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Ordenamiento de las empresas estatales, un buen proyecto

por 25 agosto, 2021

Ordenamiento de las empresas estatales, un buen proyecto

Crédito: Reuters

Esta iniciativa de Gobierno tiene ventajas de distinta índole, entre ellas, que dejarían de pagarse favores políticos mediante la designación de directores, especialmente cuando no están capacitados para la labor especializada que se requiere, transfiriendo la labor principal a la ADP, con requisitos de rotación parcial y experiencia en la función. Se trata de un avance en la Modernización del Estado y se une a la de la Dirección Nacional del Registro Civil y al de Paridad de Género en los Directorios, aprobado por el Parlamento.
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El Gobierno ha enviado un proyecto sobre los directorios de las empresas del Estado. Es una buena iniciativa, pues en la actualidad existe una dispersión en las designaciones y no una norma general sobre la materia, partiendo por una diversidad sobre el tipo de empresas públicas. Hay algunas que se rigen por leyes propias, como el Banco Central, Codelco, BancoEstado, Ferrocarriles, ENAP y el Metro. Ante la prohibición de crear nuevas empresas, la Corfo agrupó un conjunto de entidades nuevas de su dependencia, a las cuales se agregaron aquellas existentes de menor tamaño y el conjunto de puertos, sanitarias y aeropuertos con algunas concesiones, con el ánimo de traspasar su operación al sector privado.

Según el proyecto tendría un papel importante la Alta Dirección Pública (ADP), que participaría en la selección de los personeros de 20 instituciones, que tendrían 5 consejeros cada una. Es importante el caso de Corfo, en que el vicepresidente ejecutivo (el que manda en la actualidad) sería reemplazado por un presidente designado por el Primer Mandatario, dejando sus cargos los ministros, como ocurre en la actualidad, lo cual le daría mayor autonomía de Economía.

La situación del BancoEstado también tiene cambios. El Consejo Directivo actual –que tiene 7 miembros, a los que se agrega un representante elegido por los trabajadores, es un Consejo más que un directorio y el Comité Ejecutivo actual (concentra el poder), todos designados por el Presidente–, sería reemplazado por un directorio de 7 integrantes, designados por el Mandatario, uno entre terna elegida por los trabajadores y 5 por la ADP.

El Gobierno ha enviado un proyecto sobre los directorios de las empresas del Estado. Es una buena iniciativa, pues en la actualidad existe una dispersión en las designaciones y no una norma general sobre la materia, partiendo por una diversidad sobre el tipo de empresas públicas.

Enami reduciría de 10 a 7 sus integrantes, de los cuales 2 serían de designación presidencial y se dejaría fuera al ministro y subsecretario de Minería.

Esta iniciativa tiene ventajas de distinta índole, entre ellas, que dejarían de pagarse favores políticos mediante la designación de directores, especialmente cuando no están capacitados para la labor especializada que se requiere, transfiriendo la labor principal a la ADP, con requisitos de rotación parcial y experiencia en la función.

Se crea el Servicio Público Autónomo, con un consejo de 5 miembros seleccionados por la ADP, cuyo presidente sería designado por el Primer Mandatario, dejando de depender de Corfo, que también tiene la función de evaluar a las 20 empresas de su dependencia.

El proyecto no incluye la situación de Codelco y el Banco Central. Este último es un caso especial, ya que han surgido críticas sobre su gestión, a pesar de que la mayoría sostiene que su labor ha sido incuestionable, especialmente en el extranjero, en que es mostrado como un ejemplo. Desde sectores estatistas han surgido dos críticas.

En primer lugar, que debería formar parte de la dependencia de Hacienda, para que se integre a las políticas públicas, incluida su preocupación directa en temas como el empleo o las pensiones, cuando su condición autónoma ha sido una de sus ventajas desde que se legisló en 1990, con el objeto de que su independencia lo alejara de las  políticas de turno y posibilitó que se erradicara de la persistente inflación del pasado. Este aislamiento ha provocado que actúe con independencia del ciclo financiero de corto plazo, interviniendo cuando las circunstancias lo requieran, como aconteció con la pandemia, el estancamiento y la desocupación, contribuyendo a incrementar la demanda efectiva. Por otra parte, el ministro de Hacienda es miembro del Consejo, con derecho a voz, pero no a voto.

Esas críticas objetan la larga duración del periodo de sus consejeros, 10 años, con designaciones por pares alternados y la carencia de obligaciones de dar cuenta al Senado de sus políticas y acciones; de hecho, esto se cumple.



La observación más importante se refiere a que, según su ley orgánica, es responsabilidad del Banco la estabilidad financiera del país, la cual ha sido traducida en evitar la inflación, cuya meta máxima se fijó en un 3% anual. Sin embargo, este objetivo no incluye la estabilidad del tipo de cambio, que ha sufrido importantes oscilaciones en los últimos años, sin mayores intervenciones del Central, aunque es cierto que las normas que regulan las entradas y salidas externas de corto plazo no las fija el Banco. Estos flujos, con importante participación de las AFP, tienen una gran importancia en las variables macroeconómicas del país, porque uno de los elementos decisivos del crecimiento económico del país fue la expansión de las exportaciones, pero en los últimos decenios fueron perdiendo su contribución, empezando por el lento aumento de la inversión sectorial, ante la imposibilidad de calcular la rentabilidad de los proyectos de inversión, afectados por su variabilidad.

Si bien es cierta la dificultad de hacer políticas macro con dos objetivos simultáneos, baja inflación y alto tipo de cambio, no imposibilita a establecer márgenes para cada una, de manera de conservar la estabilidad financiera del país.

Este proyecto es un avance en la Modernización del Estado y se une a la de la Dirección Nacional del Registro Civil y al de Paridad de Género en los Directorios, aprobado por el Parlamento.

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