Leo en los medios que la CUT rechaza la idea de crear una AFP estatal. La misma conducta asumen los dueños de las AFP. Hay que lograr que cambie de actitud. Me cuesta asumir la convocatoria a derrotar a una alianza tan singular, pero debo hacerlo porque como hijo de un cofundador de la CUT en los años 50 y refundador de la CUT en la época dictatorial, me duele verla asumiendo posiciones tan alejadas de los objetivos concretos que nos ayudarían a producir los cambios indispensables.
Primero debo señalar que coincido plenamente con la CUT en cuanto a la necesidad que tiene Chile de recrear un sistema de seguridad social público, solidario y de reparto, tal como lo tienen las Fuerzas Armadas chilenas y existe en casi todos los países del mundo para civiles y militares, sin una discriminación tan injusta como ahora.
Los resultados de 35 años de AFP demuestran su estrepitoso fracaso de acuerdo a sus propias promesas. Ofrecieron una pensión promedio del 70 % de las últimas remuneraciones, porcentaje que debería ser equivalente a unos $490.000 mensuales, considerando la remuneración promedio de los cotizantes en las AFP a abril de este año, que alcanza a los $ 700 mil pesos mensuales.
El millón de pensionados actuales percibe cerca de $200.000 al mes, de acuerdo a las cifras oficiales, es decir, menos del 30% de sus remuneraciones previas y a edades superiores a los 60 años.
Entretanto, según El Mercurio, las pensiones promedios de los uniformados superan los 700 mil pesos, casi 4 veces más que los civiles. Pero los promedios ocultan brechas superiores. En efecto, los oficiales de las Fuerzas Armadas obtienen pensiones superiores a $1.400.000, según datos publicados por la Radio de la Universidad de Chile, para el año 2012. Con los reajustes anuales esas cifras son superiores y, un detalle no menor, se obtienen antes de los 50 años.
En las AFP, son cerca de 200, dos centenas, los que perciben una pensión cercana al millón de pesos. Más de 300 mil pensionados perciben $118 mil pesos, los que bajarán en más del 2% si el gobierno no acoge nuestras peticiones.
Este fracaso demuestra que la ideología neoliberal, que motiva a las AFP, no es válida para reemplazar a la Seguridad Social que promueve la OIT y que en Chile defendían Jorge Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende y, paradójicamente, los opositores a la dictadura antes de llegar al gobierno.
Patricio Aylwin fue el último Presidente que defendió parcialmente este concepto. Así se demostró en las soluciones para las graves crisis generadas en el carbón y ferrocarriles, las que tuvieron como salidas la facilitación de jubilaciones para los afectados. También lo aplicó con la ley 19. 200 de 1993, que permitió a los funcionarios públicos que imponían en el IPS, obtener jubilaciones acordes con las condiciones del antiguo sistema. En términos muy sencillos, un profesor subcotizado en los ochenta, pudo jubilar con una pensión equivalente al 80% de sus últimas remuneraciones.
Pero el profesor subcotizado que se trasladó a las AFP no pudo hacerlo. Los ministros Foxley, Cortázar y Ominami, el equipo económico del gran Presidente, se negó, aduciendo que había estudios que demostraban que las pensiones de las AFP serían mejores. Don Patricio, comprensiblemente, confió más en sus doctores en economía y no en los gásfiters que llegamos al Senado desde el mundo de los trabajadores.
La realidad muestra que esa fue una expectativa fallida. En la propia Comisión Bravo, la mitad de sus integrantes proponen volver a un sistema de seguridad social, pero las fuerzas que protegen a las AFP son muy fuertes. Y aquí es donde se equivoca la CUT.
Los Fondos de Pensiones, nuestra plata, representan una suma equivalente al 70% del PGB de Chile y lo manejan seis gerentes generales. Ellos les entregan a bajo costo nuestros ahorros forzosos a los bancos, para que los presten a tasas usurarias; a las grandes empresas, para que inviertan con recursos baratos y se coludan para golpearnos en el suelo. Con la influencia de nuestros recursos eligen directores muy bien pagados en las empresas, que no cumplen su rol, como en La Polar, Cascadas y otros. Nuestra plata les da poder a más de doscientas empresas para fijar la pauta informativa de la TV, los diarios, revistas y la radio. Además, como se ha visto, les permite comprar a algunos políticos que, de manera transversal, han traicionado la confianza ciudadana.
Para peor de males, las AFP se llevan un Presupuesto Nacional anual fuera de Chile, en vez de invertirlo en el desarrollo armónico del país. Los ministros liberales de la NM han mantenido este capital fuera, incluso llevándose más de 20 mil millones de dólares para depositarlos en el exterior , en vez de usar esos recursos para enfrentar la crisis económica global, amplificada por los grupos económicos chilenos empeñados en paralizar los cambios.
Al tenor del discurso de la Presidenta el 21 de mayo y las declaraciones de algunos de sus ministros y algunos líderes del PPD y el PS, los poderosos ganaron, no habrá más cambios. Esto lo percibe la CUT y lo mismo me ocurre a mí.
Los propios críticos de la AFP estatal reconocen que no hay apoyo político para sus demandas de fondo. Pero, además, hay otros hechos que no pueden desconocerse. Las AFP casi en su totalidad les pertenecen a capitales estadounidenses. ¿Alguien cree que no va a haber presiones y amenazas que afecten nuestro comercio exterior y nuestra economía? ¿Alguien piensa que estas empresas no recurrirían al TC si se llegase a aprobar una ley para expropiarlas?
No tiene ninguna posibilidad la treta de aplacar a los poderosos manteniendo sin aporte a los empleadores, como propuso la comisionada comunista polaca en la Comisión Bravo.
¿AFP Estatal para mejorar las pensiones? No, el propio gobierno lo reconoce en el deficiente proyecto enviado al Congreso. Solo bajaría las comisiones a montos más bajos que los actuales, lo que repercute en el bolsillo hoy pero no en las pensiones. Además que, sin una campaña masiva, las grandes mantendrían sus afiliados como ocurre ahora. El 80% de los afiliados sigue en las más caras. Cuprum y Provida, que además maniobraron para no pagar 410 millones de dólares en impuestos. Están recién mostrando una baja de cien mil afiliados, como parte de una modesta campaña en que colaboramos para que los afiliados se retiren para rechazar sus simulaciones fraudulentas.
Otros dirigentes arguyen, para rechazar la idea, que no quieren legitimar el sistema. Pregunto: ¿dónde cotizan los dirigentes? ¿En el limbo o en una AFP? Más de alguno puede estar todavía en el sistema antiguo, así que no tiene urgencias. Pero ¿y los demás?
Si se crea la estatal, ¿usarán su libertad para seguir en las privadas en que están afiliados, legitimando estas empresas explotadoras?
Otro hecho. La CUT tiene un representante en la Comisión de Usuarios de AFP, creada en la Reforma del año 2008. Esta entidad tiene entre sus miembros también a un representante de las AFP y cuya gestión en defensa de los afiliados es tan pobre que provocó la creación de ACUSA AFP. ¿Participar allí no es estar en el sistema?
[cita tipo=»destaque»] Si apoyamos la concreción de la AFP estatal, podemos quitarles parte importante de su fuerza a los grupos económicos. Podemos convertir la afiliación en un verdadero plebiscito contra las AFP para lograr el cambio deseado. Cinco millones de afiliados en la AFP estatal son un mensaje directo a la clase política, si los que encabezan el proceso somos los que queremos los cambios.[/cita]
Entonces, ¿qué hacer?
Primero: seguir planteando el objetivo de mediano plazo, un Sistema de Seguridad Social, Público, solidario de reparto, con aporte de los empleadores, trabajadores y Estado, el tripartismo que promueve la OIT.
Segundo: pedir que se dicte una ley que permita a los trabajadores optar entre las AFP o un sistema Público de Seguridad Social. La libertad, que es para los trabajadores como el aire para respirar, nos permitirá soluciones reales y respaldadas por la voluntad, no por la fuerza.
Tercero: apoyar la creación de la AFP estatal que es lo único que la Presidenta anuncia que cumplirá, que tiene apoyo político amplio. Se supone que la NM apoyó el programa con que gobierna, en el que se encuentra la AFP estatal. Me consta que hay parlamentarios de derecha dispuestos a respaldar el proyecto y, no olvidar, cerca del 70% de los trabajadores la respalda, según diversas encuestas serias.
Cuarto: exigir al gobierno cambios en su proyecto original. Entre los más relevantes, que esa AFP invierta los recursos en Chile, que participen en su administración representantes de los cotizantes y el gobierno. Los empleadores deben cotizar y por ello deben participar en el directorio, pero en una proporción acorde con sus aportes.
Si apoyamos la concreción de la AFP estatal, podemos quitarles parte importante de su fuerza a los grupos económicos. Podemos convertir la afiliación en un verdadero plebiscito contra las AFP para lograr el cambio deseado. Cinco millones de afiliados en la AFP estatal son un mensaje directo a la clase política, si los que encabezan el proceso somos los que queremos los cambios.
No cualquier AFP estatal sirve para ello. Por eso, por la historia, la realidad y el futuro, debemos exigir al gobierno y a todas las fuerzas políticas estos pasos concretos y canalizar nuestras acciones hacia esos objetivos posibles.
