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Tomas y Tabú: La obstinación de Carlos Peña

por Ignacio Bustos, Liliana De Giorgis, León Errázuriz, María Paz Garrido, Gibrán Harcha, Cristóbal Ramírez, Consuelo Sánchez, Sebastián Vergara. Estudiantes de la Toma de Psicología de la UDP 13 junio, 2016

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Señor Director:

“Cuando se trata de cosas que se han vuelto patógenas por su afán de ocultarse, no es lícito esperar que los enfermos las exhiban al médico; tampoco lo es amilanarse ante el primer <> que se opone a la búsqueda” (S. Freud)

Durante las últimas semanas los estudiantes de la Universidad Diego Portales -enmarcados en el contexto del movimiento social por la educación- se han plegado al llamado de la CONFECH de paralizar las actividades académicas de forma indefinida, con el objetivo de manifestarse frente al actual proyecto de reforma educacional. Lo anterior es aún más relevante en la medida en que esta reforma tiene implicancias directas en la expresión particular de la orgánica interna y definición de nuestra institución.

Ante la reiterada indiferencia hacia las demandas estudiantiles y el incumplimiento de los compromisos de las autoridades de la Universidad acerca de la suspensión de las actividades académicas durante el periodo de paro, es que las distintas facultades, siguiendo sus propios procesos deliberativos, han decidido llevar a cabo la ocupación de las instalaciones de la UDP.

El día viernes 10 de junio, los integrantes de la comunidad universitaria recibieron un comunicado del Consejo Académico de la Universidad, presidido por el Rector Carlos Peña, exigiendo la deposición de toda movilización -aduciendo a una unanimidad entre sus miembros-, para retomar el día lunes 13 de junio las actividades académicas de la Universidad. Esto sin considerar la participación en ese espacio deliberativo de los representantes estudiantiles (miembros de este consejo) y sin consultar ni representar a la totalidad de los profesores.

Frente a esta falta a la democracia universitaria, resulta imprescindible realizar una revisión acerca de cómo ha sido caracterizada la movilización estudiantil por parte del Rector, con el fin de resguardar los espacios de participación política y prevenir la posible criminalización de éstos. Lo anterior se llevará a cabo a través del análisis de la pertinencia de los términos que ha utilizado para describir y valorar el estado actual, tanto de la universidad como de la política nacional.

En un comunicado enviado el 8 de junio a la comunidad universitaria, el Rector señala que la Universidad cuenta con amplios espacios de diálogo y participación, por lo que una toma es “un acto coactivo inaceptable,” de carácter ilegítimo. Al mismo tiempo, sería una “imposición por la fuerza de la propia voluntad,” en contraposición a “un uso de la crítica como un esfuerzo de la razón.” Esto traería como consecuencia el sacrificio de la formación académica y el cumplimiento del deber público de la Universidad.

En su artículo “Democracia Liberal”, Peña asevera que no se puede negar que lo constitutivo de la política es el conflicto, y que para ser resuelto de manera democrática es necesario que se dé un espacio al diálogo. El diálogo -en un contexto ideal habermasiano- implicaría una instancia comunicativa donde la razón prima como una forma de hacer uso del conocimiento, reconociendo a un interlocutor, con la intención de llegar al entendimiento. En el contexto de la discusión política, tanto el reconocimiento como el entendimiento son requisitos fundamentales para deliberar la forma que tendrá la vida en comunidad.

Ahora bien, la Universidad Diego Portales no logra constituirse como un escenario ideal, porque carece de instancias participativas de carácter vinculante, por tanto el diálogo no conduce a una forma de entendimiento que reconozca a todos los actores de la universidad; y en donde efectivamente se pueda deliberar acerca de la institucionalidad que queremos como comunidad. Lo anterior invisibiliza la naturaleza conflictiva propia de la política señalada por Peña, ya que no da cabida a la participación equilibrada de todos los actores políticos, de modo que éstos puedan compatibilizar sus voluntades y éstas se traduzcan en cambios efectivos dentro de la institución. Esta invisibilización funciona estratégicamente no solo para despolitizar el ejercicio de la deliberación, sino que además tiene como efecto la perpetuación de una realidad institucional que no coincide con el ideal democrático que sostiene Peña a nivel nacional.

Por otra parte, una condición fundamental del entendimiento es el reconocimiento del interlocutor como un otro que podría tener buenas razones para guiar sus actos, es decir, creer en la plausibilidad de la mejor versión de sus argumentos. Esto no se cumple en la situación actual, cuando se tilda a estudiantes como irracionales a priori, en la medida en que hacen una ocupación del espacio. Sin embargo, este significado se invierte cuando se entiende que una toma pretende restituir una relación de poder radicalmente asimétrica, y revalorizar el papel del diálogo como un ejercicio realmente político -un quehacer colectivo-, y no como un simple pretexto de legitimación de la institucionalidad actual.

Podemos apreciar algo similar en el contexto de la discusión laboral. José Luis Ugarte, profesor de Derecho Laboral de la UDP, ha señalado que por lo general se considera la huelga bajo dos puntos de vista: una mirada la entiende como algo que va a generar una merma en la productividad del trabajo, como una etapa indeseable. Otra mirada sugiere que el ejercicio del derecho a huelga, es la única instancia en donde los trabajadores pueden discutir sus condiciones de trabajo con el empleador, y que lo hacen a partir de la negación de la actividad laboral. La huelga permite la valorización social del trabajo, precisamente al mostrar que sin fuerza de trabajo no hay organización.

Al igual que en el caso de la huelga, una toma implica la paralización de las actividades en la Universidad, y por medio de ésta, se busca revalorizar el papel de los estudiantes en la institución: sin estudiantes no hay Universidad. Esto no quiere decir que sea el actor preponderante, sino que busca que sea un actor reconocido como tal; que el tiempo limitado que dedica a la institución no justifica excluirlo de cualquier decisión, porque al ser un sujeto complejo, ciudadano al mismo tiempo que estudiante, la institución debe considerar aquella complejidad como un aporte.

Para Carlos Peña, una comprensión del rol público de una Universidad debe considerar como su fin último el cultivo de la racionalidad al servicio de las necesidades del país, no estar capturada por intereses particulares; debe producir ciertos bienes que beneficien a toda la comunidad; y debe cumplir ciertos estándares de transparencia institucional. Bajo este punto de vista, el estudiante es una figura que consume y aprende a generar ciertos bienes producidos por la Universidad: “viene a aprender el ejercicio de la racionalidad,” como sostuvo en la Facultad de Psicología el año 2015. Así entendido, la lógica de la producción de un conocimiento es rentable y estable, en la medida en que el estamento estudiantil no es considerado como un sujeto político. De esta manera, la paralización de las actividades de la Universidad solo puede entenderse como un obstáculo al circuito productivo de la racionalidad.

Pero esta definición del rol público de la universidad es insuficiente al momento de declarar que el cultivo de la racionalidad está al servicio de las necesidades del país, ya que naturaliza la configuración de dichas necesidades como algo dado, en vez de reconocerlo como producto de discusiones y encuentros de diferentes realidades e intereses políticos, materiales y simbólicos, que son disputados en contextos deliberativos que no siempre entregan las condiciones suficientes para el equilibrio en el ejercicio del poder.

Más aún en una universidad en donde las instancias de deliberación representativas -el Consejo de Carrera, Consejo de Facultad, Consejo Académico- solo tienen un carácter consultivo, al mismo tiempo que la elección de los representantes de estas instancias también dependen de una sanción del Consejo Directivo Superior, entonces los representados no tienen ninguna posibilidad de asegurar que las decisiones de la máxima instancia deliberativa no sean capturadas por intereses particulares, o que no respondan a la voluntad de un puñado de personas, sin importar lo convencidos que estén de ello.

Ante una situación así, una toma tiene como objetivo racional el reclamo por condiciones de democracia que permitan la participación de todos los actores que la constituyen, posibilitando la contraposición real de argumentos y fuerzas. En este sentido, si una institución desea estar a la altura de las necesidades del país, no puede tener estándares democráticos más débiles que éste. De lo contrario el peligro al que nos veremos expuestos, será tal cual como lo ilustra el Rector en relación a la presidenta Bachelet:

“Al abrazar con entusiasmo y con fervor la meta que persigue, la persona obstinada llega a identificarse del todo con ella, y entonces sobreviene lo peor: los obstáculos que detecta en la tosca realidad, las llamadas de atención acerca de los probables tropiezos, las palabras que le aconsejan tolerar un cierto rodeo son vividos como amenazas personales, como debilidad o defección, como desafíos a la propia determinación”.

No podríamos decirlo mejor.

Ignacio Bustos, Liliana De Giorgis, León Errázuriz, María Paz Garrido, Gibrán Harcha, Cristóbal Ramírez, Consuelo Sánchez, Sebastián Vergara. Estudiantes de la Toma de Psicología de la UDP.

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