La corrupción en la educación subvencionada: ¿Existe?

El contexto actual de la corrupción en la administración del Estado en Chile da cuenta de una institucionalidad absolutamente permeable, por diversos factores: ausencia de controles técnicos internos (no a cargo de un operador político), prácticas corruptas permanentes, debilidad fiscalizadora de Contraloría, ausencia de fiscales especializados en corrupción, régimen centralizado de la administración, entre otros.

Ministerio de Salud en las construcciones de hospitales y compra de insumos; Ministerio de Obras Públicas con la vergüenza del puente Cau Cau; qué decir de Carabineros que es una verdadera caja de pandora, sirven de ejemplos concretos de espacios detectados recientemente como utilizados por la corrupción pública.

Con la inmensa cantidad de recursos que el Estado transfiere a la educación subvencionada, ¿bastará ese sesgo de riesgo para afirmar que existe corrupción en este sector?

La educación subvencionada comprende hoy transferencias de recursos no sólo a colegios particulares, sino también a municipalidades, corporaciones educacionales municipales, colegios administrados por organizaciones de empresarios, y ahora último a los servicios locales de educación que como programas pilotos -y un poco silenciosamente- se están implementando en Barrancas (Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel) y Puerto Cordillera (Coquimbo y Andacollo).

[cita tipo=»destaque»]La correcta administración de los recursos educacionales en colegios municipales tiene una historia larga de baja transparencia, particularmente marcada por la desviación de subvenciones a campañas políticas. Pero no es lo único. Los alcaldes históricamente han usado y abusado de las plantas de docentes para el pago de favores políticos, con la consiguiente merma en el esfuerzo de los verdaderos profesores por brindar una enseñanza de calidad en estos establecimientos. En la página de la Contraloría General de la República -www.contraloria.cl-, de una manera muy amigable, es posible encontrar numerosos informes de auditoría a los departamentos de educación de las municipalidades, de los cuales se pueden colegir distintas fórmulas de distracción de las subvenciones educacionales. Loable el esfuerzo del órgano contralor con tan pocos recursos para cumplir con su labor.[/cita]

La correcta administración de los recursos educacionales en colegios municipales tiene una historia larga de baja transparencia, particularmente marcada por la desviación de subvenciones a campañas políticas. Pero no es lo único. Los alcaldes históricamente han usado y abusado de las plantas de docentes para el pago de favores políticos, con la consiguiente merma en el esfuerzo de los verdaderos profesores por brindar una enseñanza de calidad en estos establecimientos. En la página de la Contraloría General de la República -www.contraloria.cl-, de una manera muy amigable, es posible encontrar numerosos informes de auditoría a los departamentos de educación de las municipalidades, de los cuales se pueden colegir distintas fórmulas de distracción de las subvenciones educacionales. Loable el esfuerzo del órgano contralor con tan pocos recursos para cumplir con su labor.

Los servicios locales de educación surgen a partir de la corrupción instalada en las municipalidades en la prestación del servicio educacional. Pero sólo tenemos dos en funcionamiento, de 60 proyectados en todo el país.

Uno entiende que estos servicios están en proceso de implementación, pero objetivamente es poco lo que se sabe de su funcionamiento en estos  meses: algunas actividades culturales, otras de extensión hacia los apoderados, y nada más. Mucho silencio, en circunstancias que dicho proceso naturalmente corresponde se exhiba en la plaza pública. En especial, el foco debiera centrarse en los “clientes” de estos servicios, los apoderados, a quienes debiera preguntárseles sobre si observan cambios en la educación recibida por sus hijos, sobrinos, nietos, etc. Si observan mayor preocupación de los docentes, o técnicas innovadoras de enseñanza. Por el contrario, sólo tenemos silencio…y rumores: que se gastaron el presupuesto del año en pagar deudas de las municipalidades que traspasaron los colegios; que las plantas presupuestadas fueron cooptadas por funcionarios del gobierno anterior; que no se llama a licitación para las adquisiciones más relevantes, en fin.

Hay un Director de Educación Pública, don Rodrigo Egaña, que está a cargo de coordinar estos servicios locales de educación. Quienes nos desempeñamos en este ámbito esperamos que figure, comunique, informe, y se empodere como autoridad para explicar de qué manera las familias recuperarán progresivamente la confianza en la educación inclusiva, laica, pública.  En suma, para que más allá de las consideraciones administrativas, nos cuente cómo están trabajando para mejorar decididamente la educación de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Como institución novedosa es fundamental que la nueva educación pública demuestre el cambio profundo que se propone.

¿Y en la educación privada subvencionada?

En los últimos años se ha instalado un verdadero Polifemo hacia la mayoría de los colegios particulares subvencionados. La Superintendencia de Educación, tanto por las visitas de sus fiscalizadores, como por la obligación de informar en su absolutamente inoperante plataforma computacional, ha mantenido bajo permanente agobio a estos establecimientos y sus sostenedores. Lo extraño es que este agobio no distingue si existen o no buenos resultados académicos. Como si diera lo mismo.

Aunque esta concepción de fiscalizar según resultados académicos repugna a los “técnicos” del gobierno anterior, porque el SIMCE no demuestra calidad, para algo servirá, al menos para determinar si una proporción importante de los recursos fiscales está siendo destinada a educación, o si se la están llevando para la casa.

En esta perspectiva anti – pedagógica, de acuerdo a la máxima de la experiencia, es más o menos evidente que con menos de 250 puntos, en cualquier contexto socio-económico y territorial, el dinero de la subvención no se está invirtiendo correctamente. Descabellado análisis para los técnicos de la calidad en la enseñanza escolar.

Pero en la realidad cotidiana también observamos otros hallazgos.  Por ejemplo, hay colegios que nunca, nunca son fiscalizados, versus otros que ya tienen una oficina predispuesta para la visita mensual de los fiscalizadores. Tampoco se entiende mucho esto. Menos la agresividad en algunos procedimientos.  

Otros aspectos de interés están representados en la sospecha de asesorías directas de funcionarios del Ministerio hacia sostenedores privados. Es de esperar que con el incremento proyectado de las sanciones penales para los delitos de soborno y cohecho, este tipo de prácticas pueda ser desterrada del ámbito educacional.

De seguro me dirán que nada de esto existe. Nada comprobable judicialmente, que es nuestro estándar. Vengan de a uno como dicen los tuiteros.

Me pregunto si las nuevas fundaciones sostenedoras lo son o sólo lo parecen, si hay abuso de forma de la ley tributaria. También si acaso está recibiendo subvención alguna fundación canónica, que no se contempla como persona jurídica autorizada para gestionar el recurso fiscal.

Muchas dudas. Lo único objetivo en esta maraña de intereses es que estamos lejos en el ranking OCDE de España y Portugal, países que nos anteceden en cifras de la prueba PISA del año 2015. Que con cada año de mala calidad de la enseñanza que sufre un niño, éste va progresivamente congelando su futuro y sus posibilidades de surgir y progresar en igualdad de derechos en nuestra sociedad.

Puede que ante tanta realidad oscura, el SIMCE sea efectivamente un indicador básico, pero capaz de ayudar a discernir cuál es el objeto de la supervigilancia del Estado hacia los establecimientos educacionales, ese que propende a verificar el buen uso de los recursos fiscales, priorizando la fiscalización hacia a aquellos sostenedores de evidente mal desempeño.