Señor Director:
Las organizaciones firmantes vienen en manifestar sus consideraciones frente a la independencia y especialidad de la Agencia de Protección de Datos Personales, creada en el proyecto de ley que modifica la ley de datos personales, actualmente en primer trámite constitucional en el Senado.
La Agencia de Datos ha sido la “piedra de tope” para lograr la aprobación de los diversos proyectos de ley que han pretendido ser reformas estructurales en esta materia a lo largo de 10 años. El debate se ha centrado en la ubicación orgánica y especialidad, competencias únicas o compartidas. Si bien en varios países la autoridad de control constituye un organismo dual de acceso a la información y protección de datos personales, no hay que perder de vista que en estos casos los datos personales ocupan la mayor cantidad de recursos: humanos, técnicos y presupuestarios. La experiencia internacional es mayoritaria para agencias con responsabilidad exclusiva en materia de protección de datos, como España, Francia, Suiza, Canadá, Austria, Italia Bélgica, Croacia, Portugal, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Bulgaria, Nueva Zelandia y Dinamarca.
Las agencias de datos deben ser sumamente especializadas, pues deben regular al sector privado en datos en marketing, salud, crédito, educación, tecnología aplicada a los datos (internet de las cosas, big data, geolocalización, inteligencia artificial), televigilancia, biometría, entre otras; y al sector público en el tratamiento de datos, cesiones, y además en las reservas de acceso a la información versus datos personales. Esta última cuestión constituye solo una parte del derecho a la protección de datos en el Estado. Cuestión que ha ocupado al Consejo para la Transparencia, con altos y bajos, siempre con un marcado énfasis en el acceso y la transparencia, naturalmente.
Quienes suscriben solicitan a las autoridades de gobierno, mantener incólumes las competencias del Consejo para la Transparencia, focalizadas en probidad, lucha contra la corrupción, apertura de datos, transparencia, participación ciudadana y otras que importan al buen gobierno y que son seguidas de cerca por la sociedad civil, como la ley de lobby. El Consejo ha permitido un salto cualitativo fortaleciendo a la ciudadanía el acceso y la transparencia de la información pública.
Asimismo, la institucionalidad del Consejo no permite garantizar el estándar internacional de las Agencias de Datos, debido a la falta de especialidad técnica en privacidad y datos, sobre frente al sector privado, bajas potestades de fiscalización y por sobre todo en el nombramiento político de los consejeros.
Para quienes firman esta carta, en la independencia de la autoridad de control está en juego la eficacia del derecho a la protección de datos, lo que sólo se garantiza con un ente que permita el ejercicio de derechos de manera especializada y técnica, expedita, gratuita e independiente de presiones políticas de quienes lo dirigen. Solo esto posicionará a Chile como país adecuado, tanto frente a la OECD como a la Unión Europea, y frente a sus pares regionales, dejándolo en una situación competitiva y superior en estándares internacionalmente.
Firman:
Fundación Datos Protegidos.
Red Académica de Gobierno Abierto.
Fundación Ciudadano Inteligente.
Fundación Multitudes.
Corporación Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas – ACHNU
Corporación Fundamental
Corporación Humanas. Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género.
Asociación Chilena de ONGs, ACCIÓN
Mesa de Seguimiento de la Ley 20.500.
Laboratorio de Datos.
Asociación Nacional de Jóvenes Indígenas Huilliches «Weche Pepiukelen»
Fundación Diversidad y Derechos
Ciudades 2030 ciudades en movimiento.
ONG Inclusiva.
OTD Chile.
Dra. Patricia Reyes Olmedo Facultad de Derecho de la U. De Valparaíso
Patricia Peña, Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile.
Carlos Reusser, Consejero Instituto Chileno Derecho y Tecnologías.
