El 29 de diciembre de 2016, fue un día histórico para los tan anhelados deseos de descentralización que ha venido enfrentando el país durante las últimas décadas. Aquella mañana de fin de año, se promulgó la reforma constitucional que aprobó la elección popular de gobernadores (as) regionales, lo que marca un hecho político que para muchos, fue la obtención de la contraseña de acceso a un profundo proceso de cambios institucionales que dota, de mayor poder (en sus variadas dimensiones) a los diferentes territorios que integran Chile.
Logrado ese hito, ¿Cuándo los ciudadanos íbamos a poder votar por este cargo de elección popular? Aquella interrogante, tenía respuesta desde dos perspectivas. La primera, abogaba por incluir la papeleta de gobernadores regionales en la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2017 y la segunda, se inclinaba por esperar hasta las votaciones de Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de 2020.
Algunas voces, apostaban a un proceso similar a la implementación de la elección de alcaldes a principios de la década de los 90, donde las atribuciones y competencias del puesto fueron mutando y adaptándose con el paso del tiempo, lo que significaba mantener este cargo es estatus de “constructo”, por un largo y/o tedioso proceso de configuración de roles y atribuciones.
[cita tipo=»destaque»]La espera parece valer la pena ya que se están mitigando conflictos, problemas y angustias (no quiero decir que no vayan a existir, solo que serán menos), que podríamos estar experimentando por estos días sí esta elección se hubiese realizado meses atrás y el cargo se estuviese instalando, probablemente, con algún grado de improvisación.[/cita]
Por otro lado, los partidarios de efectuar esta elección en las municipales de 2020 (idea a la cual me suscribí y lo sigo haciendo), hablábamos de una implementación de cargo con mayor debate político previo, y en consecuencia con una ley de traspaso de competencias que entregue reales herramientas políticas y administrativa para una gestión pública y de la gobernanza eficiente y moderna, que por lo demás, se enmarcaría una elección donde los ciudadanos escogen a las autoridades ejecutivas más próximas a su territorios locales y comunitarios. Al anterior argumento se agregaba el riesgo de posibles conflictos por la falta de diferenciación entre los roles del gobernador regional y el delegado presidencial regional.
En una entrevista realizada al Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes a finales de 2017, la autoridad destacó que en el transcurso de este proceso han podido integrar iniciativas innovadoras como el consejo de alcaldes para áreas metropolitanas y el administrador del gobierno regional, además la ley de traspaso de competencias ha ido quemando etapas con amplios acuerdos entre los diferentes sectores políticos, por lo que al ejecutivo le resta revisar y definir (para su envío al parlamento) la ley de rentas para la aplicación de impuestos locales.
La espera parece valer la pena ya que se están mitigando conflictos, problemas y angustias (no quiero decir que no vayan a existir, solo que serán menos), que podríamos estar experimentando por estos días sí esta elección se hubiese realizado meses atrás y el cargo se estuviese instalando, probablemente, con algún grado de improvisación. Sin embargo, se han podido institucionalizar desde ya, interesantes iniciativas como la reorganización de los gobiernos regionales y otros alcances novedosos antes mencionados. Es por eso, que nos encontraremos con un puesto público y un armazón administrativo definido y conceptualizado, lo que es un importante paso en esta carrera regionalizadora chilena que ha sido de un aliento más largo que el ideal.
