Una nueva Constitución orientada desde el territorio. De esa forma se construye el nuevo pacto social. Y es que no basta con que la nueva Carta Magna sea el resultado de representantes electos, sino que es necesario también el involucramiento activo y permanente de ciudadanos y ciudadanas en los territorios.
La nueva Constitución no es un fin en sí mismo. El proceso constituyente debe tener una orientación democratizante, que exija la consolidación de modos más legítimos del poder político e institucional. Esto supone gestionar el poder político a través de la creación de instancias para el autogobierno, basadas en el diálogo continuo, que operen no sólo en el contenido constitucional, sino que a lo largo del proceso constituyente.
En este sentido, el desarrollo de cabildos comunales abiertos a toda la ciudadanía —a través de las juntas de vecinos y con plena participación de las organizaciones sociales— puede convertirse en una instancia efectiva para fomentar un diálogo enriquecedor en relación al trabajo del constituyente.
Pero la participación permanente de los ciudadanos durante el proceso constituyente y la redacción de la nueva Carta Magna no es suficiente. El desprestigio de la política y la baja aprobación que ostentan quienes toman las decisiones en el país, tiene en la poca conexión con la ciudadanía una de sus tantas razones de ser. Es precisamente por esto que se vuelve clave que dentro de la Constitución se incluyan modernos mecanismos que aseguren una participación activa, real y permanente hacia el futuro.
Tener la posibilidad de incluir una participación activa, por ejemplo, en el trabajo legislativo, a través de comisiones mixtas político-ciudadanas; en el desarrollo territorial local, mediante plebiscitos territoriales autoconvocados y vinculantes; o tener el control sobre el trabajo de quienes detentan un cargo de representación popular, a través de un mecanismo de revocatoria de mandato, entregan una oportunidad única de restituir el poder a los ciudadanos para concebir el Chile que todos queremos.
Con la redacción de una nueva Constitución, tenemos el desafío de fortalecer e institucionalizar la participación ciudadana activa, deliberativa, efectiva y permanente, elevándola al rango constitucional.
De esta forma, en quienes pretendemos representar a la voz ciudadana y al poder popular en esta instancia colegiada urge el compromiso por defender a rajatabla la participación permanente de la ciudadanía —que, por cierto, ganó a pulso esta instancia—, garantizando la viabilidad de ese hecho. A esto yo me he comprometido notarialmente. A esto sería ideal que muchos constituyente se comprometan.
