Paz por tierras. Así podría resumirse la fórmula empleada por los sucesivos gobiernos postdictadura en Chile para lidiar con la violencia en los territorios mapuches más radicalizados al sur del país.
Durante la última década el presupuesto destinado a la compra de terrenos para comunidades indígenas en localidades con alta conflictividad ha aumentado explosivamente, así como el precio pagado por hectárea.
La presión de ciertas comunidades por medios violentos, el clima enrarecido por un estado permanente de represión policial –muchas veces con excesos inaceptables para un Estado democrático– y el actuar de especuladores, entre otros factores, han distorsionado lo que debiera ser una política de Estado sobre restitución de tierras y territorios indígenas, convirtiéndola en una eterna compra de predios sin planificación a largo plazo ni consenso por parte de los distintos actores involucrados, puesto que la actual legislación no contempla su injerencia en esta sensible materia.
La Ley 19.253 (conocida como Ley Indígena, 1993) establece la creación de un Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. Entre sus funciones destaca el financiamiento de mecanismos que permitan dar solución a los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas –Art. 20 letra b) Ley 19.253–. La ley dispuso, además, que el Presidente de la República establecerá un Reglamento para definir el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.
El Decreto Nº 3.395 del 24 de noviembre de 1993, reglamenta hasta el día de hoy el funcionamiento del Fondo de Tierras. Su artículo 6º dispone que las decisiones respecto a las compras de tierras reclamadas por comunidades indígenas son de competencia exclusiva del Director Nacional de CONADI (nombrado por el gobierno de turno).
Este punto es uno de los principales fundamentos que explican la viciosa relación entre violencia rural en territorios mapuches y la compra de tierras por parte del Estado, al quedar bajo criterio del gobierno de turno la priorización de las comunidades beneficiadas.
Esto, en la práctica, ha significado que el Fondo de Tierras no posea una guía ni un manual organizador integrados en los ámbitos funcionales y territoriales capaces de asegurar un buen desempeño, no solo en lo operativo sino también en lo estratégico, en términos de planificación de sus metas a mediano y largo plazo.
La política de restitución de tierras indígenas impulsada por los distintos gobiernos, desde 1994, ha improvisado un derrotero caracterizado por reaccionar frente a la radicalización de la movilización de distintas comunidades mapuches. Esto queda en evidencia al revisar el gasto público destinado a la adquisición de tierras indígenas en conflicto jurídico y los periodos de radicalización del movimiento mapuche.
El año 1997 comenzó la polémica construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, proyecto que significó la relocalización de numerosas familias pehuenches y la inundación de su territorio ancestral. De la mano de este triste episodio surgieron nuevos enfrentamientos, principalmente en la provincia de Malleco, con comunidades mapuches afectadas por el explosivo incremento de la industria forestal, amparada por la dictadura militar mediante la creación del D.L.701.
La rebeldía mapuche adquirió formas nuevas y nuevos líderes surgieron, caracterizados por la desconfianza radical en los procedimientos de las instituciones para resolver sus demandas. La reacción del Gobierno de Eduardo Frei fue triplicar en dos años el presupuesto destinado a compra de tierras a comunidades indígenas.
El 2006 el porcentaje del Fondo de Tierra y Agua para compras de tierras en conflicto jurídico fue del orden de 37,4%, mientras que el 2007 alcanzó el 55,8% y el 2009 el 87,9%. Este incremento súbito e inédito del presupuesto destinado al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, es el resultado directo de la fuerte presión que significó para el primer Gobierno de Michelle Bachelet la radicalización de la movilización indígena y la aplicación de una perniciosa política que, por un lado, intentaba satisfacer la demanda de tierras y, por otro, reprimía ferozmente a los grupos de comuneros violentistas, teniendo que lamentar en corto tiempo la muerte, a manos de efectivos de Carabineros, de dos jóvenes mapuches (Matías Catrileo, 3 de enero de 2008, y Jaime Mendoza Collío, 12 de agosto de 2009).
Las directrices de la política indígena que anunció el Presidente Piñera en su Programa de Gobierno y en la primera cuenta pública al país del 21 de mayo de 2010, partían de la base de la incompetencia endémica de la política de tierras de los anteriores gobiernos, principalmente por el alto precio pagado por los predios en conflicto jurídico.
Paradójicamente, durante su gobierno el precio pagado por hectárea superó por amplio margen al pagado durante el ciclo político de la Concertación. Además, la “nueva y mejor gestión” de CONADI, anunciada en marzo de 2010 por Sebastián Piñera, fracasó de manera catastrófica al ejecutar solo el 42% del presupuesto para ese año, debiendo devolver más de 35 mil millones de pesos destinados a compra de tierras para comunidades que ya habían comunicado sus prioridades.
El incremento en el presupuesto del Fondo de Tierras aplicado por Michelle Bachelet fue mantenido durante el gobierno de Piñera. La violencia en territorios mapuches, lejos de apaciguarse, se incrementó y se activó con fuerza no solo en la provincia de Malleco sino también en la de Cautín.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet sorprendió con el elevado presupuesto para la compra de tierras indígenas del año 2015, incrementándose en cerca del 30% con respecto al año anterior. Sin embargo, no es la inversión la que determina la calidad de la política pública sino la eficiencia en su implementación.
El 2014 y 2015 son los años en que más dinero se ha pagado por hectárea de tierra destinada a comunidades indígenas desde el comienzo del Fondo de Tierras y Aguas indígenas en 1994. A pesar de esto, el actual gobierno sigue entrampado en el interminable conflicto con las comunidades indígenas y en la misma improvisada y reactiva política de entrega de tierras, buscando contener potenciales focos de conflicto, como la insólita compra a un elevado precio del predio perteneciente al empresario Carlos Heller, para beneficiar a una de las comunidades afectadas por la polémica construcción del nuevo Aeropuerto de la Región de La Araucanía en la localidad de Quepe.
[cita tipo=»destaque»]El Intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, declaró formalmente la inexistencia de la reivindicación territorial indígena, argumentando que los mapuches son esencialmente chilenos de la misma manera que los chilenos son esencialmente mapuches, por lo que resulta impensable que puedan existir territorios diferenciados en un mismo país, mestizo, que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas.[/cita]
La compra parcial e indefinición en los límites de las restituciones de territorios ancestrales, han convertido las expectativas de las comunidades mapuches en frustración y desconfianza, postergando cada vez por menos tiempo el reinicio de la violencia en los mismos sectores.
Días atrás el Intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, declaró formalmente la inexistencia de la reivindicación territorial indígena, argumentando que los mapuches son esencialmente chilenos de la misma manera que los chilenos son esencialmente mapuches, por lo que resulta impensable que puedan existir territorios diferenciados en un mismo país, mestizo, que no reconoce la existencia de los pueblos indígenas.
A pesar de la confundida opinión, el Intendente dejó al descubierto la raíz del problema: el gobierno no ha entendido la evolución de la demanda mapuche durante las últimas dos décadas.
La entrega de tierras a comunidades mapuches ya no es garantía de una tranquilidad duradera para los habitantes de la zona.
El Intendente Jouannet desconoció en su declaración que durante los últimos 30 años, de la mano del derecho internacional de derechos humanos, los pueblos originarios, particularmente el mapuche, han resignificado progresivamente la demanda por restitución de tierras, desplazando el sentido asociado a un concepto principalmente económico por proyectos de reconstrucción territorial, idea mucho más compleja que abarca distintas formas de hábitat, expresiones espirituales, culturales, políticas e históricas.
El Estado chileno no ha sabido responder a este cambio, persistiendo en la misma política de tierras de hace veinte años, improvisada, reactiva y aparentemente interminable.
