Se acaba de promulgar la Ley Nacional del Cáncer (LNC) que, a través de un Fondo Nacional del Cáncer, contribuirá a financiar tratamientos cuyos costos siguen en alza (los mismos oncólogos han acuñado el término “toxicidad financiera” para referirse a la pesada carga económica que afecta a los pacientes con cáncer, sus familias y la sociedad). Al igual que la Ley Ricarte Soto, la LNC crea una Comisión de expertos para determinar, conforme a criterios científicos, económicos y éticos, qué tratamientos serán cubiertos por el Estado.
Esto resulta especialmente importante frente al fenómeno de judicialización de la salud que vivimos en el país. De manera creciente, la Corte Suprema ha ordenado al Estado financiar medicamentos de alto costo. Suele tratarse de terapias innovadoras cuya evidencia de efectividad es limitada o controversial, y que se cuentan entre las más caras del mundo. Se suman a estos factores, la presión de la industria farmacéutica, que busca promover estos productos en médicos, pacientes y opinión pública, como ha ocurrido, por ejemplo, en el reciente caso del Onasemnogene Abeparvovec (Zolgensma ®) publicitado a través de una controvertida lotería mundial.
Esperamos que la LNC permita avanzar, en conjunto con la Ley Ricarte Soto, en que las decisiones sanitarias sean tomadas por expertos, en base a la mejor evidencia disponible, y sin la influencia indebida de la industria farmacéutica. Creemos que esta vía racional, y no la judicial, permite proteger de mayor manera los derechos a la vida y a la salud de la población.
Bernardo Aguilera D.
Rodrigo Salinas R.
Mesa Directiva
Médicos Sin Marca
