Señor Director:
Van 28 casos confirmados en Chillán. Mientras muchos culpan a un ciudadano que asistió a una clase de CrossFit en un gimnasio sin saber de su contagio de COVID-19, parece que nadie hablara de nuestras autoridades.
De acuerdo a información entregada por diario La Discusión de Chillán, el sábado pasado hubo un evento privado con más de 150 invitados al que asistieron varias autoridades de Ñuble, entre ellos el Diputado UDI Gustavo Sanhueza; la Seremi de Deportes, Javiera Muñoz; la Seremi de Justicia, Jacqueline Guiñez; el Seremi de Vivienda, Carlos Urrestarazu; el Seremi de Obras Públicas, Cristóbal Jardúa y el Gobernador de Punilla, Cristóbal Martínez. Se trató de un matrimonio donde había una persona contagiada que tuvo contacto indirecto con el principal foco, expandiéndose de manera inminente el contagio en nuestra comuna y toda la Región de Ñuble.
El primer contagiado de la zona, cuando supo de su situación médica, dio aviso inmediato al lugar deportivo. Luego de esto, las personas que tuvieron cercanía directa iniciaron la cuarentena correspondiente. No así personas de contacto indirecto, quienes consultaron con nuestra Seremi de Salud, Marta Bravo, cuáles serían los protocolos que debían seguir. Ella llamó a la tranquilidad y a una vida normal, pero lamentablemente las instrucciones fueron totalmente erróneas. ¿Qué vemos hoy? Más de 400 casos de cuarentena obligada. Todo esto porque finalmente varios casos de relación indirecta dieron positivo.
La pregunta es ¿A quién tenemos que culpar? Porque claro, alguien tiene que hacerse responsable. Según información del diario comunal, son «155 los funcionarios públicos que cumplen cuarentena» y que pertenecen a «39 servicios diferentes». Un posible reflejo de lo que nos espera como comuna con nuestras propias autoridades ya contagiadas.
No podemos olvidar que Chillán es una comuna con escasos recursos médicos, nos faltan camillas e insumos de todo tipo (sí, como en todo Chile). Sumado a que tenemos la Clínica Chillán, clínica privada que ha estado cobrando aproximadamente 59 mil pesos por cada examen de COVID-19.
Desde el municipio han llamado a decretar estado de emergencia para así poder paralizar el comercio, ya que nuestra Constitución no permite darle pausa a nuestra economía sin este régimen, lo que demora mucho más la toma de decisiones. Por lo tanto, muchas personas siguen yendo a sus trabajos de manera obligada, incluso funcionarios públicos que atienden a usuarios, en su mayoría del sector rural y de la tercera edad. Pero el gobierno insiste en seguir esperando.
Tenemos un gobierno irresponsable e ineficaz. Según La Tercera, desde el oficialismo hablan de “una oportunidad para recuperar su aprobación”. Pero se les olvida que Piñera y Mañalich perdieron toda credibilidad hace bastante. Esto se fue de las manos por no tomar medidas a tiempo y no escuchar a expertos en medicina que, por cierto, no son los que ocupan nuestros cargos públicos.
Necesitamos que actúen ahora. No queremos lamentar muertes. Hemos estado lamentándonos mucho tiempo por la indolencia de nuestros gobernantes. Desde octubre que decimos basta. Pero ahora es con mucha más fuerza. Esto es una emergencia, una crisis grave que el Gobierno debe frenar. No es extraño verlos defender a la economía en vez de a sus ciudadanos, pero entiendan que esta ya se desmoronó y háganse cargo de una vez.
Catalina Barrios
