Opinión
La pandemia desatada por el virus SARS-CoV-2 tiene al planeta literalmente en un total desconcierto. Ni siquiera la ciencia, aquella denominada “exacta”, ha estado inmune de informaciones contradictorias. En un principio se señaló que los menores no representarían un grupo de riesgo; después que serían portadores extremadamente activos de contagio; y ahora que están desarrollando sintomatologías similares a las del síndrome de Kawasaki.
Autopsias relativamente recientes mostraron que el COVID-19 no es únicamente una enfermedad pulmonar, como se creyó en un primer momento, sino un virus que ataca múltiples órganos. Es cierto que las concentraciones más altas del virus se siguen encontrando en las células del tracto respiratorio. Sin embargo, hace unos días se descubrió que el segundo órgano más afectado son los riñones. ¿Los daños? Desde severos hasta la insuficiencia total. Si esto se confirma en futuros estudios, los estados deberían comenzar a plantearse, junto al problema del número de camas con ventilación mecánica, la pregunta sobre la cantidad de máquinas de diálisis que poseen sus centros hospitalarios. El patógeno se encontró también en el corazón, el hígado, el cerebro y la sangre. En fin, el uso de la máscara también fue un ir y venir.
Sin embargo, toda esta falta de claridad de la ciencia no se debe calificar como algo propio de la inoperancia o torpeza. Por el contrario, desde un principio el trabajo de los científicos ha sido extraordinario en cantidad y calidad. Entonces, ¿por qué tantas declaraciones discordantes? La explicación se encuentra en el modus operandi de la propia ciencia. Aunque en tiempos de pandemia cultivar el método de ensayo y error (Popper) puede significar curvas ascendentes de contagiados y fallecidos durante un largo tiempo o generar la irritación de quienes esperan rápidas certezas, ante lo nuevo y lo desconocido no hay posibilidad de evadir este procedimiento.
Y justamente ese es el problema. Estamos frente algo nuevo que tiene dimensiones planetarias. Lo que sí parece estar fuera de toda duda es que una vacuna eficaz contra el COVID-19 es la clave para la normalización política, social y económica de todos los países. Actualmente el foco del interés público está únicamente en descubrir un “elixir”. No deja de llamar la atención que el desarrollo de una terapia de tratamiento efectivo sea sólo tema de los expertos.
En todo caso, los estados que logren ser los primeros en proteger con una vacuna, inicialmente, a sus trabajadores del área de salud y a sus grupos vulnerables, surgirán como los ganadores de esta crisis. El resto de la población debería venir después y de manera gradual. Efectivamente, vacunas más, vacunas menos, una política de asignación o distribución –esto se conoce como alocación en la literatura especializada, palabra que no existe oficialmente en nuestra idioma– tendrá que aplicarse y esto tanto a nivel nacional como global.
Países con un Consejo Ético formal y representativo a nivel estatal ayudarán a superar las críticas éticas y roces sociales que una decisión de estas características arrastra. Y es muy probable que la tan criticada OMS desarrolle recomendaciones para un esquema de distribución ante la producción limitada inicial. Queda por ver qué harán los estados –como tales, soberanos– con respecto a estas sugerencias y si los gobiernos las respetarán a la hora de aplicarlas dentro de sus países. La política viral llegó para quedarse, al lado de la política cibernética, en las siguientes décadas del siglo XXI.
Seguro es también que, a pesar de que tendremos en el futuro cercano una o varias vacunas efectivas, el virus nos tendrá ocupadoS por muchos años. Y esto tanto por razones médicas como por las preguntas sociales y políticas que esta crisis global ya ha puesto sobre la mesa. Entre las primeras destaca el hecho de que, aunque existe ya una extraordinaria y amplia investigación de los múltiples efectos del SARS-CoV-2, las interrogantes crecen casi exponencialmente.
En todo caso, la pregunta básica de si se está en frente de un virus con procesos de incubación totalmente anómalos es en estos momentos la que más apremia aclarar. Nótese que algunos síntomas que se manifiestan en el síndrome de Kawasaki, una rara enfermedad que originalmente había aparecido en menores que habitan regiones asiáticas, se han observado en niños después de algunas semanas de haberse contagiado con el COVID-19, algunos incluso sin haber mostrado síntomas. En esta misma línea, todavía no se aclara de manera definitiva si un contagiado totalmente recuperado puede adquirir el virus nuevamente. ¿Podría ser una reacción tardía del primer contagio? ¿Es el segundo contagio más peligroso o más débil que el primero? Estas no son preguntas secundarias.
Y si se trata de seguir observando los tiempos de incubación, los científicos están muy inquietos sobre posibles anomalías que podrían aparecer años más tarde en pacientes que tuvieron el SARS-CoV-2, incluso sin manifestaciones agudas. ¿Es la preocupación exagerada? La verdad es que ella es muy justificada por varias razones.
La principal es que este fenómeno no es raro en la historia viral. Los investigadores están al tanto desde hace ya mucho tiempo que las enfermedades autoinmunes pueden aparecer después de infecciones con bacterias o virus. Un par de ejemplos. Estudios han confirmado la conexión directa entre el síndrome Guillain-Barré, un trastorno neurológico grave, en pacientes que se recuperaron de infecciones virales. Nuevamente el tiempo juega un rol especial, pues los efectos negativos en el sistema nervioso pueden manifestarse después de años de ocurrido el contagio y haberse sanado. Y esto se volvió a comprobar durante la epidemia del Zika.
A principios de 2016, se obtuvo la primera evidencia virológica confiable de una infección del cerebro fetal con el virus Zika con presencia de microcefalia. El problema es que incluso sin la aparición de microcefalia la infección se puede instalar en el cerebro de los recién nacidos, quienes durante su crecimiento posterior pueden mostrar secuelas graves en su desarrollo motriz y cognitivo. Otro ejemplo. El conocido sarampión ‒una enfermedad más contagiosa que la gripe, tuberculosis o el ébola‒ pertenece también lamentablemente a este tipo de trastornos producidos por virus con efectos tardíos. Este patógeno puede producir en niños, que lo contrajeron antes de ser vacunados y que vivieron posteriormente sin complicaciones, dolencias gravísimas, incluso después de siete u ocho años. Está comprobado que el panencefalitis esclerosante subaguda es una consecuencia tardía del virus del sarampión. Sí, rara, pero ninguna madre o padre querrá escuchar este diagnóstico, pues no hay cura y la esperanza de vida, desde el momento de ser detectado, no es de más de tres años.
Ahora bien, cuando los neurólogos supieron de sus colegas, los virólogos, que el SARS-CoV-2 estaría generando interrupciones en las funciones del olfato y gusto, como se ha comprobado en un alto porcentaje de los contagiados, las señales de alarma se activaron en esta especialidad médica inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto significa que el aparato neurológico de estos pacientes ha sido alcanzado por el virus. Por este motivo es que ya se está investigando la posibilidad de que el COVID-19 pueda iniciar procesos degenerativos del sistema nervioso que puedan observarse recién en unos cuantos años. Si se confirma esta preocupación, el objetivo sería lograr adelantarse para evitar que estos pacientes lleguen a un estadio irreversible. En fin, con lo expuesto creo que queda claro que este tipo de preguntas médicas ‒ y de muchas otras todavía no construidas sistemáticamente‒, incluso con vacuna exitosa, nos acompañarán en las próximas décadas.
En lo que se refiere al ámbito político, los movimientos tectónicos se han dejado notar manifiestamente. El sueño de “que los hombres volverán a ser hermanos”, si alguna vez realmente lo fueron, se ha mostrado como nunca como eso, un bonito sueño. Y no solo se trata únicamente del espíritu detrás del “America first a vacunar”, sino también de un reacción instintiva a encerrarse políticamente que han mostrado muchos estados.
Una novedad en medio de estos reflejos nacionalistas –por favor, entendibles si se considera que la justificación ontológica de nuestros sistemas políticos nacionales es la seguridad de sus ciudadanos– ha sido la conferencia de donantes iniciada por la Comisión Europea. La intención era recaudar y, posteriormente, movilizar fondos para desarrollar conjuntamente diagnósticos, tratamientos y una vacuna contra el virus.
A esto se suma el propósito, con lo recolectado, de asegurar una producción lo más amplia posible y organizar su distribución justa a nivel global. El 4 de mayo la Comisión Europea registró compromisos de financiamiento de 7.400 millones de euros de estados, otro tipo de instituciones políticas, fundaciones y personas privadas. Si el lector o lectora acude a la página-web “Coronavirus Global Response”, podrá enterarse de los gobiernos que aportaron (y cuánto) a esta campaña mundial de recaudación como parte de la respuesta no-nacional a la crisis.
En todo caso ya le advierto al lector inquieto que entre todos los países latinoamericanos solo aparece México con un compromiso de aporte de 274.159 euros. En este contexto, las palabras dichas por Angela Merkel en febrero de este año, “uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”, ya no suena como una crítica, sino casi como una triste premonición. Será sumamente interesante ver si esta iniciativa de la Comisión Europea podrá cumplir con las altas expectativas y demostrar que el multilateralismo y las políticas de cooperación son mejores opciones que las políticas unilaterales ante este tipo de desafíos globales.
Otro frente político en tensión es el que se está estableciendo en las relaciones entre el Estado y el libre mercado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen hasta la fecha más de 120 proyectos de investigación conocidos (habría que sumar una decena sobre los cuales no se tiene información) abocados a elaborar una vacuna. Entre estos habría 11 que entraron ya al ciclo del estudio clínico, es decir, la substancia desarrollada ya ha pasado a ser probada en seres humanos. Entre estos serían ocho los candidatos con muy buenas perspectivas.
Es cierto que en este selecto grupo que llevaría una clara delantera se encuentran empresas biotecnológicas estatales y privadas, sin embargo, estas últimas han recibido fuertes financiamientos públicos o han sido apoyadas con grandes sumas por la plataforma internacional de desarrollo gubernamental y sin fines de lucro CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Llegado el momento del éxito recién sabremos bajo qué condiciones se produjo esta alianza entre las empresas privadas y los estados respectivos y qué tan virtuoso resultó ser.
No deja de ser interesante observar que en la carrera por una vacuna eficaz uno podría pensar que únicamente las gigantes compañías farmacéuticas, las mismas que en el pasado insistieron tan vehementemente en la protección de su propiedad intelectual para proteger su supuesta incomparable fuerza de innovación, deberían marcar el ritmo de los avances. Pero ellas no están corriendo solas. Las innovaciones durante los últimos meses han venido también de pequeñas y medianas empresas, de pymes ‒por supuesto, con capitales gubernamentales de inversión, pero ágiles en su funcionamiento‒ o de clásicas instituciones de investigación universitarias derechamente estatales. Todo esto refleja que el juicio político dominante ha sido que lo que está en juego es demasiado importante como para dejarle la tarea de encontrar una solución exclusivamente al libre mercado. En ese sentido, no es sorprendente que la inversión en la investigación para la nueva vacuna no tenga precedentes en términos de la historia de los financiamientos estatales.
Nadie duda que el mercado, construido sobre la base de una verdadera competencia, funcione maravillosamente en numerosos ámbitos humanos. Sin embargo, las experiencias muestran también que en los ámbitos vitales de las personas el mercado sencillamente no funciona y, al final, como tal termina desprestigiándose fatídicamente, al transformarse en un orden alocativo, es decir, un estructura con mecanismos y categorizaciones que ordenan la desnuda existencia (H. Arendt) y la esperanza de vida de las personas.
¿Qué queda por entender? Parece que una sociedad construida a base de “zonas de sacrificio” o de miles de pacientes muriendo por año en listas de espera puede, de una manera u otra, seguir funcionando bajo sus categorías autoelogiadas. Creo que esta aceptación de sacrificios focalizados o política de omisión, en una comunidad cuyo discurso omnipresente considera la vida terrena de las personas y de la familia como el bien supremo, pasó ahora a ser ampliamente entendida en toda su radical contradicción.
En este momento, en medio de la dinámica de un proceso de infección galopante es de esperar que nadie se pase de listo y esté pensando en aplicar políticas alocativas focalizadas, cualesquiera sean los criterios de selección. Ética y políticamente sería la ruina total.
