Siendo muy importante generar y establecer una legislación que separe la política de los negocios y sancione ejemplarmente a quienes la violen, ello no resuelve la actual crisis porque, por una parte, se pueden poner todas las trabas a las malas prácticas y la corrupción de la política pero las fuerzas sistémicas encontrarán las formas de burlarlas, y, por otra, como la causa de ello es sistémica, lo que se requiere es cambiar el sistema.
La actual fase capitalista está en crisis. Esta crisis ha tenido todas las características generales de los procesos de este tipo: el malestar social, la emergencia de movimientos y protesta social que plantean demandas que el sistema no puede resolver sin cambios estructurales; diversos momentos críticos en lo económico que el sistema puede administrar pero no resolver; el creciente desprestigio de la política sistémica, que se manifiesta en la abstención, en el distanciamiento de los partidos sistémicos y de la clase política del mundo social, a lo que se agregan hoy los escándalos de la relación dinero-política y fuertes signos de corrupción que son un problema mundial, porque es el sistema el que fomenta estas malas prácticas, como una forma de controlar a la “clase política” y de eludir impuestos, es decir, robarles a todos los chilenos.
En este escenario surge la Nueva Mayoría con una propuesta de reformas y cambios que recoge la demanda ciudadana que permita dar solución a la crisis y avanzar a una sociedad más justa y democrática, asumiendo la experiencia histórica y los desafíos actuales generados por el desarrollo capitalista y de la modernidad.
Un cambio de esta magnitud necesariamente vive las tensiones propias de la novedad. Como ha ocurrido en otros procesos análogos, el reordenamiento de fuerzas no ocurre sin dificultades.
La pregunta es si la NM será capaz de consolidarse como una alianza transformadora.
La condición de su proyección y consolidación es el cumplimiento del programa de Gobierno y por tanto efectivamente avanzar en la transformación de la sociedad chilena. Cualquier quedada a medio camino solo generaría mayor inestabilidad e incluso el riesgo de retrocesos democráticos.
[cita] Siendo muy importante generar y establecer una legislación que separe la política de los negocios y sancione ejemplarmente a quienes la violen, ello no resuelve la actual crisis porque, por una parte, se pueden poner todas las trabas a las malas prácticas y la corrupción de la política pero las fuerzas sistémicas encontrarán las formas de burlarlas, y, por otra, como la causa de ello es sistémica, lo que se requiere es cambiar el sistema.[/cita]
La experiencia de las transiciones anteriores muestra esto. Sucedió en los años 20 y 30 y también en los 60y 70 del siglo pasado.
La Nueva Mayoría podría significar la superación de esa limitación.
El problema es que en la NM no hay un solo proyecto, pareciera que algunos no comprenden la profundidad y seriedad de la situación y se suman a la resistencia de la derecha y los fácticos.
Resolver ese conflicto es determinante para su proyección y futuro, pues el camino de las reformas –si se quiere resolver el problema de la desigualdad y el desarrollo futuro del país– recién ha comenzado. La NM no puede ser solo una alianza electoral sino un proyecto estratégico, esa es la cuestión.
El primer año de Gobierno puso en evidencia el problema. Las reformas claves que se aprobaron tuvieron que enfrentar no solo la oposición de la derecha y los poderes fácticos sino también la resistencia de sectores de la NM, algunos de los cuales incluso pusieron en duda la existencia de ella. El problema no radica en un partido, se manifiesta, en mayor o menor medida, en todos los partidos de la vieja Concertación.
El exitoso cierre del primer año de Gobierno con la aprobación de reformas históricas abría la posibilidad de neutralizar a esos sectores, más cuando la derecha estaba fuertemente golpeada por graves muestras de corrupción que dejó al descubierto el caso Penta y que se ha profundizado con el escándalo de SQM, que mostró que estas malas prácticas han involucrado también a personeros de la vieja Concertación, haciendo evidente que el problema no es puntual sino sistémico.
El affaire Caval ha permitido que esos sectores retomen iniciativa, pese a que son los que han avalado las bases institucionales que hacen posible las formas de corrupción que se han hecho públicas y evidentes.
Lo que está en curso es una suerte de golpe blanco destinado a impedir los cambios que la ciudadanía demanda.
La fase neoliberal significó un profundo retroceso en el campo de la política. Prácticamente todo lo avanzado en el siglo XX fue destruido: destruyó el sistema de partidos con inserción social efectiva, los que resurgen pierden ese carácter y se convierten en partidos de “clase política” con débil o nula relación social; reelitizó y clientelizó la política y fortaleció el peso político del gran capital –en especial el financiero–, que, en definitiva, son los factores que han acrecentado la corrupción del sistema político en general, difundiendo las formas corruptas a prácticamente todo el espectro. Es este sistema político, el que hoy hace evidente gran parte de sus males. El caso Penta, SQM y lo de Caval son expresión de este fenómeno, pero a su vez solo la punta del iceberg. Se podrían mencionar otras situaciones que han sido públicas en el pasado reciente y varias más que no han tenido ese carácter, pero que dejan de manifiesto el mismo problema: ministros y/o altos funcionarios, no solo de la derecha, que al abandonar sus cargos públicos se han transformado en directores de empresas con las tuvieron relación mientras ejercían sus cargos, o directamente en empresarios o lobbistas en que su paso por el poder ha sido un factor decisivo de su éxito “empresarial”.
Como ha expuesto Carlos Hunneus: “… hay una estrecha relación entre el sistema económico y el político, particularmente por la alta concentración de la riqueza y del ingreso, limitando la autonomía de la política… Esta concentración económica, junto a la debilidad de los partidos y las instituciones políticas, lleva a una menor autonomía del sistema político, acentuada por la ‘puerta giratoria’ de ex ministros y altos funcionarios de Gobierno que trabajan en o con el sector privado como empresarios, lobbistas o asesores que favorecen los intereses de los grandes empresarios. Ese es uno de los factores que define al sistema político chileno como una democracia semisoberana” (C. Hunneus, El Mostrador, 3 de marzo de 2015).
El poder del dinero ha adquirido un rol determinante en la política en directa relación con el debilitamiento de la actividad social de los partidos y fuerzas políticas.
Que la derecha política y fáctica resista los cambios es un dato de la causa. Para ello recurre a todo su poder: las campañas de los medios de comunicación sobre los que tiene control total, las amenazas de los gremios empresariales, la utilización de instituciones, las acusaciones de “populismo” por escuchar y responder las demandas ciudadanas, exigiendo moderación (gatopardismo) y nada que parezca ruptura, la supuesta falta de liderazgo de la Presidenta, porque entienden esto como autoritarismo.
Que sectores democráticos se conviertan en sus aliados en ello, es otra cosa. Y, en ese escenario, los Pérez Yoma utilizan los mismos argumentos que la UDI para justificar la corrupción y las malas prácticas; los Oscar Garretón, los de la Sofofa para atacar la Reforma Laboral; otros, insisten en la cocina como el lugar para resolver los problemas de los chilenos, y podríamos seguir.
La única posibilidad de derrotar la operación golpista es avanzar en las transformaciones apoyándose en la ciudadanía. Continuar con las reformas comprometidas y la convocatoria a un plebiscito para que la ciudadanía decida la forma del cambio de la actual Constitución es la respuesta que corresponde. Ello es lo que permitiría darle a la ciudadanía el papel principal para resolver la crisis, posibilitaría que fuerzas que están por las transformaciones se sumen a la solución, se ampliaría así la base social y política del Gobierno y las fuerzas transformadoras. Sin duda, en torno a ese objetivo que, de acuerdo a las distintas encuestas de opinión, es compartido por más de las cuatro quintas partes de los chilenos, el Gobierno y la NM sumarían el apoyo de otras fuerzas políticas y sociales que comparten esas demandas.
Siendo muy importante generar y establecer una legislación que separe la política de los negocios y sancione ejemplarmente a quienes la violen, ello no resuelve la actual crisis porque, por una parte, se pueden poner todas las trabas a las malas prácticas y la corrupción de la política, pero las fuerzas sistémicas encontrarán las formas de burlarlas, y, por otra, como la causa de ello es sistémic, lo que se requiere es cambiar el sistema.
La Presidenta y el Gobierno han hablado con claridad en los últimos días. Ello debe ser el eje ordenador. Como lo ha expresado el ministro del Interior, quienes no compartan esas orientaciones y conducción que hablen claro y la ciudadanía lo sepa y no sigan jugando a ser los voceros de los sectores que se oponen a los cambios necesarios y comprometidos.
