Una de las características fundamentales de las democracias contemporáneas, aquellas ancladas en lo que llamamos estado de derecho, es la certeza que los ciudadanos sienten del actuar de la autoridad. La certeza es importante dado que implica que la autoridad no puede actuar arbitrariamente al momento de aplicar la ley e interactuar con la sociedad civil. Para aquello se establecen normas y contrapesos institucionales que aseguren transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Desde antaño, la fórmula que hemos desarrollado para asegurar que nuestras autoridades actúen previsiblemente es la separación e independencia de los poderes del Estado.
El estudio “Barómetro de la Libertad” que la Fundación para el Progreso (FPP) y GfK Adimark lanzaron recientemente demuestra que la percepción de una importante porción de la ciudadanía sobre la independencia de las instituciones para fiscalizar la autoridad se ha deteriorado. Un 43 % de la población encuestada estima que ahora es más difícil que antes que exista esa independencia para supervigilar lo que la autoridad hace. Asimismo, un 39 % percibe que es más difícil que antes que los tribunales de justicia actúen independientemente de los otros poderes del Estado. Estos son resultados que nos deben llamar la atención.
[cita] Un 43 % de la población encuestada estima que ahora es más difícil que antes que exista esa independencia para supervigilar lo que la autoridad hace. Asimismo, un 39 % percibe que es más difícil que antes que los tribunales de justicia actúen independientemente de los otros poderes del Estado. Estos son resultados que nos deben llamar la atención.[/cita]
Existen dos situaciones que, sin lugar a dudas, afectan esa percepción aún más negativamente. Se trata de dos nombramientos que son primordiales para el desarrollo de una democracia sana y una ciudadanía libre del arbitrio de los gobernantes. Por un lado, la nominación del Contralor General de la República que ha sido retrasada por el gobierno mediante un resquicio legal, involucrándose el nombre de Enrique Rajevic, cuyas credenciales de independencia están puestas en duda por su cercanía con la Democracia Cristiana. Por otro lado, la elección del Fiscal Nacional que vendrá a tomar la pesada posta que Sabas Chahuán deje, ha hecho visibles los intentos de los candidatos a ese puesto, paseándose y haciendo lobby impúdicamente entre los senadores para obtener el preciado cargo.
Ambas situaciones nos hacen patente que esos oficios se han vuelto más político-partidarios que jurídico-administrativos. Esto sin duda va a contrapelo de lo que podemos entender como una sana independencia de los mecanismos de rendición de cuentas de los mismos poderes del Estado.
Los datos que nos entrega el Barómetro de la Libertad FPP-GfK Adimark son de preocuparse y merecen nuestra atención y reflexión. A fin de cuentas, cuando la autoridad no tiene estos contrapesos, siempre acabará demostrando la tendencia natural del poder de extenderse y corromperse. Se podrá llegar a un punto en donde los gobernantes actuarán sin vergüenza alguna y sus acciones acabarán desplegando controles y restricciones sobre la libertad de las personas.
