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OAS: el regreso de los fantasmas a la política chilena

por 23 septiembre, 2019

OAS: el regreso de los fantasmas a la política chilena
En solo dos semanas, tres eventos encendieron las alarmas de toda la clase política. Primero fue José Antonio Kast, quien con sus inversiones en Panamá hizo recordar el drama de Golborne y de seguro logró que varios candidatos liquidaran sus acciones en paraísos fiscales. Luego vino el senador Pizarro, que parecía ya haber dejado atrás los paseos a la Fiscalía de sus hijos, debido al vínculo de su señora con los tragamonedas. Y, finalmente, la reactivación del caso OAS, que dejó muchas interrogantes y generó una extraña prudencia en el Gobierno, pese a tratarse de Michelle Bachelet, el blanco favorito de La Moneda.
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La preocupación volvió a invadir el ambiente político. Recordemos que, repentinamente, nadie más volvió a mencionar ni hablar de las historias que conocimos por varios años, en que políticos de todos lados se vieron involucrados en casos como Penta o SQM. Es como si la amnesia se hubiera apoderado del país. Dejamos de escuchar esa fea frase “boletas ideológicamente falsas”, los penosos pedidos de “raspado de la olla” de Iván Moreira o del lujoso avión brasileño en que se transportaba ME-O.

Nadie más pareció interesado en saber cómo se había financiado el 99% restante de los alcaldes, concejales, diputados, senadores y candidatos presidenciales que no fueron investigados por ningún fiscal de “alta complejidad”. A los diarios tradicionales tampoco les pareció digno de sus reportajes de domingo saber cómo el único condenado por la mala relación entre política y negocios, Jovino Novoa, volvió en gloria y majestad a dar cátedra en su partido, la UDI.

Es como si toda esa basura alguien hubiera optado por esconderla debajo de una gran alfombra. Tal vez algunos consideraron que el país ya estaba cansado de escuchar tantas cosas malas y era mejor hablar de otros temas más interesantes y menos oscuros. Es como si los poderes fácticos vinculados a la política se hubieran puesto de acuerdo en cómo cambiar de tema. “¿Y qué tal la Iglesia católica?”, “excelente idea”. Fin del capítulo.

Pero no, alguien astuto pensó que sería bueno dejar a un náufrago abandonado a su suerte, que cargara con todas las culpas, querellas, fiscales y degradaciones. Con eso nadie podría dudar que las “instituciones funcionaban”. Jaime Orpis, el elegido. “Qué pena por él, pero alguien debe cargar la cruz”. Ahora sí, fin de la historia.

Y pese al costo brutal que tuvo que pagar “la política” y “los políticos” –con la injusticia de que se generalizó el problema en todos–, las cosas empezaron a volver a la normalidad. Los parlamentarios peleando en el Congreso, el Gobierno acusando a unos de “obstruccionistas”, los otros acusando al Ejecutivo de “chantajes”, pero todo dentro del curso normal. Entremedio, los diputados se aumentaron la dieta, el Parlamento creció en representantes “de la gente”, un grupo volvió a proponer el traslado a Santiago, todo amenizado por las extravagancias del honorable Florcita Motuda. Todo normal, pese a que los partidos y el Congreso pasaron a ocupar los últimos lugares de confianza ciudadana luego de los escándalos de hace unos años.

Pero, tal como en esa película de 2004 –en que Jim Carrey demostró que también tenía talento– llamada Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, en nuestro ambiente político quedó siempre flotando en el aire un destello que indicaba que en cualquier momento nos podía volver a recordar ese pasado –bastante reciente– enterrado desde la izquierda a la derecha.

Y en solo dos semanas, tres eventos encendieron las alarmas de toda la clase política. Primero fue José Antonio Kast, quien con sus inversiones en Panamá hizo recordar el drama de Golborne y de seguro logró que varios candidatos liquidaran sus acciones en paraísos fiscales. Luego vino el senador Jorge Pizarro, que parecía ya haber dejado atrás los paseos a la Fiscalía de sus hijos, debido a que un programa de televisión vinculó a su señora con los tragamonedas, una industria que parece ser muy poderosa. Y, finalmente, la reactivación del caso OAS, que dejó muchas interrogantes y generó una extraña prudencia en el Gobierno, pese a tratarse de Michelle Bachelet, el blanco favorito de La Moneda.

De estos tres casos, sin duda que la acusación de Léo Pinheiro de la supuesta entrega de 100 millones de pesos por parte de OAS a la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet, es la que más preocupación despertó transversalmente. La empresa brasileña, involucrada en casos de corrupción en toda Latinoamérica –le costó el cargo a Kuczynski en Perú, la cárcel a Lula y el suicidio a Alan García– fue investigada en Chile por el respaldo entregado a Marco Enríquez-Ominami y la declaración fraudulenta de fondos que el excandidato presidencial hizo ante el Servel.

Más allá de la urgente necesidad de que la justicia chilena investigue esta acusación, es relevante intentar leer la extraña forma de reaccionar de La Moneda. Un nivel de prudencia muy opuesto a la forma como han tratado a la ex-Mandataria desde marzo de 2018 a la fecha. Un estilo que incluso contrastó con la tibia defensa que hicieron de la propia Bachelet luego del grosero ataque de Bolsonaro. ¿Acaso el Gobierno aprendió la lección del caso PS? ¿O temió encontrarse con alguna sorpresa en la licitación del puente Chacao? Tal vez, simplemente se dieron cuenta de que podían salir trasquilados, al igual que el resto de la clase política, de un caso así.

Según el empresario, Lula le habría solicitado el “aporte” en 2013, siendo entregado vía “factura ideológicamente falsa” a Martelli y Asociados. Por supuesto, sería grave, de resultar cierto; sin embargo, por el momento, Michelle Bachelet ha negado los cargos, al igual que su exrecolector de fondos. Ahora le corresponderá a la justicia dilucidar la veracidad de la acusación, pese a que pareciera ser más o menos simple encontrar una o varias facturas por esos montos y, más aún, considerando que toda la contabilidad de OAS fue incautada y revisada minuciosamente por la Fiscalía. Este es el primer elemento que hace sospechar de la acusación de este alto ejecutivo, que terminó delatando al resto de sus pares para conseguir beneficios carcelarios.

Pero el hecho más extraño de todos es que, según Pinheiro, este aporte habría tenido la finalidad de “protegerse” frente a un eventual cambio en una licitación ocurrida en el Gobierno anterior, es decir, de Sebastián Piñera I. Raro, considerando que la empresa que financiaba la corruptela del PT mantenía una cercanía con la izquierda chilena y ME-O. ¿Por qué entonces podrían tener temor de que se revocara el resultado? ¿No debería ser al revés? Es decir, si la licitación hubiera sido en Bachelet I, esta empresa podría pensar que una administración de derecha quisiera revisar el proceso considerando los “antecedentes” –prontuario, la verdad– de OAS. Raro, muy raro el argumento del procesado.

Segundo elemento. Pinheiro logra salir de la cárcel –llevaba tres años recluido– unas horas después que el diario Folha de Sao Paulo filtrara la declaración del corrupto exvicepresidente de la constructora. Sospechoso, por decir lo menos. Recordemos que el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, antes fue el persecutor de Lula. ¿No resulta curioso que solo dos semanas después de que Bolsonaro montara en cólera y disparara unas muy poco diplomáticas frases contra Bachelet –sin importarle el alto rango internacional que tiene la ex-Presidenta chilena– se diera a conocer esta acusación y el acusador lograra el beneficio de pasar de los barrotes a su lujoso departamento en Leblón? Raro.

Más allá de la urgente necesidad de que la justicia chilena investigue esta acusación, es relevante intentar leer la extraña forma de reaccionar de La Moneda. Un nivel de prudencia muy opuesto a la forma como han tratado a la ex-Mandataria desde marzo de 2018 a la fecha. Un estilo que incluso contrastó con la tibia defensa que hicieron de la propia Bachelet luego del grosero ataque de Bolsonaro.

¿Acaso el Gobierno aprendió la lección del caso PS? ¿O temió encontrarse con alguna sorpresa en la licitación del puente Chacao? Tal vez, simplemente se dieron cuenta de que podían salir trasquilados, al igual que el resto de la clase política, de un caso así. Más allá de sus razones, lo importante es que exista la mayor transparencia y colaboración –de todos, partiendo por el antiguo comando de Bachelet– para que esto se aclare lo más rápido posible. Los chilenos no queremos ni merecemos otro período de amnesia.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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