Opinión
La seguridad ciudadana lleva años como una de las principales preocupaciones de los chilenos, especialmente entre quienes viven en las grandes ciudades del país.
Sin ir más lejos, una de las razones que explican el triunfo del Presidente Piñera fue la promesas de “devolverle a las familias el derecho a vivir con mayor paz y seguridad” y “hacer retroceder” la delincuencia nuestro país, en un contexto de mala evaluación ciudadana del Gobierno anterior y de un arco progresista al que – dicho sea de paso – le ha tomado décadas sintonizar con esta sensible demanda popular.
El nuevo Gobierno entró con ímpetu, convocando a un gran acuerdo nacional, desplegando a Carabineros en redadas callejeras masivas e incluso inaugurando algunas excentricidades como el trístemente célebre “Comando Jungla”. El mensaje que entrega Gobierno es que la seguridad ciudadana es su prioridad absoluta.
¿Ha dado resultados la estrategia? Aparentemente si.
El Índice de Paz Ciudadana 2018, mostró una baja en el porcentaje de hogares víctimas de delitos en relación al año anterior, los que pasaron de un 39,5% a un 36,4% y, con ello, una mejora en la nota de la ciudadanía al Gobierno en la gestión de la seguridad pública, que, sin perjuicio de seguir siendo roja, sube de 3,1 a 3,9.
Pero una cosa es tratar la sensación de inseguridad y otra detener el alza de la violencia delictiva. Para lo primero sirven los operativos vistosos, los grandes anuncios de ideas y el “recauchaje” de ciertas policías ya existentes (ahora nos enteramos que el Comando Jungla no era algo realmente distinto del GOPE). Todas ellas son medidas orientadas a disminuir el temor, pero no sus causas, es decir, el delito mismo.
Por lo mismo, no es de extrañar que la estrategia no funcione en comunas como Renca. Según datos policiales, entre el año 2017 e igual fecha de 2018, los delitos han aumentado un 13%. Y han crecido especialmente los delitos violentos, como el robo con intimidación, el robo con violencia e incluso los homicidios y las violaciones.
Aquí no hablamos de percepciones, sino de casos policiales efectivamente registrados y publicados, que causan daño e incluso la pérdida de vidas de familiares y amigos.
La más grave es que parte de estos magros resultados son también responsabilidad de Carabineros, que posee una distribución muy desigual de su personal entre las comunas y, peor aún, bajo criterios y dotaciones secretas protegidas desde el año 1987 por el Código Militar. En realidad, parte importante de la crítica ciudadana que ha destapado el asesinato de Camilo Catrillanca, tiene sus raíces en un soterrado malestar barrial con las prácticas en las comisarías: El desincentivo a la denuncia, la lentitud (cuando no ausencia total) en la respuesta, la falta de patrullaje, son prácticas que han erosionado la confianza en la institución, tanto o más que los escándalos de corrupción que hemos conocido recientemente.
Renca forma parte de muchas comunas donde la seguridad pública se sostiene principalmente en la organización de los propios vecinos, quienes van creando Comités vecinales de prevención y convivencia comunitaria. Y también en acciones de los Municipios, que suelen ser limitadas tanto por las competencias como por los recursos disponibles: hemos creado una Dirección Comunal de Seguridad Pública, instalamos un Circuito de Cámaras de Televigilancia y desplegamos en las calles camionetas y motocicletas para la prevención del delito. Además de otras medidas de prevención situacional como la renovación de luminarias, recuperación de áreas verdes y mejoramientos en contratos para erradicar microbasurales.
Pero en la medida que los delitos son más violentos y que la organización delictiva se va especializando en las pandillas o el narcotráfico, el rol del Gobierno y Carabineros es insustituible. Nuestro enfoque es y debe ser de Seguridad Comunitaria, pero ante el abandono, no es raro que algunos alcaldes desesperen y especulen con la creación de Policías Comunales.
