechándose de ello. La mayor parte de la misma no esperaba serlo, pues, desde el centro a la izquierda, estaba rasgando vestiduras al haber sorprendido a algunos empresarios contabilizando documentos “ideológicamente falsos” para disminuir sus utilidades y pasar el dinero a partidos de derecha. Pero a poco andar se fue descubriendo que ésos y otros empresarios hacían lo mismo para ayudar a partidos de centro e izquierda; y, peor aún, que en la propia familia presidencial el uso clandestino de influencias se prestaba para tener acceso privilegiado al crédito bancario multimillonario, sin garantías normales y a tasas favorables, y así hacer grandes ganancias de capital basadas en decisiones de las autoridades.
Ello acarreó el sonoro derrumbe del paradigma presidencial derogatorio del lucro y la desigualdad.
En estas circunstancias, los políticos se han percatado de algo de lo cual no se habían dado cuenta: todos están en el mismo barco.
En vista de eso, han resuelto darle a la situación la denominación de “crisis institucional”. No lo es, por supuesto. Las instituciones gozan de perfecta salud, Son los políticos que las manejan los que han sido pillados con las manos en la masa y la crisis es personal de cada uno de ellos y de sus partidos, que, si fueran iguales ante la ley, tal como, se supone, son los demás chilenos, “los de a pie”, tendrían que pagar caras sus ilegalidades. Pero como ellos son “más iguales que los demás”, no quieren pagar. Y como están casi todos pillados, entonces quieren convencer a los demás chilenos (que son susceptibles de ser convencidos de cualquier cosa si el presupuesto comunicacional es suficiente, y el que controlan los políticos lo es) de que para salvar al país hay que perdonarlos. Amnistía general para todos los políticos sorprendidos faltando a la verdad y a la ley, que son casi todos los que hay.
Entonces se viene “el gran perdonazo”. Como el que generosamente le extendió la derecha al gobierno de Lagos, durante el cual se supo, más allá de toda duda razonable, entre otras cosas impresentables, que los gobernantes de la Concertación se llevaban a escondidas plata fiscal para la casa, mientras acusaban a Pinochet de haber lucrado en el poder, siendo que los propios funcionarios de ellos (director del SII) publicaban que durante sus 17 años el Presidente uniformado se habría llevado mensualmente la mitad de lo que sacaban ellos. Pero al revés de Pinochet, que fue inmisericordemente perseguido por la justicia de izquierda, los gobernantes de la Concertación, con la venia de la derecha, naturalmente, quedaron judicialmente impunes y se autopremiaron aumentándose los sueldos oficiales en lo mismo que habían sido sorprendidos sustrayendo mensualmente. Y así se solucionó esa otra “crisis institucional” que, naturalmente, tampoco era tal, sino sólo el “problema crítico” de un grupo gobernante sorprendido sustrayendo indebidamente fondos fiscales.
El “gran perdonazo” de ahora va a volver a dejar fuera, tal como la otra vez, a los jueces prevaricadores que faltan crónicamente a la verdad en sentencias que mandan a presidio a los uniformados que derrotaron a la guerrilla marxista hace más de cuarenta años. Ellos siguen y seguirán sosteniendo, en sentencias «ideológicamente falsas», que los uniformados mantienen secuestrados hasta hoy (y en sus celdas) a extremistas, desde hace los mismos más de cuarenta años. Y si bien todo el mundo sabe que esas resoluciones son ajenas a la verdad y hasta constitutivas de delito, como los respectivos ilícitos están llamados a juzgarlos los mismos jueces que los cometen, éstos quedan impunes y, por lo tanto, no hay siquiera necesidad de incluir su caso en el “gran perdonazo” que se está gestando.
Una vez extendido éste y cohonestada implícitamente la flagrante y crónica mentira judicial, podremos decir orgullosamente que “se ha superado la crisis institucional” y “fortalecido la democracia”; que por suerte Chile sigue sin ser un país corrupto y que “las instituciones funcionan”.
Y así los miembros de la clase política podrán recuperar la tranquilidad y volver a vivir felices por todo el tiempo que reste hasta que los vuelvan a pillar; y los jueces podrán seguir faltando a la verdad y a la ley con la misma impunidad que se han autogarantizado, gozando, es cierto, del beneplácito general.
