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Encuesta CEP - Partidos Políticos: desconfianza y corrupción

por 11 mayo, 2015

Urge recobrar la confianza en la política y para que ello suceda son menester actos decididos por parte de los partidos, los ciudadanos y el Estado. A riesgo de proponer perogrulladas o, peor, ingenuidades, opino que los tres estamentos de la sociedad deben avanzar como sigue: los partidos tienen que ser proactivos y exponer públicamente, e incluso expulsar si fuese necesario, a quienes hayan incurrido en actos ilegales o que vayan en contra del ethos del partido –como el caso Caval– o de la ética.
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Nuestras instituciones se encuentran en entredicho. La suspicacia generalizada no es gratuita, pues han sido ellas mismas las que han dado sustento a la sensación de que todos, sin excepción, son pederastas, ladrones o sinvergüenzas. Así lo ratifica la última encuesta CEP: sólo un 3% de los encuestados confía en los partidos políticos y un magro 1% cree que nadie está involucrado en casos de corrupción. Esta es mala noticia para la sociedad completa, pues en situaciones de esta índole la corrupción, en lugar de disminuir, puede hallar el sustrato en el cual medrar.

Organizaciones como los partidos políticos dependen, para su correcto funcionamiento, de manera significativa de reglas y controles autoimpuestos. El costo de la vigilancia y el control del accionar de sus miembros será útil sólo si, de hallar corrupción, es esta expuesta públicamente.

En este contexto las organizaciones tendrán incentivos para exponer la corrupción solo a cambio de beneficios en reputación, es decir, si la ciudadanía, en el caso de los partidos políticos, piensa que la manzana podrida ha sido expulsada. Un estudio de Javier Núñez señala que, de interpretarse la exposición pública como resultado de la corrupción generalizada –todos son sinvergüenzas y cualquiera que se investigue será culpable– no habrá incentivos para exponer la corrupción y consecuentemente tampoco para vigilarla.

Urge recobrar la confianza en la política y para que ello suceda son menester actos decididos por parte de los partidos, los ciudadanos y el Estado. A riesgo de proponer perogrulladas o, peor, ingenuidades, opino que los tres estamentos de la sociedad deben avanzar como sigue: los partidos tienen que ser proactivos y exponer públicamente, e incluso expulsar si fuese necesario, a quienes hayan incurrido en actos ilegales o que vayan en contra del ethos del partido –como el caso Caval– o de la ética.

Urge recobrar la confianza en la política y para que ello suceda son menester actos decididos por parte de los partidos, los ciudadanos y el Estado. A riesgo de proponer perogrulladas o, peor, ingenuidades, opino que los tres estamentos de la sociedad deben avanzar como sigue: los partidos tienen que ser proactivos y exponer públicamente, e incluso expulsar si fuese necesario, a quienes hayan incurrido en actos ilegales o que vayan en contra del ethos del partido –como el caso Caval– o de la ética. Ello, sin esperar la acción de los tribunales o de algún ente regulador externo. En lo posible debe hacerse por la vía de un proceso claro y definitivo: el goteo permanente acentúa la sospecha. Luego, los ciudadanos deben entender que la desconfianza ontológica y la falta de compromiso cívico –aquello que los griegos llamaban idiotez–, abren la puerta a la corrupción. Por último, la autorregulación no es suficiente, razón por la cual el Estado debe establecer mecanismos que garanticen la transparencia.

Al respecto, la creación de una instancia externa como el Consejo Asesor Presidencial para la Transparencia fue un acierto, pues propuso mejoras al sistema político que, dadas las circunstancias, no hubiesen surgido desde los partidos. Entre las propuestas hay que mencionar el condicionamiento del financiamiento de los partidos a su accountability, la reinscripción de los militantes y el fortalecimiento del Servicio Electoral. Todas son medidas que buscan modificar un sistema caracterizado por su opacidad.

El regreso de la Educación Cívica a los planes de estudios escolares puede conseguir moderar la baja participación y aquella sospecha permanente de la ciudadanía, resultado –fuera de la misma corrupción descubierta– de las inteligentes argucias de Jaime Guzmán para desarticular la acción colectiva, plasmadas fundamentalmente en la Constitución. En esta misma línea no deben perderse de vista elementos, menos evidentes, como aquellos que se juegan en la reforma laboral, pues los sindicatos son una importante escuela de formación política.

Esperemos que la agenda legislativa que entregue la Presidenta en las próximas semanas se impulse con determinación y que el Poder Legislativo, más allá del necesario debate, la respalde inequívocamente, pues resulta imperioso recuperar la confianza en la política y nuestras instituciones.

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