Señor Director:
Las bases del programa Música a un Metro – programa que busca regular la presencia de músicos en las dependencias de Metro de Santiago, para entregar escenarios y difusión en algunas estaciones del circuito – evidencian a mi entender un retroceso en materia cultural y laboral para intérpretes musicales que busquen en éste una oportunidad de visibilidad y trabajo estable (cualidades que dicho programa pretende ostentar), por las siguientes razones:
Entre diversos antecedentes como una estricta ficha de datos y el currículum vitae, se solicita a los artistas subir dos vídeos a Youtube, uno de repertorio musical y otro biográfico. Habrá cien preseleccionados, entre los cuales cinco de los más votados en el portal web del programa tendrán cupo garantizado dentro del proceso, y otros treinta y cinco serán elegidos por un jurado especializado, conformado por un representante de: SCD, Consejo de la Música, medios de comunicación especializados, institución de gestión musical y un artista consagrado en la escena nacional. Como punto de partida, inmediatamente dejamos fuera a no pocos artistas que no cuentan con los medios para publicar un video en internet, ya sea por la brecha generacional (muchos artistas ambulantes son ancianos que carecen de cercanía con los medios digitales) o porque para preparar un vídeo en condiciones de una competencia musical se requiere de presupuesto. ¿Debo detallar la situación económicamente precaria que viven muchos colegas hoy en día?
Además, se presentan diversas cláusulas que atentan directamente contra la libertad de expresión, lo cual sabemos que es un factor fundamental para el desarrollo de las artes: Se permite a cada artista sólo dos composiciones originales (de un mínimo de doce) y se prohíbe interpretar música relacionada con política, sociedad, medio ambiente o religión.
Puedo entender que se prohíban lugares comunes para una sociedad democrática, como serían la apología al terrorismo de Estado, el racismo, la xenofobia y otras formas de incitación al odio… ¿pero qué necesidad hay de restringir hasta este extremo las temáticas creativas? Más aún considerando lo presente que ha estado el discurso político y social en la historia de la música chilena. Bajo esta restricción, hipotéticamente, Luis Advis y Quilapayún no habrían podido jamás presentar la Cantata Santa María de Iquique, o Violeta Parra no habría podido presentar gran parte de su obra. Lo mismo con los cientos de folcloristas ambulantes que hoy mantienen vigente esta música. Eso incluso da por muerto el enlace a debates más profundos sobre el discurso político detrás de la “canción apolítica” (que proliferó sustancialmente durante el apagón cultural que vino de 1973 en adelante), o la delimitación entre lo político y lo no político: ¿Arak Pacha podría (hipotéticamente, insisto) presentar música andina, o se le impediría ya que la reivindicación de la cultura de los pueblos originarios es en sí un discurso político?
Lo mismo con la música religiosa. Sin ser un erudito en materia de Derechos y desde mi postura de librepensador, esta sola cláusula atenta directamente contra nuestra libertad de culto, lo que es una conquista ganada luego del derramamiento centenario de sangre y zanjada por la Declaración Universal de Derechos Humanos (a la que Chile adscribe). La pérdida artística en esta materia nos deja múltiples dolores fantasmas en torno a la importancia de la música sacra a lo largo de la historia: ¿Qué sucede con las cantatas y misas de J. S. Bach, por ejemplo? ¿Y el canto Góspel? ¿Música ceremonial étnica? ¿Reggae litúrgico?
Así mismo, diversas cláusulas suponen un retroceso en materia laboral, entendiendo que los músicos que trabajan ambulantemente no lo hacen por pasatiempos ni por una devoción desinteresada por “aportar cultura a su entorno”, sino un trabajo. Metro lo entiende así al exigir una estricta serie de normas contractuales y al ofrecer “ser parte del staff de músicos de Metro”. Por nombrar las más graves:
– El músico del metro debe pagar pasaje, pese a contar con credencial de staff.
– La alimentación y servicios sanitarios deben ser cubiertos por el músico afuera de las dependencias de Metro.
– El músico libera de responsabilidad a la empresa por cualquier accidente que éste pudiera sufrir en sus dependencias.
– Metro puede anular el convenio por la razón que se le plazca, en el momento en que se le plazca.
Por insólito que parezca, esto está explícito en las bases de la convocatoria.
De esta forma, Metro de Santiago legitima e institucionaliza la censura y precarización laboral extrema de los músicos, en lugar de regular adecuadamente la presencia de los artistas en los vagones (preocupación entendible y que no pongo en duda, dicho sea de paso). ¿Qué rol jugará la SCD al estar avalando este concurso, así como el Consejo de Fomento de la Música Nacional? ¿Qué dirán al respecto los Ministerios de Cultura y del Trabajo? ¿Qué artista ya consagrado respaldará y legitimará este proceso? ¿Qué depara al desarrollo cultural de este país cuando las propias instituciones no reconocen el quehacer artístico como un trabajo?
Felipe Sandoval Cuevas, Músico
