Opinión
En nuestro país, muchos accidentes se han producido debido al problema provocado por la corrosión. Basta recordar lo ocurrido la noche del 31 de diciembre de 1998 en la pasarela Portales, principal vía que conecta Viña del Mar con Valparaíso. Esa noche, muchas personas se encontraban presenciando los fuegos artificiales, cuando el peso del público hizo que la estructura cediera y cayera a la vía. Hubo 2 muertos y 60 heridos. Años después, el Primer Juzgado Civil de Valparaíso determinó que el municipio de esa ciudad debería indemnizar con 1.000 millones de pesos a las víctimas del accidente.
Lo anterior muestra la trascendencia que puede tener el fenómeno de la corrosión en la seguridad de las personas. La corrosión es el deterioro que experimentan las aleaciones metálicas por efecto del medio ambiente, es lo que cotidianamente se llama oxidación, aunque no son exactamente sinónimos.
Si bien, el acero es un material barato, presenta una muy baja resistencia a la corrosión (con excepción de los aceros inoxidables a los que se agrega cromo y algunos aceros de herramienta). Por ello, la mayor parte de las aplicaciones en estructuras está hecha de aceros al carbono normales, lo cual supone que en general, las estructuras deben protegerse contra la corrosión. Todas estas estructuras se deben proteger contra la corrosión a través del uso de recubrimientos metálicos, pinturas u otras formas de protección más sofisticadas.
Como es posible imaginar, estos resguardos suponen un importante costo en mantenimiento de la infraestructura. Por corrosión, se pierden 70 millones de toneladas de acero en el mundo al año, lo que hace un promedio de 2.250 kg por segundo.
Además, los costos asociados a la corrosión se relacionan con los montos vinculados a las paradas de planta, es decir, cuánto se deja de producir por la detención de los procesos productivos asociados a una falla por corrosión. También, debe considerarse en este costo, el valor de las piezas de recambio, las reparaciones asociadas a las fallas por corrosión y las horas-hombre invertidas en la solución de los problemas, entre otros asuntos.
En un país como Chile, que cuenta con una zona costera de varios miles de kilómetros y un desierto extenso en donde predominan la salinidad del aire y de los suelos, principales variables que afectan a la corrosión de las aleaciones metálicas, es evidente que estos costos también pueden ascender a cifras multimillonarias, sin embargo, ese monto no ha sido determinado aún en nuestro país.
En general los estudios llevados a cabo en el mundo con el fin de determinar los costos de la corrosión, coinciden en que éstos se encuentran alrededor del 3% del PIB. Al aplicar este criterio en Chile, se obtiene que nuestro país debiese gastar en la lucha contra la corrosión la cifra de 8,4 billones de dólares, o sea, 8.400 millones de dólares. Para dimensionar este valor puede tomarse un dato publicado en La Tercera el 14 de septiembre de 2015, en donde se señala que “…un total de 14 hospitales comenzarán a construirse durante el primer semestre de 2015, en ocho regiones del país. Se trata de un programa que contempla una inversión inicial de más de US$ 2.520…”. En otras palabras, el costo anual de la corrosión en Chile, más que triplica la inversión necesaria para la construcción de 14 hospitales.
No obstante, esta es una aproximación, porque Chile no cuenta con estudios propios sobre el tema que permitan calcular el costo de la corrosión en su territorio, pero es absolutamente necesario realizar esta labor a la brevedad. De esta manera, tendríamos la posibilidad de conocer cómo se desagrega dicho dato en términos de sectores y subsectores de la economía, lo que le permitiría al sector público orientar los recursos del Estado hacia aquellas áreas de la economía más afectadas, así como también, invertir con el fin de disminuir los riesgos de accidentes debidos a problemas de corrosión.
En tanto, el sector privado, a la hora de invertir en un determinado proyecto, tendría mayor claridad respecto a los recursos que deberá destinar a combatir y mitigar la corrosión. De esta forma, se podrán llevar a cabos presupuestos más exactos en aquellos proyectos de inversión que se realicen en nuestro país, lo que generará un mejor empleo de los recursos.
En definitiva, sería posible llevar a cabo políticas públicas orientadas a la mitigación del daño por corrosión, lo cual, actualmente, no se efectúa en nuestro país porque carece de los datos de costos de la corrosión y porque el estudio de este fenómeno no es suficientemente cubierto en las mallas curriculares de las carreras de ingeniería más afines a la corrosión como son la Ingeniería Metalúrgica, Química o Mecánica. En suma, no existe en el país la masa crítica necesaria para abordar la lucha contra la prevención de la corrosión, su mitigación y la determinación de sus costos.
Finalmente, no debe olvidarse que la corrosión no sólo tiene un impacto fuerte en la economía, sino que también en la seguridad de las personas. Por otra parte, si Chile espera transformarse en un país desarrollado durante las próximas décadas, debe necesariamente considerar aspectos tan importantes como el conocimiento del costo de la corrosión, lo que permitirá optimizar el uso de recursos tanto del sector público como del sector privado.
