Actualmente el proceso de reformas a la educación superior se encuentra en una etapa bastante particular. El gobierno busca hablar de un conflicto ya cerrado, como si la reforma ya estuviese concluida, y para esto utiliza la beca de gratuidad como broche. Depende del movimiento estudiantil desmentir la posición del gobierno, pues acá no hay nada cerrado sino la oportunidad de presionar una vez más, para salir jugando en la hora decisiva de los estudiantes.
Por una parte el gobierno se encuentra en un nivel de profunda debilidad, lo que lo ha dejado plagado de dudas y medias tintas a la hora de cumplir las promesas de su programa de gobierno. Así, tenemos un primer año de gratuidad universitaria para los alumnos que pertenezcan al 50% de la población con menores ingresos. Sin haber presentado el proyecto de ley que cambie el marco regulatorio y establezca una nueva forma de financiamiento definitiva, desde el gobierno buscan instalar la idea de que “la obra gruesa ya está hecha” (como señaló el ministro Eyzaguirre) y que la demanda de una educación gratuita y de calidad levantada por el movimiento social ha sido cubierta con los 120 mil estudiantes accediendo a la gratuidad.
Esto implicaría reducir el envío del proyecto de ley prometido a un aspecto que, de mantenerse aislado, no generaría el cambio de paradigma que se ha impulsado desde la calle, pero que le serviría al gobierno para pasar gato por liebre. Esto lo ve factible porque con la “gratuidad” vía glosa se desmovilizarían los actores sociales en lucha por la educación como derecho. Así, el gobierno quiere cerrar el conflicto con el menor ruido posible y cree factible hacerlo, independientemente de lo que diga el movimiento estudiantil.
Por otra parte, ciertas facciones del movimiento estudiantil hacen lo mismo, dar por cerrado el conflicto, pero desde una vereda opuesta. Han aceptado esta idea de que la reforma ya se hizo, y se hizo mal, declarando que la reforma es mala, que es una beca más y que nada bueno se puede esperar de un proceso comandado por la Nueva Mayoría. Se corre así el riesgo de hacerle el juego al gobierno hablando de un conflicto ya cerrado y de la falsa gratuidad ya consumada. Por mucho que reconozcamos las debilidades de nuestro sistema democrático para hacer efectivas las demandas del movimiento social más fuerte de los últimos años en Chile, no podemos aceptar la derrota de antemano, eso sería justamente contradecir la estrategia mediante la cual se han logrado los avances más importantes.
Ante esta lógica de pasividad, irónicamente mutua, nos preguntamos cómo los movimientos políticos y sociales pueden pasar a la acción y empujar al gobierno a legislar en favor de la educación como derecho. Claramente no hay un solo camino o manuales y recetas que nos permitan responder esto. Pero hay ciertas cosas que sí sabemos y que creemos son importantes al momento de proyectar lo que será este año para la reforma educacional y que permitan señalar que acá no hay nada cerrado.
En primer lugar sabemos que el tener gratuidad en Educación Superior financiada por un ítem del presupuesto anual es insostenible. Genera inestabilidad tanto para las instituciones como para las familias, al no saber si se contará con el beneficio al año siguiente.
[cita tipo=»destaque»]Por lo tanto, es un error estratégico criticar la beca de gratuidad solo por su cobertura, pues empuja en la dirección de mantener el mercado. Es fundamental complejizar el debate, dotándolo de mayor claridad en el horizonte, y, a la vez, ser capaz de darle una bajada concreta que pueda persuadir y ser motor de mayorías. Hay que exigir, fuerte y claro: gratuidad universal en la ley; prohibición del lucro con fiscalización y tipificación; mecanismos de financiamiento que eliminen el mercado; autonomía resguardada con democratización de los gobiernos institucionales; red de instituciones públicas coordinadas; marco de cualificaciones y articulación; mecanismos de acceso no elitista sino por capacidades; orientación del sistema a la creación de conocimiento. Entre otros puntos intransables.[/cita]
Y en segundo lugar, sabemos que si todo sigue como está, terminaremos con una educación de mercado, tal como la que tenemos ahora, pero financiada por Estado, con instituciones que lucran prometiendo oportunidades de ascenso social que no se cumplen, y, si no obtienen gratuidad, millonarias deudas. Es más, habiéndose ejercido el fallo del Tribunal Constitucional, en la práctica, se terminó por validar un sistema equivalente a los colegios particulares subvencionados en educación superior: las mismas lógicas de mercado, pero ahora financiadas por el Estado. Es decir, podría ser el fin de una de las pocas esferas de nuestra sociedad que resistió (aunque sea de forma parcial) los embates del mercado.
Considerando lo anterior, no podemos quedarnos mirando cómo el gobierno dice que la reforma ya está hecha y bien encaminada. Porque no lo está, porque el punto sobre financiamiento y una reforma estructural sigue pendiente. No debemos dejar que nos cierren el conflicto que abrimos los estudiantes, y la sociedad chilena, en la hora decisiva. Luego de innumerables excusas para posponer el ingreso del proyecto de ley, este 2016 han prometido ingresar el proyecto que cambie el marco regulatorio de la educación superior. Si queremos que ganen los estudiantes y sus familias debemos disputarle al gobierno esa reforma. A riesgo de terminar con una educación de mercado financiada por el Estado, con el mamarracho de la gratuidad vía glosa, hay que volcarse a la calle con unidad política, pues está la oportunidad de dar vuelta la cancha y obligar al gobierno a legislar acorde a la educación como derecho social.
Esto requiere de una movilización contundente que respalde las demandas del movimiento estudiantil, para esto es crucial volver a politizar los debates al interior del estudiantado y definir un mapa claro de maniobras que convenza a las bases estudiantiles de la necesidad de presionar. Es necesario salir de la cancha de la glosa de gratuidad y dejar en claro que la propuesta que generó consenso en la ciudadanía el 2011, versa sobre derechos sociales y un nuevo paradigma de lo público, no de focalización de gastos o beneficios aislados. Para esto si la Confech decidió dejar de participar en discusiones formales con el gobierno, entonces es el Congreso el único lugar que queda para discutir con algún grado de transparencia e incidencia. Pero quedarse aislado sin dialogar con nadie es renunciar a la idea de conseguir las metas. Como señaló oportunamente la presidenta de la FECh, «sabemos que si la reforma fracasa también es un fracaso nuestro», pues en definitiva lo que se quiere es transformar la vida de los chilenos y chilenas y no enfrascarse en un disputa vacía de política.
Por lo tanto, es un error estratégico criticar la beca de gratuidad solo por su cobertura, pues empuja en la dirección de mantener el mercado. Es fundamental complejizar el debate, dotándolo de mayor claridad en el horizonte, y, a la vez, ser capaz de darle una bajada concreta que pueda persuadir y ser motor de mayorías. Hay que exigir, fuerte y claro: gratuidad universal en la ley; prohibición del lucro con fiscalización y tipificación; mecanismos de financiamiento que eliminen el mercado; autonomía resguardada con democratización de los gobiernos institucionales; red de instituciones públicas coordinadas; marco de cualificaciones y articulación; mecanismos de acceso no elitista sino por capacidades; orientación del sistema a la creación de conocimiento. Entre otros puntos intransables.
De cara al 21 de mayo, y ante nuevas movilizaciones y jornadas de paralización convocadas tanto por la Confech como por la Cones, tenemos unas cuantas certezas: solo la movilización contundente y con objetivos estructurales transformadores generará garantías para que el escenario cambie y solo disputando la reforma en curso evitaremos que un conflicto sostenido desde el 2011 se cierre sin la reforma por la que venimos luchando.
