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Farmacia popular: ¿eso es todo?

Gonzalo Pavez
Por : Gonzalo Pavez Vocero Un Parque Para Las Salinas
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La “farmacia popular” de Recoleta constituye una oportunidad única para debatir la crisis que enfrenta nuestro país en torno al acceso a medicamentos. Sin embargo, el introducir algún grado de competencia estatal -o Municipal– en el mercado farmacéutico, no logra hacerse cargo de la discusión de fondo: la regulación de precios y el rol de las farmacias al interior del sistema de salud, con el objeto de garantizar fármacos a quienes lo necesitan.

Durante 2014, Chile pasó a ocupar el penúltimo puesto (33 de 34) de los países de la OCDE, en cuanto a menor gasto público sanitario. A esto, es necesario agregar que un tercio del financiamiento actual es a expensas del gasto de bolsillo de los pacientes; y una parte importante de él (1% del PIB) se destina a compra de medicamentos. Este escandaloso gasto en medicamentos por parte de las familias (que equivale al total de cotizaciones que recauda Fonasa) se da principalmente por tres razones:

Primero, no existe una política que asegure acceso universal a medicamentos. Existe, en cambio, entrega gratuita de ciertos fármacos esenciales a los usuarios de Fonasa que se atienden en la red pública. Sin embargo, a veces ni siquiera se encuentran disponibles aquellos que están por ley asegurados en la canasta AUGE/GES. Este hecho ha motivado la creación de un fondo especial para dar respuesta a esa problemática.

En patologías de alto costo no-GES, la situación es crítica. Muchos medicamentos de amplio uso no se encuentran financiados de manera explícita y el copago por los pacientes llega a ser de hasta un 100%, o dependen directamente de la capacidad de financiamiento de cada centro asistencial. Para alivianar la carga, en ciertos casos, el Minsal dispone de un auxilio extraordinario que puede retrasarse hasta seis meses, empeorando tanto el pronóstico como la esperanza de vida de los pacientes.

[cita tipo=»destaque»]Necesitamos repensar nuestro sistema de salud para asegurar acceso universal a los medicamentos para quien lo necesite, independientemente de su comuna, sistema previsional o patología específica. Después de todo, la salud de ningún chileno debería estar en manos del retail.[/cita]

En segundo lugar, el mercado de las farmacias está altamente concentrado y desregulado. La colusión de las tres cadenas farmacéuticas que controlan el negocio (Ahumada, Cruz Verde y SalcoBrand) solo coronó un historial de 30 de violaciones a la libre competencia; y es, precisamente, la reiteración de la falta, la evidencia más clara de la incapacidad del sistema para sancionar eficazmente las conductas de este oligopolio, donde predomina la integración vertical y las asimetrías de información.

Finalmente, existe ausencia de políticas de regulación de precios de medicamentos. Las farmacias son vistas como parte del retail y, por ello, no existe ningún tipo de restricción a los márgenes de utilidad a lo largo de la cadena de distribución de medicamentos. Las consecuencias de esto se hacen evidentes al observar las tremendas diferencias de precios entre algunos medicamentos comprados en las grandes cadenas de farmacias chilenas versus el precio que adquieren tan solo cruzando la cordillera. Es el caso del Cisplatino, una droga oncológica de amplio uso; mientras que en Argentina una ampolla de 50 mg tiene un valor de 6,9 USD, en Chile llega en promedio a los 17,41 USD. Y un paciente, por lo general, requiere de varios ciclos con numerosas dosis para completar su tratamiento.

En América Latina ya se ha abierto la discusión respecto a los costos de los fármacos: Colombia ha iniciado una política de regulación de precios, Brasil tiene un Ministerio de Salud que negocia precios sobre la base de evidencia clínica y Uruguay lo hace directamente con la industria en los medicamentos innovadores. Esto es coherente con lo que hace la OCDE, donde es de común acuerdo que el mercado farmacéutico es especial y requiere de políticas de control de precios. Adicionalmente, en Europa, existe regulación directamente a nivel de la farmacia, impidiendo la competencia por precios. Esto se combina con el financiamiento público de medicamentos (ya sea a través de seguros públicos, mixtos o sistemas de cobertura universal); y con que la decisión de cobertura recae en comisiones técnicas con participación de la comunidad, que actúan con transparencia y criterio.

En Chile, la cobertura no es universal, por lo que la capacidad de acceso a medicamentos dependerá de una serie de factores: de si el paciente es Isapre o Fonasa, si su patología está en el GES o no, si está incluido en la canasta correspondiente, si el fármaco que necesita está disponible en la farmacia del consultorio, si su cobertura de Isapre incluye el acceso al medicamento, y si actualmente está en la estrecha lista de tratamientos de alto costo que nacerá con la nueva Ley “Ricarte Soto”.

La “farmacia popular” despierta grandes simpatías en la gran mayoría de ciudadanos que nos hemos sentido abusados por los altos precios de los medicamentos; sin embargo, no consigue alterar ese largo listado de factores o “filtros” que segrega a quienes los necesitan. Actúa al final de la cadena, tratando al usuario como consumidor y no como beneficiario de derecho. Es un tratamiento paliativo para una “enfermedad” que se trata con medidas integrales, eludiendo responder a lo relevante. Necesitamos repensar nuestro sistema de salud para asegurar acceso universal a los medicamentos para quien lo necesite, independientemente de su comuna, sistema previsional o patología específica. Después de todo, la salud de ningún chileno debería estar en manos del retail.

Un acceso adecuado para cubrir requerimientos sanitarios se asegura solo con un rol activo por parte del Estado, al menos en forma similar a como ocurre en la mayoría de los países de la OCDE. Se debe impulsar una agenda pública que aborde el problema de manera global, ya sea con fijación directa de precios, control de presupuestos de producción, evaluaciones económicas, control de utilidades, entre otras. Estas acciones son imprescindibles si los chilenos aspiramos a reclamar salud como un derecho y no como un mezquino negocio de pocos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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