El rediseño silencioso de la política de biodiversidad: ¿El SBAP será león o gatito?

La tarde del jueves 25 de junio comenzó como cualquier otra jornada en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Sin anuncios previos y sin que existieran señales públicas de un cambio inminente, seis de los principales responsables de instalar la nueva institucionalidad ambiental del país fueron informados de que debían dejar sus cargos.

La decisión fue adoptada por el director nacional del servicio, Tomás Saratscheff, quien pidió la renuncia de cuatro directores regionales —Antofagasta, Atacama, Valparaíso y La Araucanía—, además del jefe de la División de Gestión y Desarrollo de Personas y del jefe de la División Jurídica. Todos habían sido seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública y formaban parte del equipo que desde comienzos de año conducía la puesta en marcha del organismo creado por la Ley 21.600.

Horas más tarde, Saratschef co municó formalmente la decisión a los funcionarios mediante una carta interna. En ella explicó que había solicitado “la renuncia no voluntaria” de quienes ocupaban cargos directivos y sostuvo que un proceso de instalación como el que enfrenta el SBAP requiere “contar con la confianza suficiente” en los equipos que lideran la institución.

Consultado por El Mostrador, el director profundizó esa explicación. Aseguró que las desvinculaciones forman parte de un proceso de “alineamiento estratégico” y rechazó que busquen debilitar al servicio. “Desde el Servicio queremos plantear con mucha claridad que el objetivo en ningún caso es debilitar el proceso de implementación”, señaló. Agregó que fortalecer una institución “no consiste únicamente en llenar sus vacantes con rapidez”, sino en revisar responsablemente las capacidades necesarias para cumplir las funciones que establece la ley.

Las explicaciones, sin embargo, no cerraron el debate que ya comenzaba a instalarse entre funcionarios, especialistas y personas que participaron en la construcción del SBAP.

Porque para quienes conocen el proceso desde sus inicios, los despidos del 25 de junio no constituyen el comienzo de esta historia.

Constituyen, más bien, el punto más visible de una secuencia de decisiones que comenzó varias semanas antes y que, observada en conjunto, abrió una discusión mucho más profunda que un simple cambio de equipos directivos.

Lo que hoy está en debate no es únicamente la reorganización de un servicio público. Es el futuro de una política pública cuya construcción tomó más de doce años.

La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue una de las reformas ambientales más extensas y complejas discutidas por el Congreso en las últimas décadas.

La Ley 21.600, publicada en 2023 después de más de doce años de tramitación legislativa, no sólo creó un nuevo organismo dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. También rediseñó la arquitectura institucional de la conservación en Chile.

El nuevo servicio debía asumir la administración de las áreas protegidas que hasta entonces permanecían bajo la órbita de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), incorporando además a los guardaparques. Pero el alcance de la reforma iba mucho más allá. La ley entregó al SBAP nuevas atribuciones para proteger la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, desarrollar instrumentos de conservación, administrar sitios prioritarios y construir una institucionalidad especializada que, por primera vez, concentrara en un solo organismo las principales herramientas para la conservación del patrimonio natural del país.

La ley se aprobó el 2023,  pero la implementación de esa reforma comenzó oficialmente el año pasado y en febrero de este 2026 se estableció el cronograma para la instalación definitiva.

Pocas semanas después ocurrió el primer cambio.

El 13 de marzo el Gobierno solicitó la renuncia a Aarón Cavieres, primer director nacional del SBAP y responsable de conducir la instalación del servicio desde su creación.

En ese momento, la decisión fue interpretada como parte de los cambios habituales que acompañan el inicio de una nueva administración.

Poco después, el Presidente José Antonio Kast designó directamente a Tomás Saratscheff para encabezar el organismo.

Nada hacía prever entonces que aquel cambio de autoridades marcaría el inicio de una sucesión de decisiones que terminaría generando uno de los mayores debates desde la creación del SBAP.

“No fue un hecho aislado. Fueron muchas decisiones que, vistas una por una, podían parecer normales. El problema apareció cuando empezaron a acumularse”, resume una de las cinco personas entrevistadas para esta investigación, todas conocedoras del proceso de instalación del servicio. Cuatro de ellas solicitaron mantener su identidad en reserva por seguir vinculadas al ámbito ambiental o por temor a eventuales represalias laborales.

Durante las semanas siguientes comenzaron a producirse hechos que, en ese momento, recibieron escasa atención pública.

Algunos ocurrieron al interior del servicio.

Otros involucraron decisiones administrativas del Ministerio del Medio Ambiente.

Todos, sin embargo, formarían parte de una cronología que hoy enfrenta dos interpretaciones completamente distintas.

La Dirección Nacional sostiene que se trató de ajustes necesarios para corregir brechas detectadas durante la revisión del proceso de implementación y asegurar que el traspaso desde CONAF se realizara con las capacidades institucionales necesarias. Las fuentes consultadas para este reportaje, en cambio, creen que esa misma secuencia terminó ralentizando la instalación del SBAP y comenzó a alterar el alcance efectivo de la Ley 21.600.

La secuencia que comenzó a alterar la implementación de la Ley 21.600

La decisión de postergar el traspaso de las áreas protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) marcó el primer gran punto de inflexión en la implementación de la Ley 21.600.

Hasta entonces, el proceso avanzaba conforme al cronograma oficial. El propio Ministerio del Medio Ambiente y el SBAP habían informado el 6 de marzo que el traspaso comenzaría el 1 de agosto de 2026, calificándolo como un “hito histórico” preparado durante más de un año y destinado a entregar certeza a los guardaparques y funcionarios que pasarían al nuevo servicio.

Tres meses después, el mismo proceso fue postergado hasta marzo de 2027.

La explicación oficial fue que el SBAP aún no reunía las condiciones necesarias para asumir una responsabilidad de esa magnitud.

Para quienes participaron en la construcción del servicio, esa decisión no sólo modificó el calendario. También abrió una pregunta que atraviesa toda esta investigación: ¿qué ocurrió entre marzo y junio para que un proceso considerado listo dejara de estarlo en tan poco tiempo?

Vista aisladamente, cada decisión adoptada desde marzo puede interpretarse como un ajuste propio del cambio de administración. Sin embargo, la secuencia reconstruida muestra una sucesión de hechos que hoy es objeto de interpretaciones completamente distintas.

Para la Dirección Nacional del SBAP, las medidas responden a una revisión responsable del proceso de instalación.

Para cuatro fuentes que participaron directamente en la implementación del servicio, esa misma secuencia ralentizó el desarrollo de la institucionalidad creada por la Ley 21.600.

Consultado por El Mostrador, el director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff, sostiene que el diagnóstico realizado durante los primeros dos meses de gestión detectó brechas que impedían concretar el traspaso en la fecha originalmente prevista.

“Existe una diferencia importante entre haber avanzado en la preparación de un traspaso y contar con las condiciones necesarias para ejecutarlo de manera efectiva”, afirmó. Según explicó, el servicio aún no disponía de información consolidada sobre contratos, bienes, dotación, sistemas, vehículos y otros aspectos indispensables para asegurar la continuidad operacional de las áreas protegidas. También identificó brechas en capacidades regionales, gestión presupuestaria y administración de personas, además de observaciones que debían ser revisadas junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Desde esa perspectiva, la postergación no constituye un retroceso.

“El proceso no se abandonó. Se ajustó su fecha para realizarlo con una preparación institucional acorde con la responsabilidad que implica administrar realmente el sistema de áreas protegidas del Estado”, sostiene el director.

Las fuentes entrevistadas coinciden en que el traspaso requería una preparación rigurosa. Pero discrepan profundamente respecto de las causas que llevaron a modificar el cronograma.

“El problema no fue descubrir que faltaban condiciones. El problema fue que durante varios meses el propio proceso de instalación dejó de avanzar”, sostiene una de ellas.

Varias de las personas consultadas relatan que, tras el cambio de administración, comenzaron a detenerse procesos considerados esenciales para completar la instalación del SBAP.

Una de las fuentes afirma que la primera instrucción recibida fue no ratificar concursos que ya estaban en marcha y no abrir nuevas convocatorias.

Otra coincide. “La instalación simplemente dejó de crecer.”

Los antecedentes recopilados indican que el diseño institucional contemplaba una dotación cercana a los 380 funcionarios. Al momento del cambio de gobierno trabajaban alrededor de 200 personas y el resto debía incorporarse progresivamente durante 2026. Ese crecimiento, sostienen las fuentes, quedó interrumpido.

Saratscheff rechaza que exista un congelamiento permanente de contrataciones. Explica que la revisión del proceso y las conversaciones con Dipres obligaron a reordenar la planificación, pero asegura que los concursos ya comenzaron a retomarse, incluyendo procesos de Alta Dirección Pública para directores regionales y otros cargos estratégicos. “Fortalecer una institución no consiste únicamente en llenar sus vacantes con rapidez”, señaló.

Las fuentes no cuestionan que hoy existan nuevos concursos. Lo que sostienen es que el tiempo perdido ya produjo efectos.

“Si uno detiene la contratación durante varios meses, inevitablemente llega con menos capacidades al momento del traspaso”.

Mientras el crecimiento del servicio se ralentizaba, ocurrió otro hecho que pasó prácticamente inadvertido fuera del mundo ambiental. Diversos reglamentos asociados a la implementación de la Ley 21.600 fueron retirados desde la Contraloría General de la República.

Las fuentes distinguen dos situaciones. Reconocen que una nueva administración tiene pleno derecho a revisar reglamentos que reflejan orientaciones políticas de la administración anterior. Pero sostienen que también fueron retirados reglamentos laborales y procedimientos que ya habían sido trabajados con asociaciones de funcionarios y que resultaban necesarios para completar la instalación del servicio.

“El retiro de esos reglamentos fue una señal incluso más importante que los despidos”, sostiene una de las personas entrevistadas. Porque, explica, muchas de las nuevas facultades creadas por la ley requieren precisamente de esos instrumentos para comenzar a operar.

Consultado sobre este punto, Saratscheff afirma que el Ministerio del Medio Ambiente continúa revisando los reglamentos pendientes y que uno de los hitos previstos para los próximos meses será precisamente completar esa tramitación normativa.

El escenario se volvió todavía más complejo tras las desvinculaciones del 25 de junio. Con la salida de cuatro directores regionales y la existencia de otras seis vacantes previas, diez regiones permanecerán sin dirección titular mientras concluyen los concursos de Alta Dirección Pública.

Las funciones continúan siendo ejercidas mediante subrogancias, como señala el director nacional. Sin embargo, varias fuentes advierten que los concursos de Alta Dirección Pública suelen extenderse durante varios meses. Eso significa que el servicio seguirá funcionando con una estructura incompleta durante buena parte del proceso previo al nuevo traspaso fijado para marzo de 2027. Para quienes participaron en la instalación del SBAP, ese dato resulta especialmente relevante.

Porque sostienen que la discusión ya no gira únicamente en torno al número de funcionarios. Sino sobre cuáles son las funciones del servicio que dejan de desarrollarse mientras esa estructura permanece incompleta.

Según coinciden las fuentes consultadas, el verdadero debate ya no está en los parques nacionales. Está fuera de ellos.

La disputa por una política pública

El Gobierno asegura que la implementación del SBAP sigue plenamente vigente y que las decisiones adoptadas buscan fortalecer el servicio. Exautoridades y funcionarios sostienen que esa misma secuencia está modificando el alcance efectivo de la Ley 21.600.

Cuando el Congreso aprobó la Ley 21.600, el debate nunca estuvo centrado únicamente en quién administraría los parques nacionales. Eso, recuerdan quienes participaron en su tramitación, era apenas una parte de la reforma.

La principal innovación consistía en crear una institucionalidad capaz de proteger la biodiversidad más allá de las áreas protegidas, incorporando instrumentos que hasta entonces no existían en la legislación chilena: corredores biológicos, sitios prioritarios para la conservación, herramientas para proteger especies y ecosistemas fuera de parques nacionales, además de nuevas facultades para intervenir sobre biodiversidad terrestre y marina.

Por eso, sostienen las fuentes consultadas por El Mostrador, el verdadero debate que hoy se desarrolla al interior del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no gira en torno a los despidos, ni siquiera al retraso del traspaso desde CONAF.

La discusión es otra. ¿Qué parte de la Ley 21.600 terminará implementándose efectivamente?

Las cuatro fuentes reservadas entrevistadas para esta investigación coinciden en un punto. El mayor aporte de la nueva institucionalidad no era administrar parques nacionales. Era extender la política de conservación hacia territorios donde históricamente el Estado había tenido una capacidad de intervención mucho más limitada: predios privados, corredores biológicos, sitios prioritarios, áreas marinas e instrumentos económicos de conservación.

“Nadie discutió doce años una ley sólo para cambiar de administrador de los parques”, sostiene una de las personas entrevistadas. “Esa nunca fue la verdadera reforma.”

Otra fuente resume la preocupación de manera aún más directa.

“Si esas herramientas no terminan desarrollándose, el SBAP puede seguir existiendo, pero la reforma pierde buena parte de su sentido.”

Una tercera utiliza una expresión que se repitió durante distintas entrevistas.

“Es como una ley muerta.”

No porque la institución deje de funcionar, sino porque las herramientas que debían darle un alcance distinto permanecen pendientes de implementación.

El director nacional del SBAP rechaza categóricamente esa interpretación.

En sus respuestas, Tomás Saratscheff asegura que el compromiso con la implementación de la Ley 21.600 “se mantiene plenamente vigente” y que ninguna de las decisiones adoptadas altera el mandato que el Congreso entregó al servicio.

“El objetivo es implementar el SBAP de manera robusta, responsable y sostenible”, sostiene. Agrega que durante los próximos meses continuará el ingreso de reglamentos pendientes, avanzará la provisión de cargos mediante Alta Dirección Pública, se fortalecerán las capacidades regionales y se preparará el traspaso definitivo de las áreas protegidas desde CONAF para marzo de 2027.

Desde esa perspectiva, la revisión del cronograma no constituye una redefinición de la política pública.

Las fuentes reservadas llegan a una conclusión distinta. No sostienen que exista un documento que ordene modificar la Ley 21.600.  Lo que describen es una sucesión de decisiones administrativas cuyos efectos, observados en conjunto, terminarían produciendo ese resultado.

“Una decisión puede explicarse. Dos también. Cuando empiezas a sumar todas, aparece otra lectura”, resume una de ellas.

Es aquí donde las fuentes formulan las hipótesis más sensibles. La primera apunta a un objetivo fiscal: congelar contrataciones, reducir el ritmo de crecimiento institucional y postergar parte de la implementación permitiría contener el gasto público asociado a la creación del nuevo servicio.

La segunda es más estructural. Según las fuentes, limitar temporalmente el desarrollo de las nuevas facultades del SBAP reduce la posibilidad de que entren en funcionamiento instrumentos regulatorios que podrían incidir sobre futuros proyectos de inversión.

Una de ellas lo plantea de esta manera. “La discusión nunca estuvo en los parques nacionales. Siempre estuvo en la biodiversidad fuera de ellos.”

Otra agrega: “Es ahí donde aparecen las tensiones con proyectos mineros, energéticos, inmobiliarios o de infraestructura.”

Entre estas interpretaciones existe, sin embargo, una posición intermedia.

Felipe Castro Cienfuegos, abogado del Departamento Jurídico Ambiental y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SBAP, evita atribuir una intencionalidad política a las decisiones de la nueva administración.

Pero reconoce que el proceso de instalación atraviesa un momento complejo.

“Lo que nos deja es más preguntas que respuestas.” Para Castro, uno de los principales problemas ha sido el tiempo perdido durante los primeros meses del Gobierno. “Se perdieron varios meses claves, críticos, en el proceso de contratar personal, especialmente en regiones.”

Por eso sostiene que hoy resulta indispensable acelerar nuevamente la instalación del servicio. “Necesitamos como pisar el acelerador ahora; ya han pasado más de cien días en la instalación del Gobierno, entonces es necesario poder avanzar un poco más rápido.”

También admite que la salida del jefe de la División Jurídica y del jefe de Personas afecta un proceso que todavía se encuentra en construcción. “El proceso de instalación igual se ve de alguna manera truncado con la salida del jefe de División de Personas y con el jefe de División Jurídica.”

Y agrega: “Se ha desvinculado funcionarios directivos de Alta Dirección Pública titulares en medio de un proceso complejo como es el tema de traspasos.”

No obstante, introduce un matiz que diferencia su posición de la de las fuentes reservadas. “Yo destacaría la buena comunicación que tenemos con el director; tenemos buena relación de la asociación con el director, hemos podido dialogar.” Ello no impide, afirma, reconocer el ambiente que hoy existe dentro del servicio.

“Hay un clima de incertidumbre general.”

La gran duda: ¿El SBAP será león o gatito?

La reconstrucción cronológica de las decisiones administrativas comenzaron con la salida del primer director nacional del SBAP, continuaron con la revisión del proceso de instalación, la postergación del traspaso desde CONAF, el retiro de reglamentos y culminaron, por ahora, con la desvinculación de seis altos directivos.

Los hechos son conocidos y, en lo esencial, no están controvertidos.

Lo que divide a las partes es su interpretación. Para la Dirección Nacional del SBAP, las decisiones forman parte de un proceso de fortalecimiento institucional destinado a asegurar que la implementación de la Ley 21.600 se realice con bases sólidas y capacidades suficientes.

Para las fuentes consultadas por El Mostrador, esa misma secuencia ha comenzado a modificar, en los hechos, el alcance efectivo de la principal reforma sobre biodiversidad aprobada por el Congreso en más de una década.

La gran pregunta es: ¿el Servicio de Biodiversidad cumplirá su misión institucional, velará por la biodiversidad y las áreas protegidas,  ejercerá todas las facultades que el Congreso le entregó en la Ley 21.600 y, finalmente, la institución tendrá dientes para poner freno a proyectos de inversión que puedan acelerar más la crisis de biodiversidad existente? ¿Será león o gatito?

Ciertamente -y en esto coinciden todos- la respuesta no está en las declaraciones oficiales. Estará en la implementación. En los reglamentos que vuelvan —o no— a Contraloría. En la velocidad con que se complete la dotación del servicio. En el cumplimiento del nuevo cronograma para el traspaso desde CONAF.