Señor Director:
La crisis sanitaria provocada por Essal en Osorno, es de tal magnitud que ha llevado a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a pronunciarse, incluso antes de finalizar el procedimiento sancionatorio, sobre las multas que arriesgaría dicha empresa, indicando que éstas podrían llegar a las 1.000 UTA, unos seiscientos millones de pesos.
La SISS, al exponerse de esta forma ante la opinión pública, seguramente con el ánimo de apaciguar los ánimos, al mismo tiempo que refleja la gravedad de los hechos, demuestra que las sanciones que el marco legal le permite aplicar tienen un poder disuasorio tan exiguo, que en el caso de Essal, aquella multa ni siquiera superar el 1% del patrimonio (MM$75.499) que la empresa declara en su memoria anual del 2018.
¿Tan barato resulta dejar a una ciudad de 200.000 habitantes, sin agua potable, por un período de siete días?
Resulta imperante un trabajo legislativo que procure el aumento de las penas relativas a ilícitos cometidos por operadores monopólicos de servicios de primera necesidad. Por lo pronto, los osorninos observan un legítimo derecho: el de solicitar la caducidad de la concesión entregada a Essal (¿se puede confiar después de tamaña crisis en una empresa?), una sanción que solo podría ocurrir por decisión del Presidente de la República, de acuerdo a lo preceptuado por la Ley General de Servicios Sanitarios.
Diego Aguilar Vildoso
Abogado
